Realidad y representación en la economía española

Desde los tiempos de Platón han sido mucho los pensadores que han mantenido una visión dualista del ente. De una u otra manera, han distinguido entre un mundo ideal, de la representación, y otro de lo contingente, de los hechos, de la realidad; aunque una gran parte de ellos, comenzando por el propio Platón, han considerado que el verdaderamente real es el de la representación.

Casi todos los políticos, especialmente cuando están en el gobierno, caen en ese dualismo. Frente al mundo real, construyen otro ficticio, ilusorio, basado en la publicidad y en la propaganda. Pero pocos como Pedro Sánchez han empleado con tanta intensidad esta táctica. Su objetivo número uno es crear un relato imaginario, fabulado, con el que ocultar la realidad que él mismo va construyendo, pero que apesta en el aspecto político, y que en el económico presenta todo tipo de agujeros, lacras y paredes tambaleantes. Necesita, por lo tanto, pintar un escenario diferente, una meta realidad que pueda hacer pasar por la verdadera.

Pedro Sánchez huye de las malas noticias. Solo aparece para dar buenas nuevas o lo que él considera tales o que puede hacer creer a la gente que lo son. Cuenta a su favor con la sociedad de los tuits y de los titulares en la que nada se profundiza y todo puede distorsionarse. No esperemos, por tanto, que él y sus ministros hablen claro del estado de la economía, más bien intentarán ocultar la realidad y pintar un escenario rosa, halagüeño, casi idílico, muy distinto de los hechos y de los datos. Por ello, para conocer la verdadera situación es preciso transcender la representación, desprenderse del escenario y centrarse exclusivamente en las cifras. Estas son mostrencas y difíciles de ocultar, por mucho empeño que se ponga en distorsionarlas.

Me temo que este artículo va a ser aburrido, tedioso, lleno de porcentajes y de números, pero es la única manera de perforar la cubierta de ilusión con la que quieren recubrir los hechos. Con toda seguridad este año tendremos que escuchar reiteradamente que España es el país miembro de la Eurozona que más está creciendo y que al final de 2021 presentará un incremento del PIB de los más altos de Europa. Es muy posible que vaya a ser así, pero para no engañarse hay que añadir inmediatamente que todo incremento está referido a un punto de partida. Si España va a crecer en 2021 más que el resto de los países, es porque en 2020 la economía española ha sido la que más se ha desplomado de toda la Eurozona (un 11%), más incluso que la de Grecia (10%) y la de Portugal (7,6%).

Y no solo de la Eurozona, sino que nuestro país está a la cabeza de los 37 estados miembros de la OCDE en el triste récord, según las proyecciones macroeconómicas que ha publicado hace unos días esta institución, de haber padecido en el 2020 la tasa más negativa del PIB. Pocos datos tan adversos como este, por ello hay que ocultar la realidad con la representación. De ahí que el Gobierno y los medios de comunicación sanchistas, seguidos con cierta ingenuidad por casi todo el resto, en lugar de resaltar lo que era la verdadera noticia, se hayan fijado exclusivamente en que la OCDE elevaba para 2021 la previsión de crecimiento de la economía de nuestro país en unas cuantas décimas.

Es bien sabido que esta crisis es atípica. No obedece en principio ni a una caída autónoma de la oferta ni de la demanda. Es una crisis forzada por decisiones administrativas, tomadas en función de la evolución de una epidemia, y sometida en cierta forma a los vaivenes de esta. La actividad económica se suspende o se limita administrativamente según la marcha de los contagios y la gravedad de la situación. Ello puede producir oscilaciones en las tasas trimestrales de crecimiento que no obedecen a ninguna razón económica, sino a las distintas olas que se están produciendo en la pandemia y en las decisiones políticas que se adoptan para combatirlas.

Sí parece -y esperemos que sea así- que, considerando periodicidades anuales, el hundimiento profundo de la economía se ha producido en todos los países en 2020. Ciertamente en unos más y en otros menos, pero en casi todos se han dado tasas de decremento del PIB como no se habían conocido desde hacía muchísimos años. El PIB de la Eurozona en su conjunto se redujo un 6,8%. Hay que confiar por tanto en que en los próximos años todas las economías crezcan, y tanto más cuanto mayor haya sido el hundimiento de 2020.

Lo verdaderamente importante es saber cuándo retornará cada país al mismo nivel de renta que disfrutaba a finales de 2019. Según las estimaciones de la Comisión, solo Irlanda, Polonia y Luxemburgo alcanzarán a finales de 2021 un PIB similar o superior al que tenían en 2019. España, por supuesto, seguirá muy lejos de alcanzar ese objetivo, por mucho que su tasa de crecimiento vaya a ser este año de las más altas. De hecho, según la Comisión, el PIB no llegará ni al 94% del valor que tenía en 2019, uno de los porcentajes más bajos de la Eurozona. Es en este dato donde se encuentra la realidad; la representación, en considerar tan solo la tasa de crecimiento de 2021.

Será ya en 2022 cuando en la mayoría de los Estados se pueda hablar de recuperación. Solo el PIB de tres países, Italia, Grecia y España, se situará aún por debajo de la cuantía de 2019. A nuestro país le cabrá, en consecuencia, el dudoso honor de ser la economía que más ha caído en 2020, y uno de los que más tarde van a retornar a los niveles de renta que tenían en el 2019. Ciertamente no es para lanzar cohetes y pintar un panorama azul pastel. Hablar de recuperación es desde luego mucho decir porque, en el mejor de los casos, se habrán perdido más de tres años.

