“El Gobierno, dispuesto a todo para impedir el referéndum”, así titulaba su portada del jueves 25 de mayo el diario El País, incluyendo a continuación el siguiente subtítulo: “El Ejecutivo asegura que hará uso de cualquier instrumento a su alcance para evitar el coste de imagen mundial de la presencia de urnas en Cataluña”.
Nos encontramos así, en curiosa paradoja, con que la preocupación del gobierno respecto a la demanda de referéndum desde Catalunya consiste en “evitar el coste de imagen mundial” que podría suponer el hecho de que puedan ponerse urnas en esa Comunidad antes de finales de este año. Algo que esperemos habrá sorprendido a más de un lector o lectora ya que, pese a que estamos en tiempos de despotismo oligárquico, todavía parece de sentido común pensar que no hay nada tan pacífico y democrático como el recurso al voto para dirimir un conflicto.
¿Será posible que hayamos llegado hasta tal grado de “postverdad” que, en lugar de reconocer que ese “coste de imagen mundial” está aumentando cada día por la inagotable lista de escándalos de corrupción que afecta a un PP calificado por más de un juez como “organización criminal”, sea una convocatoria a las urnas la que pretendan Rajoy y compañía convertir en el problema central de la sociedad española y de Europa?
Que se haya llegado a este punto crítico de la confrontación entre el gobierno, por un lado, y la mayoría del Parlament y de la sociedad catalana, por otro, confirma definitivamente que hemos entrado en la fase decisiva del conflicto que desde al menos julio de 2010 (con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Nou Estatut) no ha hecho más que agravarse. Desde entonces se ha ido consolidando en Catalunya un movimiento ciudadano enormemente plural que reivindica su reconocimiento como sujeto político con capacidad para ejercer el derecho a decidir su futuro. La consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014, pese a las trabas legales con que tuvo que enfrentarse, fue suficiente demostración de una voluntad democrática que, sin embargo, continúa chocando con el fundamentalismo constitucional de un nacionalismo español empeñado en no querer sacar las lecciones de lo ocurrido en otros lugares como Quebec o Escocia.
Cuando la decisión de la #Desconexion de #Catalunya pilla al Gobierno de #Rajoy, #Morenes y #FdezDíaz a trasmano… pic.twitter.com/RbpjEAfTyw
— Nadiesperfecto (@Matraqueitor) 9 de noviembre de 2015
Es cierto que durante estos últimos años se han sucedido también dentro de Catalunya diferentes momentos críticos y que no han faltado tensiones entre sus distintos actores sociales y políticos respecto a cómo ir avanzando –o no- en la reivindicación del derecho a decidir y a la independencia, así como en la articulación entre esa demanda y la lucha contra las políticas austeritarias que también han sido aplicadas por el govern de la Generalitat. Por no hablar de la necesidad de seguir denunciando la corrupción que sigue afectando al partido que fue una de las piezas básicas del régimen y que hoy se encuentra a la deriva de una dinámica que le ha enajenado incluso apoyos entre la burguesía catalana.
Con todo, más allá de esas tensiones es innegable que persiste un amplio apoyo mayoritario y societario a favor del derecho a decidir sobre la independencia o no de Catalunya. El amplio consenso conseguido por el Pacte Nacional pel Referéndum viene a confirmarlo una vez más. Un referéndum que sería deseable que fuera legal –y, por tanto, pactado con el gobierno español-, reconocido internacionalmente y con todos los efectos jurídicos. El problema está en que la negativa de Rajoy y su partido a dialogar y negociar ese referéndum hace imposible pensar en ese escenario ideal.
Como estamos comprobando estos días, lo único que está en discusión en el seno del PP es cuál de las vías legales puede llegar a ser la menos costosa para impedir la celebración de ese referéndum. En un artículo de Daniel Ríos, por ejemplo, publicado en www.infolibre.es se mencionan 5 posibles fórmulas: la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional; la acción de la fiscalía contra los convocantes; la sanción con multas o la suspensión al president de la Generalitat; la acción directa del Tribunal Constitucional o, en fin, la aplicación del artículo 155 de la Constitución 1/, ya reclamada desde hace tiempo por distintas instancias, medios y personajes, desde José María Aznar hasta Juan Luis Cebrián.
Cualquiera de esas medidas, pero sobre todo la última, podría generar una dinámica en la que se correría el riesgo de entrar, como ha recordado Martí Caussa 2/, en el anunciado “choque de legalidades” en el cual la relación de fuerzas, aun siendo favorable a Rajoy, probablemente no impediría una respuesta desobediente y masiva desde Catalunya. ¿A qué escenario nos conduciría ese choque? Muchas son las especulaciones no faltando las comparaciones con el “juego del gallina” (popularizado por la famosa película Rebelde sin causa) o, más recientemente, con el cuento El buitre, de Franz Kafka 3/:como se sabe, en el primero, dos coches compiten en una carrera hacia el abismo vigilándose para ver quién se desvía antes para no caer; en el segundo, los dos protagonistas acaban devorándose mutuamente.
Ambos escenarios no son precisamente esperanzadores. En cualquier caso, fuera cual fuera el resultado, ya nada sería como antes y la “desconexión” de facto –aunque no de iure mientras no se logre un reconocimiento internacional- entre una mayoría de la sociedad catalana, por un lado, y el Estado español, por otro, sería un hecho difícilmente reversible.
