R.I.P. PDeCAT

Gobierno catalán en Bruselas

Si la confesión de Jordi Pujol significó la muerte de Convergència Democràtica de Catalunya, el Consell Nacional del pasado domingo para confeccionar las listas, cara al inminente ciclo electoral, extendió el certificado de defunción del PDeCat como formación destinada a sustituir el espacio postconvergente y que se presentará en todos los comicios con las siglas de Junts per Catalunya. Aunque formalmente la Crida Nacional per la República, el artefacto político diseñado por Carles Puigdemont para someter al PDeCat y ERC, no se presente a las elecciones, quienes figurarán en los puestos de salida de las candidaturas a las generales, municipales y europeas serán los miembros del PDeCat que la apoyaron.

Al modo napoleónico Puigdemont impuso su criterio, se autoproclamó candidato a la lista de Junts per Catalunya para el Parlamento Europeo y realizó una purga a fondo de los sectores posibilistas de la formación. No puede decirse que se trate de un desenlace inesperado. Puigdemont no perdonó que contra su opinión el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados apoyase la moción de censura de Sánchez contra Rajoy. Así, en el Congreso del PDeCat celebrado en julio pasado, obtuvo la cabeza de la coordinadora Marta Pascal quien había apoyado la moción de censura. No obstante, este Congreso se cerró en falso pues los sectores posibilistas conservaban importantes reductos de poder en diversos espacios institucionales. Ahora, manu militari, se ha consumado el control absoluto de Puigdemont sobre toda la representación institucional del partido.

Este movimiento estuvo preludiado por el 12 de febrero, cuando de votaba la admisión a trámite de los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, el president vicario Quim Torra envió a su jefe de gabinete Joan Ramon Casals con la misión de vencer las resistencias de diputados como Carles Campuzano o Jordi Xuclà y conminarles a votar en contra de las cuentas del Estado como una orden directa deTorra y Puigdemont que, como se ha demostrado ahora, es quien ejerce el verdadero poder. De esta manera se hacía caer a Sánchez y se corregía la decisión adoptada con motivo de la moción de censura.

Ahora bien, no deja de causar estupor la facilidad y la escasa resistencia con que Puigdemont ha impuesto sus criterios, lo cual exige alguna explicación. En primer lugar, el comportamiento de Puigdemont se inscribe en una larga tradición del nacionalismo catalán según la cual el presidente de la Generalitat concentra la legitimidad y la autoridad carismática del movimiento y en torno al cual se construye una suerte de culto a la personalidad. Así sucedió con Francesc Macià y con Lluís Companys, aunque en este caso después de su trágica muerte, que continuó con Josep Tarradellas y que culminó con Jordi Pujol. Este carácter autoritario de la presidencia de la Generalitat se evidenció en la llamada ley de transitoriedad, aprobada el 7 de septiembre de 2018 y suspendida por el Tribunal Constitucional, donde el president de la Generalitat tenía la facultad de elegir a los miembros del Tribunal Supremo de la República Catalana y de emitir decretos-ley que no podían ser recurridos ante ninguna instancia judicial. Ello suponía cuestionar la separación de poderes de las democracias liberales y confería al presidente atribuciones casi dictatoriales.

Por ello no deja de resultar paradójico que desde los medios independentistas se critique la escasa calidad de la democracia española y se afirme que la República catalana hubiera sido una democracia más avanzada. Eso sin contar con que, en el proyecto de Constitución elaborado por el ex juez Santi Vidal, se contemplaba la ilegalización de los partidos que se opusieran a la independencia y a la Constitución catalana, restringiendo notablemente el pluralismo político respecto al Estado español donde no es motivo de ilegalización de los partidos oponerse a la Constitución en vigor.

En segundo lugar, otra explicación de la facilidad con que Puigdemont se ha impuesto a los sectores moderados radica en la creciente frustración en las bases del movimiento independentista exasperados por el fracaso de la vía unilateral y por el desarrollo del juicio contra sus líderes presos. La estrategia de Puigdemont pasa por bloquear las instituciones españolas en el caso que su representación parlamentaria fuese decisiva para formar mayorías en las Cortes españolas. Es decir un posicionamiento radicalmente contrario a las viejas prácticas convergentes de sacar todo el partido posible de las situaciones de inestabilidad en las Cortes españolas (peix al cove) y que sigue ejerciendo con notable éxito el PNV.

