El Ingreso Mínimo Vital y los que se están quedando atrás

Ingreso Mínimo Vital

El pasado 4 de septiembre, tras un encuentro de la mesa tripartita para hablar de los ERTE, los medios inquirieron al ministro de Seguridad social, Inclusión y Migraciones por el Ingreso Mínimo Vital. La materialización de esta medida, que hace solo tres meses era presentada como un avance histórico en la consecución de los derechos sociales, tal como la anunció el compañero de gobierno de Escrivá y viceministro Pablo Iglesias, ha adquirido durante el verano un cariz bien distinto al revelarse la lentitud en su implementación.

Las disfuncionalidades que vienen denunciado en los últimos meses sindicatos, colectivos y periodistas ha sido admitido hasta cierto punto por sus impulsores. Escrivá no escondía el viernes el desborde del Instituto Nacional de la Seguridad Socia (INSS) ante los periodistas, achacándolo a la avalancha de solicitudes. Dos días antes, Iglesias manifestaba su preocupación por la situación y defendía mecanismos para agilizar las tramitaciones.

En su intervención del viernes el ministro Escrivá, hablaba de unas 800.000 solicitudes, de las cuales habría unas 80.000 aprobadas, contando las 74.000 que se aprobaron de oficio. Las más de 700.000 personas que siguen pendientes, encaran un otoño preocupante para todos, desde la intemperie material. Mientras sube el número de positivos, el debate sobre la vuelta segura al cole atraviesa la ciudadanía y gobierno y agentes sociales debaten la continuidad de los ERTE con un desempleo récord de fondo, miles de personas miran una y otra vez su correo electrónico, su cuenta corriente, la página de seguimiento de su solicitud, intentando averiguar cuánto les falta para recibir ingresos, si es que los recibirán.

“A algunos se lo han denegado y no se sabe muy bien por qué, hay otros que siguen sin respuesta, otros que se lo han aprobado pero cobran igual 20 euros, otros que cobran 150 y tienen tres hijos”, explica Joaquín García Martín, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro. Para García Martín es muy grave la carencia de información más clara, quedando la gente en cierta indefensión. “En la misma notificación que les manda la seguridad social denegando o aprobando la solicitud, podrían especificar un poco más. Si la aprueban de dónde sale la cantidad que han fijado. Podrían explicar un poco qué ingresos has tenido para llegar a la conclusión de que solo te corresponden 60€. O en caso de denegación, hay veces que simplemente ponen: no cumple los requisitos”.

La organización de García Martín estuvo al origen de las primeras cifras que se hicieron públicas tras semanas de silencio, mediante una pregunta al Ministerio. Cuando obtuvieron los números, a mediados de agosto, la preocupación se extendió. En casi dos meses se habían aprobado menos de un 1 % de las solicitudes. Según los últimos datos de los que se dispone, la respuesta se ha acelerado y se ha ido aumentando el ritmo de tramitaciones. Pero queda algo más de una semana para el 15 de septiembre y el tiempo se agota. Miles de personas temen que el silencio administrativo saque sus solicitudes de la carrera y tengan que volver a empezar. A la dificultad de que entre en estudio, a la gesta de que sea aprobado, le sigue la incertidumbre sobre cuándo se abonarán. “Dicen que hasta finales de septiembre no va a haber más información, nos encontramos con muchas dudas. Por ejemplo de las solicitudes aprobadas no saben muy bien cuándo se van a cobrar”, resume García Martín.

Con 12 millones de personas en riesgo de exclusión, según el informe del Estado de la Pobreza del año pasado, el gobierno había afirmado que el IMV, destinado a acabar con la pobreza severa, cubriría a 850.000 familias, lo que los críticos consideraba muy limitado. En su rueda de prensa Escrivá justificaba el retraso por haber recibido hasta 850.000 solicitudes. Algo que calificaba como “una avalancha” que le obligaría a hacer “algunos ajustes”. Sin embargo la cifra de solicitudes no es tan descabellada, en todo caso no es muy lejana a lo que se proponía desde el mismo gobierno.

