Prórroga procesista

Prórroga procesista

Las complejas negociaciones que han conducido a la presidencia de Pere Aragonès (ERC) apuntan a una legislatura previsiblemente de corta duración donde se prolongará la pugna por la hegemonía entre las dos formaciones mayoritarias del independentismo

El pasado viernes 21 de mayo, tras ocho meses de gobierno en funciones desde la inhabilitación de Quim Torra, y casi tres meses desde la celebración de las elecciones del 14 de febrero, Pere Aragonès fue investido presidente de la Generalitat con los 74 votos de las tres formaciones independentistas: Junts per Catalunya, ERC y CUP. La investidura se celebró prácticamente en el límite –fijado el 26 de mayo– para disolución del Parlament y la repetición automática de los comicios.

En la noche electoral se desató la euforia entre las formaciones independentistas. Ello a despecho de la baja participación (53,54%) y que el PSC fuese la fuerza más votada del país. Este entusiasmo se justificó por el hecho que las tres formaciones secesionistas ampliaban en cuatro escaños su mayoría absoluta, pero sobre todo por la espuria afirmación de que, por primera vez, se superó la barrera del 50% de los votos. Desde entonces, se ha ido instalando el mantra del “mandato del 52%”. Una cifra producto de sumar el 48%, obtenido por dichas formaciones, al 2,72% del PDeCAT, sin representación parlamentaria, y que aún así tampoco alcanza el cacareado 52%.

Este resultado parecía apuntar a una rápida formación del gobierno. Esa misma noche los dirigentes de Junts reconocieron la ajustada victoria de ERC que les superó en un diputado y 35.605 votos, asegurando que no pondrían obstáculos a la investidura de Aragonès. Esta impresión se vio reforzada por la elección como presidenta del Parlament de la cabeza de lista efectiva de Junts, Laura Borràs, imputada por delitos de corrupción, lo cual parecía dar crédito a la norma no escrita según la cual cuando Junts es la primera fuerza del bloque secesionista le corresponde la presidencia de la Generalitat y a ERC la del Parlament.

Pronto se comprobó que se trataba de una percepción engañosa. Por un lado, los postconvergentes consideran la presidencia de la Generalitat como un patrimonio inalienable; por otro, la escasa distancia entre ambas formaciones no cerraba la interminable pugna entre ambas por la hegemonía política del independentismo. De modo que, en el mayoritario sector puigdemontista de Junts, existía la fuerte tentación de repetir los comicios para intentar imponerse a ERC en una suerte de segunda vuelta.

Las largas negociaciones entre ambos socios y al mismo tiempo competidores disiparon las euforias de la noche electoral y han sido el marco en el cual la formación postconvergente ha impuesto sus condiciones a ERC, que previamente había firmado con la CUP un pacto de legislatura. El 26 y 30 de marzo, la abstención de Junts impidió que Aragonès obtuviese ni la mayoría absoluta, ni la simple y puso en marcha el contador para la eventual repetición de los comicios. El principal impedimento de la formación de la derecha independentista para negarle el apoyo a ERC radicó en la negativa a aceptar la tutela del Consell de República, organismo creado para mayor gloria de Puigdemont, que, además de dirigir la estrategia independentista, pretendía fijar la posición de los tres partidos secesionistas en el Congreso de los Diputados. También, por el acuerdo entre ERC y CUP, suscrito sin su concurso.

En principio, Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC y secretario general de Junts, actualmente cumpliendo la condena de 9 años por sedición, aseguró que si no se llegaba a un acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias del independentismo cederían gratuitamente sus votos a ERC para evitar la repetición electoral. Sin embargo, tras las fallidas sesiones de investidura, el mismo Sánchez restringió este apoyo a los cuatro diputados necesarios para que ERC, con los votos de la CUP, lograse en segunda vuelta la mayoría simple. Una postura desmentida por Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont, quien aseguró que Junts nunca había afirmado que daría sus votos gratuitamente a ERC. Sánchez se vio obligado a rectificar y declarar –contra todas las evidencias– que sus palabras habían sido malinterpretadas. Así las cosas, se dispararon las especulaciones sobre la repetición de los comicios y se pusieron de manifiesto las profundas diferencias en Junts entre los partidarios del gobierno de coalición y quienes, siguiendo las directrices de Waterloo, preferían repetir los comicios y volver a tirar los dados.

