Una derecha peligrosa

En el Reino de España hay una derecha tricéfala sin parangón en la Unión Europea. Una derecha sucesora y heredera del franquismo formada por el muy conservador Partido Popular, el equívoco Ciudadanos (que cuando nació simuló ser partido de ‘centro’ progresista) y el franquista Vox. Una derecha necia (de necio, nescire: ignorar, no saber) que defiende los intereses de la minoría rica. Así lo demuestra una de las primera decisiones del recién formado gobierno derechista andaluz: suprimir de hecho el impuesto de sucesiones. O, dicho de otro modo, regalar unos 400 millones de euros a los ricos que hereden en Andalucía; millones que las arcas públicas regionales dejarán de recaudar. Pero, como la regulación fiscal de las herencias es estatal y no regional, la trampa del gobierno andaluz conservador, para servir a sus señoritos ricos, ha sido conceder una bonificación que permite descontar el 99% del impuesto a pagar por heredar. Es decir que, de hecho, lo suprime. Al servicio de quien están lo demuestra que la medida solo beneficia a unos 20.000 ciudadanos andaluces que hereden, la minoría poseedora de grandes patrimonios en una población de ocho millones y medio.

Faltar a la verdad

Además de defender los intereses de los ricos, el Partido Popular recurre de nuevo a la falacia de insinuar que hubo una conspiración contra el PP en el peor atentado terrorista de España: el 11-M. Pablo Casado ha osado decir que las víctimas merecen saber la “verdad”. ¿Qué verdad? La verdad es que tres años después de que la Audiencia Nacional condenara a los responsables de aquel atroz atentado, sin dejar el menor resquicio de duda al respecto, seguir con esa miserable falsedad es injuriar la memoria de las 192 personas que murieron en el atentado más sangriento perpetrado en España.

Pero no ha de sorprender, porque el líder del PP falta a la verdad con frecuencia. Pretende haber conseguido el adelanto electoral porque el PP se opuso a los presupuestos del gobierno Sánchez y así forzó a éste a disolver el Congreso. Olvida Casado (o no sabe restar) que los presupuestos se hubieran aprobado, incluso con el voto en contra del PP y Ciudadanos, pero que quienes los tumbaron fueron los partidos independentistas catalanes al votar en contra. Casado insiste, sin aportar dato ni hecho alguno, que el gobierno de Sánchez ha firmado no se sabe qué secretos pactos con los partidos catalanes independentistas. Y también falta a la verdad al atribuir a la no demasiado nutrida concentración de las tres derechas en la Plaza Colón de Madrid el fin de la negociación del Gobierno español con el gobierno de Cataluña. Falso. Dos días antes de esa concentración, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, anunció que se había roto el diálogo con los independentistas.

Propiciando el aumento del independentismo

Casado sostiene también que el Gobierno “ha acercado los presos catalanes a la cárcel de Lledoners” como sospechosa concesión a los independentistas. Pero no ha sido el gobierno sino el juez instructor del caso del referendo del 1-0, Pablo Llarena, quien dictó una providencia que argumentaba que “no hay razón procesal que lleve la custodia de los procesados a un centro penitenciario concreto“. Tras el dictamen judicial, Instituciones Penitenciarias trasladó a los presos, aplicando la norma penitenciaria que indica que los encarcelados han de estar lo más cerca posible de su ambiente personal y familiar habitual .

Lo paradójico en este conflicto es que el independentismo catalán creció con el gobierno de Rajoy , teniendo el PP mayoría absoluta en el Congreso. Y, gobernando el PP, los independentistas han logrado tener mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. Lo que invita a concluir que el mayor promotor de facto del aumento de independentistas en Cataluña pudiera ser el PP. Mirando fechas y porcentajes de independentistas, los partidarios de la independencia de Cataluña aumentaron exponencialmente tras el recurso del PP presentó al Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatut de Catalunya (que el Congreso aprobó sin problemas) y la consiguiente sentencia del Tribunal recortando competencias de autogobierno entre las que, curiosamente, algunas están vigentes en los estatutos de autonomía de Valencia y Andalucía sin que nadie haya protestado y, menos aún, recurrido. Antes de esa sentencia, los partidarios de la independencia de Cataluña nunca consiguieron superar el 10% cuanto más, pero hoy son del 45 al 48%. Parece claro quién habría provocado el aumento del independentismo.

Dialogo o represión, no hay otra

Sobre el conflicto catalán, The Economist ha criticado en editorial la decisión de PP y Ciudadanos de ir incluso más allá que el centralista y ultraderechista Vox. El semanario británico asegura que la política de represión y recorte del autogobierno (que eso es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que reclaman con insistencia esos partidos) “aumentará los partidarios de la independencia”. La cuestión con datos y cifras es que si un 45% es independentista, algo habrá que hacer para buscar una solución política. ¿O acaso pretenden las derechas resolver la situación con control y represión constantes del 45% partidario de la independencia?

En Irlanda del Norte, tras años de matarse unos a otros, católicos y protestantes se sentaron a dialogar, a negociar. El resultado fue que acordaron gobernar conjuntamente ese país y que la violencia sistemática finalizara. Irlanda del Norte se normalizó. En el conflicto catalán se parte de mejor posición, más positiva, pues, por más que la Fiscalía pretenda, en el llamado juicio al Procés, que hubo rebelión porque hubo violencia, ha sido la propia Europa la que lo ha desmentido con argumentos jurídicos al negar la extradición de Carles Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat de Catalunya, huido a Bruselas y arrestado en Alemania.

Y, siguiendo con la radiografía de la derecha hispánica, nos encontramos con un hecho inquietante que se refiere a la actuación política por la igualdad de mujeres y hombres. Vox ha pedido a la Junta de Andalucía datos de empresas, empleados y ONG que trabajan contra la violencia machista en esa comunidad autónoma. Vox pide información de los empleados que evalúan los casos de violencia de género y, aunque no reclama nombres porque el Parlamento andaluz no los puede facilitar por la vigente protección de datos, Vox exige perfil profesional, categoría laboral y número de colegiación de esos empleados. ¿Para qué quiere Vox esos datos?

¿Listas negras?

Francisco Serrano, presidente del grupo Vox en el parlamento andaluz, pretende, sin aportar dato alguno, que los empleados que trabajan para la Consejerías de Justicia e Igualdad contra la violencia machista no están cualificados y los acusa de elaborar informes ideológicos. Como le ocurre al buen burgués de la comedia de Molière El burgués gentilhombre, que no sabía que él hablaba en prosa, Vox tampoco sabe que acusar de ‘ideológico’ un informe es absurdo. Pues, salvo que estés muerto, la actividad humana es ideológica. Así lo afirma la Real Academia de la Lengua Española que define ideología como conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época. ¿Acaso se puede actuar sin ideas? Tal vez la derecha sí, pero no el resto. ¿Qué busca Vox con esa petición de datos de la gente que trabaja contra la violencia machista? ¿Maccartismo español con listas negras? Sería muy grave y más aún cuando PP y Ciudadanos callan ante la petición de Vox.

Es evidente, notorio y más allá de cualquier duda que la española es una las peores derechas de Europa. Algo habrá qué hacer.

Artículo publicado originalmente en el blog ¡Por razones!» https://xacata.wordpress.com/2019/03/22/una-derecha-peligrosa/ 
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