Pero es que, aunque se trate de un dato importante, no todo se reduce al PIB. Hay que considerar otras variables que van a quedar tremendamente dañadas incluso después de que la renta se recupere aparentemente, y que a su vez se convertirán en un enorme lastre para la economía. En concreto, el endeudamiento público. Según el BCE, España va a ser el país de la Eurozona cuya deuda pública experimentará un mayor incremento entre 2019 y 2022, un 28,4%; pasando de un 95% a un 124% del PIB. Cifras que a todas luces pueden ser mayores según cuál sea la evolución de la pandemia y cómo se comporten otras variables, como las garantías públicas concedidas a las empresas (14% del PIB), muchas de ellas pueden resultar fallidas, o las propias morosidades que pudieran generarse en los bancos.

La situación de la hacienda pública de nuestro país es realmente crítica y solo se mantiene gracias al respaldo que le concede el BCE, que adquirió en 2020 deuda española por importe del 38% del PIB. La pregunta es hasta cuándo estará dispuesto el BCE a mantener esta política, o incluso hasta cuándo podrá mantenerla. Existe un mantra generalizado acerca de que las circunstancias han cambiado con respecto a la crisis de 2008. Ciertamente existen muchos elementos distintos. El más importante, sin duda, la actuación del BCE, que no comenzó a intervenir hasta 2012. Pero en lo que quizás no haya tanta diferencia, al contrario de lo que se dice, es en el comportamiento fiscal de la Unión Europea.

Se afirma que en la presente crisis se ha impuesto barra libre en las ayudas a las empresas y se ha permitido e incluso aconsejado a los gobiernos que no escatimen en el gasto, por contraposición a la anterior en la que se fijó una política de austeridad generalizada. Las cosas sin embargo no son tan claras. En la anterior crisis la política de austeridad no comenzó hasta el 2010, mientras que en los dos años anteriores lo que primó fueron las políticas expansivas del gasto, incluso aconsejadas por los propios organismos internacionales. Después vino el llanto y el crujir de dientes. No estoy nada seguro de que la actual crisis no tenga una segunda parte y que, después de tanta generosidad respecto a las empresas, Bruselas -más bien Frankfurt- no imponga restricciones y una política de austeridad que sin duda incidirá sobre los de siempre.

Desde el bando neoliberal y conservador de la política o de los medios, se vocea de forma reiterada que España es uno de los países que menos ayudas han concedido a las empresas y hacen, a continuación, la comparación con Alemania; pero la situación de este país es muy diferente y su endeudamiento, también. Cuando desde Europa se pretenda aplicar de nuevo la normativa sobre la estabilidad presupuestaria la situación de España puede ser muy crítica. Para llegar a medio plazo a un nivel de deuda del 60%, se precisaría mantener durante bastantes años unos superávits primarios (antes de pagar intereses) de alrededor del 7%; lo que resulta totalmente imposible, a menos que se implanten ajustes y recortes durísimos, que irán en la misma línea que adopta siempre Bruselas, incremento de impuestos indirectos y recortes sociales. Por eso resulta tan extraño que Podemos continúe insistiendo en aumentar las ayudas directas a las empresas.

En este escenario existe una incógnita de cara al futuro. Una mayor inflación tendría un efecto beneficioso sobre el stock de la deuda, siempre que poseyésemos una moneda propia, pero el euro es una divisa que no controlamos. Estamos en manos del BCE. Y es de suponer que esta institución no permitirá tasas elevadas de inflación, que originarían una depreciación del euro, aun cuando, sin duda, sería muy beneficiosa para los países del sur. Es más, parece bastante probable que en cuanto los precios se acerquen a los niveles que los países del norte consideren excesivos, el BCE se verá obligado a cambiar de política. Solo hay un factor que en este tema de la deuda puede ser positivo para España. Que no está sola, sino que la acompañan Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia. El problema, se quiera o no, afectará a toda la Eurozona y es difícil pronosticar cuál será su solución final.

Nuestro país tiene una dificultad añadida que complica y agrava la situación económica, la enorme tasa de paro, el 16%, solo comparable con la de Grecia, y el doble que la media de la Eurozona; y a ello hay que añadir los 900.000 trabajadores que están actualmente en ERTE y los 500.000 autónomos que se encuentran en cese de actividad, y que no están comprendidos en la cifra anterior, pero que, al menos parte de ellos, se pueden convertir en parados. Ambos mecanismos, que deberían haber tenido una dimensión temporal, corren el peligro de transformarse en crónicos o permanentes.

En este mundo globalizado las crisis suelen ser también globales. La actual, cuyo origen es además una pandemia, no podía por menos que extenderse por todos los países; todos han sufrido las consecuencias, pero no todos en la misma medida. Las circunstancias de cada país y la gestión de los gobiernos tanto en el ámbito sanitario como en el económico han sido factores fundamentales a la hora de determinar el grado y la intensidad de los efectos negativos de la crisis. El mundo de la representación y el relato sanchista pretenden hacernos creer que todo depende de la pandemia y de la consiguiente crisis económica, intentan convencernos de que las consecuencias han sido iguales en todos los países, y de que los gobiernos carecen de toda responsabilidad.

Un triángulo encierra la economía española en una encrucijada que va a ser de difícil salida: desplome del PIB, y de la renta, estallido de la tasa de desempleo, y ascenso estratosférico del stock de endeudamiento público. Conjugando esas tres variables la crisis va a afectar a España en mayor medida que a la mayoría de los países de la Unión Europea y se encontrará en una situación bastante peor. En economía, los resultados nunca son inmediatos, pero antes o después el Gobierno se dará de bruces con la realidad.

 

Artículo publicado originalmente en Contrapunto.

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