En otro orden de cosas, la candidatura de Puigdemont al Parlamento Europeo comportará un duelo con Oriol Junqueras que también liderará la lista de ERC para determinar la fuerza hegemónica dentro del movimiento independentista. Aunque ni uno ni otro podrán tomar posesión del acta de eurodiputado. En esta pugna, en clave victimista, tiene las de ganar Junqueras pues mientras éste permanece en prisión preventiva, Puigdemont está instalado lujosamente en Waterloo. Justamente esta ordalía victimista explica que otros políticos presos del PDeCat como Josep Rull y Jordi Turull encabecen la lista por el Congreso de los Diputados por las circunscripciones de Tarragona y Lleida respectivamente o Quim Forn sea el cabeza de lista por la alcaldía de Barcelona, con el palmario objetivo que el victimismo les ayude a superar a ERC quien por su parte presentará a Raül Romeva por el Senado.

 

Recomposición del espacio independentista

El golpe de mano de Puigdemont propiciará la cohesión interna de los sectores fundamentalistas dentro del espacio postconvergente y busca atraer el voto de esos elementos que fueron votantes de ERC y CUP, pero al precio de incrementar su aislamiento tanto interno como externo. Así es muy probable que el PNV rechace repetir la candidatura Coalición por Europa formada por la antigua Convergència, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia, si en ésta figura Puigdemont como cabeza de cartel, lo cual le dejaría sin aliados en el ámbito español. De hecho las relaciones entre Puigdemont y Íñigo Urkullu están muy deterioradas tras la mediación fallida del lehendakari, como pudo apreciarse en su declaración como testigo en el juicio contra los líderes presos en las que responsabilizó a Puigdemont de romper el acuerdo de no aplicar el 155 si convocaba elecciones.

Por el contrario, ERC ha anunciado que ampliará sus pactos con Bildu y presumiblemente con BNG más allá de las europeas a las Cortes españolas. Unos acuerdos con los que persigue recoger gran parte de los votos a la CUP, que no concurrirá ni a las europeas ni a las legislativas españolas y que pueden resultar decisivos para alzarse con la hegemonía en su pugna con Puigdemont.

A nivel interno se observan tímidos movimientos cara a la reconstrucción del espacio catalanista no independentista como la reaparición de Josep Antonio Duran i Lleida, a raíz de la publicación de sus memorias, El riesgo de la verdad, y sus duras críticas al proceso secesionista. Asimismo los sectores moderados del PDeCat, como ha manifestado su portavoz in pectore, Carles Campuzano, esperarán el resultado del ciclo electoral para ver si se confirman unos malos resultados de Junts per Catalunya que les permitieran desplazar a Puigdemont del control del espacio postconvergente o si esto no fuera posible constituir una nueva formación.

En definitiva, la recomposición de las formaciones del independentismo catalán dependerá de dos factores. Por un lado, del resultado del ciclo electoral donde se dirimirá la interminable pugna hegemónica entre Junts per Catalunya y ERC, con el corolario que un mal resultado de Puigdemont precipitaría la implosión de este espacio y la eventual eclosión de una formación del catalanismo no independentista. Todo ello con el telón de fondo de la eventual disyuntiva en el Congreso de los Diputados en la que las fuerzas independentistas tuvieran que decantar la balanza entre el tripartito de derechas que exasperaría el conflicto catalán y un gobierno del PSOE.

Por otro lado, dependerá de la sentencia del juicio a los políticos independentistas que no se emitirá hasta después de finalizado el ciclo electoral. Sin posibilidad de aprobar los presupuestos de la Generalitat, si, como es previsible, la sentencia fuese condenatoria y dada la pésima relación entre Junts per Catalunya y ERC es muy probable que Torra, con el permiso de Puigdemont, decidiese convocar elecciones anticipadas. De este modo se buscaría rentabilizar la indignación de los votantes independentistas con la sentencia y acabar de dirimir en el Parlament de Catalunya la pugna por la hegemonía.

 

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