Para Marta Sánchez de Ron, de la Marea Básica contra el paro y la precariedad, el gobierno ya tenía que saber que esto iba a pasar. En todo caso, encuentra intolerable la situación a la que se está a tres meses de la aprobación de la medida: “Son prestaciones que las llaman de emergencia, que la han celebrado como tales y que ya estamos viendo a cuánta gente cubre”. Tanto Sánchez de Ron como García Martín señalan lo que consideran una contradicción grande: que los datos a tener en cuenta sean los de 2019. Mientras a la primera le preocupa que la medida no sirva para todas las personas que han llegado sin recursos a septiembre tras un verano carente de trabajos en la hostelería y el turismo, sectores de los que dependen muchas personas precarias, el segundo recuerda que ganar 6.000 o 7.000€ durante el año pasado, no implica estar bien económicamente este año, y que son los últimos meses los que deberían contabilizarse.

Juan Viera, integrante del Campamento Dignidad y también de Marea Básica, ha pasado la última semana en concentraciones en distintos puntos de Extremadura, desde la sede de la seguridad social, hasta el SEPE, los activistas a favor de la Renta Básica han querido denunciar los limites de un Ingreso Mínimo Vital que no llega, en unas protestas que culminarán en la concentración que la red estatal ha convocado el próximo 15 de septiembre y en la que exigirán, entre otras medidas, que se materialice el Ingreso Mínimo Vital y que se apueste por una renta básica universal de emergencia, sin condiciones.

“La gente habla de que lo vamos a pasar mal, pero creo que no han tomado conciencia todavía de hacia dónde vamos y la situación en la que estamos”, se preocupa Viera, quien relata que no están siendo fáciles las movilizaciones. El activista apunta que hay mucha desesperación, que cada vez son más quienes llaman para conseguir alimentos. Además, explica, “la gente no diferencia lo que es una renta básica de emergencia de lo que es el mínimo vital, lo que quieren es recibir un ingreso. Nosotros estamos en la tarea de concienciar en que hay que movilizarse por una renta básica”. La renta básica de emergencia que defiende la marea es incondicional, universal e igual al umbral de la pobreza.

Para Marea Básica la incondicionalidad de este ingreso es central, pues considera que las condiciones y requistos impuestos para acceder al IMV están constituyendo una barrera que aleja a la gente de reclamar sus derechos. Perciben cómo las personas desisten de acudir a la administración y, en definitiva, son victimizadas por un colapso burocrático que las recluye en la falta de ingresos. Viera piensa que no es fácil que la gente se movilice en estos momentos, pero sí que ve potencial en la articulación con otros movimientos ya activos en el ámbito de la educación, la sanidad o el antifascismo.

En la Asociación de Víctimas del Paro no van tan lejos. Desconfían de la Renta Básica porque consideran que no corresponde dar dinero a quienes ya tienen ingresos y además entienden que si las personas reciben dinero del estado deben de dar algo en retorno. También se resisten a manifestarse, aunque llegaron a cuestionarse si pedir la dimisión del Ministro Escrivá, iniciativa que desestimaron: “Aunque el IMV lo están gestionando muy mal al menos lo han aprobado. Sin este gobierno probablemente no tendríamos este IMV.  La parte positiva es que sabiendo que se están haciendo mal las cosas hay muchas formas de mejorarlo: quitar requisitos, quitar trámites y hacer que realmente llegue a las 850.000 familias”, explica García Martín.

El presidente de la Asociación Víctimas del Paro piensa que el IMV es como una receta, a la primera puede salir mal pero si te das cuenta a tiempo puedes añadir ingredientes que te faltan en el guiso y hacer un buen plato. Mientras insiste a los chef de esta medida de que aligeren las trabas burocráticas, de que tengan en cuenta la situación actual de quienes demandan la ayuda, a muchos y a muchas ya se les ha indigestado el menú. García Martín administra un grupo de facebook donde gente diversa explica por qué le han denegado el subsidio, y se desahoga por la lentitud con la que se desarrollan los trámites. Hay mucha crispación: gente con hijos a cargo que no han tenido acceso al subsidio. Gente que afirma haber recibido una notificación en el móvil con una resolución positiva mientras que por mail se les comunicaba que su solicitud había sido denegada. Gente intentando averiguar por qué se habría quedado fuera, ante la falta de justifiación de las notificaciones de denegación.