El pacto de las masías

El bloqueo de las negociaciones y la proximidad de la fecha límite condujeron a que Aragonés convocase el 8 de mayo a los medios de comunicación para asegurar enfáticamente que daba por rotas las conversaciones con Junts, mostrando su disposición irrevocable de gobernar en solitario y pactar con los Comunes. Entonces se abrieron las negociaciones entre ambas formaciones que parecían dar credibilidad a la “vía amplia” que ERC había propugnado durante la campaña electoral para integrar en su proyecto a esta formación autocalificada de “soberanista”.

Los Comunes, que no descartaron integrarse en el ejecutivo, presionaron al PSC para que, prestando los votos necesarios, diesen luz verde a esta alternativa. Aquí, por enésima ocasión, los Comunes dieron muestra de su característico pagafantismo político respecto a ERC, pues parecieron ignorar que, en realidad, estas negociaciones, estaban concebidas no tanto para obtener su apoyo, sino para presionar a Junts. Además, ERC cerró la estrecha rendija para lograr el concurso del PSC cuando se negó, como insinuó Salvador Illa al declarar que estaba dispuesto a hablar del tema, a solicitar el apoyo de los socialistas catalanes.

Días después, el 12 de mayo, la CUP se encargó de impedir esta remota posibilidad al convocar a Junts y ERC para forzar un pacto de gobierno del que salió un documento de mínimos como base de un posible acuerdo. Una maniobra que puso de relieve cómo los tachados de “antisistema” se apresuraban a salvar el “sistema”; también, cómo esta formación autodenominada “anticapitalista”, en la tesitura de elegir entre la izquierda española o la derecha catalana, optan siempre por la segunda; pues, entre la bandera y la clase, la CUP siempre se decanta por la bandera. Este movimiento precipitó que los Comunes rompiesen las negociaciones con ERC.

Dos hechos contribuyeron decisivamente a que en el fin de semana del 15 y 16 de mayo Sánchez y Aragonés realizasen una maratón negociadora donde se cerró el pacto llamado de las masías. Por un lado, las encuestas publicadas el fin de semana auguraban que, en caso de repetición electoral, se ampliaría la mayoría del PSC de 33 a una horquilla de entre 36 y 38 escaños, poniendo en peligro la mayoría absoluta independentista, así como que ERC obtendría entre cuatro cinco escaños de ventaja respecto a Junts. También por la concentración de la ANC que amenazó con retirar el apoyo a ambas formaciones si no llegaban a un acuerdo.

El éxito de la derecha independentista

El reparto de las consejerías ha puesto de relieve el éxito de la estrategia obstruccionista y chantajista de Junts. Especialmente, al obtener la cartera de Economía, que será la encargada de gestionar los fondos Covid de la Unión Europea y dispondrá del 60% de los presupuestos de la Generalitat. También ha socavado la autoridad de Aragonès, que ha debido desdecirse de su ultimátum y que ha acabado aceptando que el Consell per la República marque la estrategia independentista una vez éste se haya reconfigurado con la presencia de ERC, CUP y las dos organizaciones cívicas secesionistas, ANC y Òmnium. El objetivo central de ERC ha sido conseguir la presidencia de la Generalitat y a ello ha subordinado toda la negociación, mostrándose dispuesta a realizar todo tipo de concesiones.

En realidad, todo parece indicar que Junts busca desde dentro del gobierno provocar el desgaste y descrédito de ERC, tanto en el eje nacional como en el social, para volver a ostentar la hegemonía del movimiento independentista tras una legislatura que se prevé de corta duración. Junts ha pactado con ERC sin ningún entusiasmo y únicamente para evitar el previsible castigo en las urnas al ser percibido como el culpable de la repetición electoral. Otro factor que demuestra esta estrategia de Junts se revela en el hecho que dos dirigentes de la máxima confianza de Puigdemont como Elsa Artadi y Josep Rius hayan renunciado a formar parte del Govern.