Por eso mismo desde fuera de Catalunya no podemos mantenernos indiferentes ante cuál vaya a ser el desenlace de ese conflicto. Con mayor razón cuando es evidente que la demanda democrática que viene de Catalunya ha abierto una grieta muy profunda en el régimen que o bien se resuelve democráticamente o, por el contrario, puede conducir a un cierre en falso represivo que reforzaría al PP y debilitaría a las fuerzas dispuestas a echarle de la Moncloa lo más pronto posible.
Esto es algo que tiene muy claro Rajoy, firmemente decidido a desviar la atención política de su calvario judicial y de la moción de censura presentada por Unidos Podemos para centrarla en la reactivación de su electorado frente al “enemigo interno”, el catalanismo independentista. A esa estrategia quiere arrastrar a una mayoría de la sociedad española pese a que ésta, si bien no apoya hoy por hoy el derecho a decidir de Catalunya, tampoco en los sondeos que se han podido hacer públicos parece mostrarse favorable al recurso a la fuerza para impedirlo.
Frente a esa estrategia de confrontación el apoyo de Pablo Iglesias a la posibilidad de que desde Catalunya se convoque una consulta unilateral como respuesta democrática frente a la cerrazón del gobierno es una buena noticia. El reelegido Secretario General del PSOE, en cambio, parece encontrarse en una difícil tesitura, ya que si por un lado trata de marcar distancias respecto al PP con su defensa de la “plurinacionalidad” (pese a que la limita a la manida fórmula de “Nación de naciones”) y la propuesta de una reforma constitucional federal, por otro corre el riesgo de aparecer identificado con Rajoy con su apoyo a la prohibición de la consulta.
Mejor sería que Pedro Sánchez prestara atención a quienes desde sus propias filas –no sólo del PS catalán- le han apoyado en las recientes primarias internas y apuestan por encontrar vías democráticas que eviten el tan anunciado “choque de trenes”. Ése es el caso de José Antonio Pérez Tapias, quien ya en 2013 escribía que “a estas alturas ‘el peaje del referéndum’ es tarde o temprano insoslayable, con lo cual toda esta cuestión nos lleva a tener que afrontar con lucidez, generosidad y coraje político el reconocimiento de soberanía que el mismo derecho a decidir está poniendo en juego. Después de todo, afrontar eso sin miedo es clave para avanzar hacia un Estado federal plurinacional” 4/.
También otros como el diputado Odón Elorza y Manuel Escudero, responsable de la Ponencia Económica en el equipo de Sánchez, han sugerido una “tercera vía” 5/ que apunta a la elaboración de una Ley de Claridad que a partir del “pronunciamiento de una mayoría reforzada del parlament de Catalunya a favor de una consulta pactada” obligue a las Cortes a aceptarla y a abrir el proceso de negociación para llevarla a cabo. Una propuesta que, en el caso de que el Secretario General del PSOE estuviera dispuesto a acompañarla con una moción de censura contra Rajoy, quizás todavía llegara a tiempo para el freno de emergencia antes del choque.
Empero, sabemos que los obstáculos para que cualquier proceso de diálogo y negociación se abra paso desde Madrid son muchos, ya que la defensa de la “unidad de España” forma parte del ADN del régimen. El PSOE ha sido el pilar principal del mismo, por lo que sólo una ruptura radical con su propio pasado podría conducirle, si hubiera voluntad política para ello, a un reconocimiento consecuente de la realidad plurinacional dentro de este Estado. Entonces sí, los editorialistas de El País, Rajoy y toda la “Brunete mediática” acertarían y nos encontraríamos con el “Brexit del PSOE”. Por desgracia, no parece que eso vaya a ocurrir y nos seguiremos encontrando, por tanto, con que este partido, pese al resultado de las primarias, se mantendrá maniatado por su dependencia del relato de una “Gran Nación” asociado a una mitificada Transición que ya no se sostiene no sólo en Catalunya sino en otras partes del Estado y, en particular, entre las nuevas generaciones.
Corresponde, por tanto, a Unidos Podemos-En Comù Podem y En Marea asumir con todas las consecuencias la defensa del derecho a decidir de Catalunya como única vía posible para reconstruir, desde la libertad, la igualdad y la solidaridad, nuevos marcos de relación entre todos los pueblos del Estado español. Una tarea que no sólo ha de plantearse en el ámbito institucional, y ahora con la moción de censura, sino también junto con movimientos sociales que, como las Marchas de la Dignidad, se han manifestado este 27 de mayo exigiendo “pan, trabajo y techo” pero también “igualdad, autodeterminación y dignidad”.
Notas
1/ “Art. 155.1.: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimient6o al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”
2/ Caussa, Martí, “¿Se prepara un golpe de Estado en Catalnya?”, viento sur, 23/05/2017.
3/ Ramoneda, Josep, “Lligats pel referéndum”, El País, 26/05/2017.
4/ Pérez Tapias, J. A., Invitación al federalismo. España y las razones para un Estado plurinacional, Madrid, Trotta, 2013, p. 81.
5/ Elorza, Odón y Escudero, Manuel, “De la confrontación al diálogo: por una Ley de Claridad para España”, El País, 23/07/2015.
Artículo publicado originalmente en Viento Sur
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