El ensañamiento burocrático es visible: mucha petición de documentos, algunos difíciles de encontrar y enviar como las sentencias completas de divorcio. Una mujer cuenta cómo ha tenido que enviar una a una las páginas de su sentencia y los más de 50€ que le ha costado la broma. “Se inventan cualquier excusa para no darnos dinero”, resume una usuaria una sensación que parece compartida. Y luego están las cartas que muchos recibieron la semana pasada.

Son dos. En la primera se comunica al destinatario de que se ha descubierto que es administrador de una entidad mercantil. En la segunda, se les avisa de que superan los límites patrimoniales por lo que no pueden ser catalogados población vulnerable. Son numerosas las personas que niegan ambos extremos: gente que declara que no tiene empresas y si las ha tenido ha sido hace muchos años y han tenido que cerrarlas, gente que ha sido autónoma y se ve considerada como empresaria. Respecto a la cuestión patrimonial, son muchos quienes pretenden reclamar al considerar que no cuentan con un patrimonio que les preserve de la pobreza. Pero nadie sabe muy bien cómo reclamar. Mientras unas y otras maldicen las gestión de la ayuda, la plataforma pedirayuda.com, mantiene la hipótesis de que con las cartas el INSS evita el silencio administrativo y gana tiempo.

En junio, el presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós, comparecía en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso para explicar cómo los subsidios condicionados dejaban a mucha gente fuera: “Siempre que trazamos una línea para dividir a las personas ‘merecedoras’ y ‘no merecedoras’ de los subsidios condicionados como es el caso del Ingreso Mínimo Vital, se pueden cometer dos tipos de errores. El primer tipo de error es el falso positivo que se comete cuando alguien pasa la prueba y no debería haberlo hecho. El segundo tipo de error es el falso negativo que se realiza cuando alguien falla la prueba y debería haberla pasado”. Tres meses después, con las cifras sobre la mesa, parece poco probable que se haya incurrido en el primer error, sin embargo pareciera que se está incurriendo sistemáticamente en el segundo.

También señalaba Raventós en aquella intervención los “costes administrativos inmensos de los subsidios condicionados”. Unos costes que el Ministerio no habría querido asumir reforzando la plantilla del INSS y que habría externalizado a través de Tragsa, la empresa elegida en verano para agilizar el proceso y cuya labor ha sido cuestionada. En primer lugar por no poder validar expedientes, y en segundo lugar, según denunciaba El Plural, por obligar a sus trabajadores y trabajadoras a clasificar como pendientes de completar, expedientes que estaban bien cumplimentados y preparados para ser aprobados.

García Moreno piensa que la ralentización en la aprobación tiene que ver con que no hay presupuesto suficiente y se pregunta qué pasa con los 3.000 millones de euros comprometidos y para cuantos años se prevén. Desde la Marea Básica ya señalaron que los 500 millones de euros que aparecieron finalmente presupuestados para el IMV cuando se publicó en el BOE serían insuficientes. Para colmo, señala Sánchez de Ron, el rol de las Comunidades Autónomas está siendo aún peor del que esperaban, pues, en lugar de complementar el IMV para llegar al umbral de la pobreza, como recuerda apunta la Carta Social Europea, están protagonizando problemas de coordinación y haciendo requerimientos que en algunos casos —como en la Comunidad de Madrid— amenazan con dejar a los beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sin ayuda hasta que consigan el IMV.

Si se le pregunta a Sánchez de Ron cómo defender una Renta Básica de emergencia en plena crisis económica, qué posibilidad de llegada tiene este reclamo, la activista contesta con contundencia: “Hemos tenido más millones para autopistas que para ingresos mínimos. ¿Hablamos de millones evadidados? ¿Hablamos de corruptelas monárquicas?. ¿A dónde se nos van los dineros? Está ahí bien instalado el discurso contra ‘el que quiere chupar de papá estado’. Pero a mi me gustaría dejar claro que a papá estado le mantenemos entre todas y se ha convertido en un papá corrupto, que gasta por todos los lados y que a nosotras nos tiene desprotegidas. Así que si esto es papá estado, ¡vaya padre tenemos!”, concluye.

Mientras, miles de personas, miran una vez más sus correos y sus móviles, la página web donde su solicitud del IMV sigue en estudio, esperando merecer sobrevivir.

 

Artículo publicado originalmente en El Salto.

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