En el eje nacional, existen profundas discrepancias respecto a la estrategia del movimiento independentista. Mientras ERC apuesta por la mesa del diálogo con el gobierno español, Junts, como la CUP, propugna continuar con la confrontación con el Estado dirigida desde Waterloo. ERC ha aceptado la exigencia de la CUP de limitar el tiempo de este diálogo a una duración de dos años, después del cual Aragonès se someterá a una cuestión de confianza que puede marcar el fin de la legislatura. Ello sin que se sepa cuál sería la vía a seguir cuando previsiblemente fracase esta negociación, ya que las condiciones planteadas por ERC –amnistía y autodeterminación– son inaceptables para el gobierno español, como han manifestado reiteradamente tanto Salvador Illa como Miquel Iceta, pero cuyo coste político será abonado íntegramente por ERC.

En el eje social, la designación por parte de Junts de Jaume Giró, ex alto ejecutivo de CaixaBank, revela la intención de la derecha independentista no solo de controlar las finanzas de la Generalitat, sino de boicotear el giro a la izquierda del movimiento independentista, suscrito en los acuerdos entre ERC y CUP y del cual hizo gala Aragonès en su discurso de investidura. Aunque aún sea pronto para realizar previsiones en este sentido, es muy probable que los Presupuestos elaborados por Giró sean imposibles de asumir por la CUP, lo cual podría provocar que, sin los apoyos suficientes para ser aprobados, se precipitase la disolución de la Cámara, atribuyendo las culpas de ello a la formación de la izquierda independentista.

Aquí se pone de manifiesto por enésima vez la grave confusión de las izquierdas independentistas que vinculan inseparablemente la liberación nacional y la emancipación social cuando, en realidad, en Catalunya la causa nacional ha sido utilizada desde los tiempos de Jordi Pujol como el más eficaz dique de contención frente a las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora. Así, como confesó el ex conseller Santi Vila, el giro independentista de la antigua Convergència se explica por la voluntad de ofrecer un relato alternativo e ilusionante a las clases medias catalanohablantes, base social del movimiento secesionista, castigadas por los recortes y las consecuencias de la crisis financiera y cuando la eclosión del 15M apuntaba a un cambio del eje de dominancia de la cuestión nacional a la social que les hubiera desalojado del poder.

Una de las consecuencias más notables del proceso soberanista ha sido que Convergència y sus diversos avatares han retenido el poder en Catalunya. Incluso, ahora cuando en el Parlament existe una amplia mayoría de izquierdas.

¿Mandato postprocesista?

El fracaso de la vía unilateral a la independencia, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el encarcelamiento y huida de los líderes secesionistas, marcó objetivamente el final del proceso soberanista. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo desde el punto de vista subjetivo, en la medida que gran parte de sus bases sociales continúan anclados en esta perspectiva.

Esta legislatura, que se prevé de corta duración, podría mostrar los últimos estertores del denominado procesismo. Uno de los factores esenciales de éste ha sido la unidad entre las fuerzas secesionistas más allá de sus diferencias en el eje social. Ahora, esta unidad cada vez más precaria podría saltar en mil pedazos tanto por las discrepancias en la estrategia a seguir en el eje nacional como por la contradicción, aparentemente insalvable, de que la política económica de un gobierno necesitado del apoyo parlamentario de la CUP esté dirigida por quien procede de la principal entidad financiera del país.

Por otro lado y en sentido contrario, mientras las formaciones independentistas continúen ostentando el control de las instituciones de autogobierno y singularmente de los medios de comunicación públicos de la Generalitat no podrá afirmarse el fin del proceso soberanista, al menos desde el punto de vista subjetivo.

Ciertamente Aragonès, a diferencia de Quim Torra, no será el president vicario de Puigdemont, pero no podrá evitar que éste le dispute la dirección simbólica del movimiento independentista y que le pase todas las facturas tras el previsible fracaso de la mesa de diálogo. Tampoco podrá disponer del control de los fondos europeos, que constituía una de las principales bazas de su presidencia. En cualquier caso, el flamante ejecutivo significa una prórroga de las numerosas contradicciones acumuladas en el interior del movimiento independentista tanto en el eje nacional como en el social.

 

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