El show de María Corina

EL SHOW DE REGRESO DE MACHADO EN VENEZUELA

Por Geraldina Colotti

Páginas Extranjeras – Un programa para unos pocos elegidos, consumido por los medios internacionales. Esta es, en resumen, la opinión del gobierno bolivariano sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Es una opinión compartida por varios venezolanos, tanto chavistas como opositores, a quienes contactamos para obtener comentarios sobre algunas de las iniciativas públicas organizadas por la ultraliberal ganadora del Premio Nobel de la Paz, cuyo objetivo es reavivar la violencia callejera en el país. Para un agente inmobiliario, se trata de «unos cuantos bloqueos aquí y allá, pero generalmente nadie se da cuenta». Para una empleada doméstica, Machado es una figura desacreditada «porque la agresión armada que provocó en el país no ha traído ningún beneficio económico». Para un trabajador de servicios, «es un milagro que el país esté en paz y quiera seguir así, especialmente en Navidad «. Abundan los memes y los comentarios satíricos.

Como Maduro había hecho en años anteriores, las vacaciones navideñas se adelantaron, e incluso la oposición moderada en el parlamento no parece dispuesta a embarcarse en nuevas aventuras con Guarimber. Sin embargo, Machado lo está intentando, y el gobierno no se lo toma a la ligera, especialmente considerando los vínculos de la ultraderecha con el crimen organizado transfronterizo. De hecho, el principal problema de Machado son los llamados «presos políticos» que permanecen encarcelados tras la ola de liberaciones provocada por la ley de amnistía, aprobada en los meses posteriores al secuestro del 3 de enero, cuando las fuerzas especiales estadounidenses violaron el espacio aéreo venezolano para raptar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y a la congresista Cilia Flores, su esposa.

Las fotos que circulan de Machado y su (escasa pero bien armada) banda actuando frente a una de las principales cárceles de Venezuela, El Rodeo, parecen confirmarlo. La líder de Vente Venezuela, con megáfono incluido, aparece abrazando a la madre de un asesino, quien cumple condena por un brutal doble feminicidio con complicidad criminal, y está acompañada por otros familiares de narcotraficantes o condenados por delitos de terrorismo muy graves.

Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), brindó más detalles en el episodio 589 de su programa » Con el Mazo Dando «. Cabello denunció, con evidencia documental, los vínculos orgánicos que este sector de la oposición extremista mantiene con el narcotráfico y las redes del crimen organizado, enfatizando que estas conexiones son ahora imposibles de ocultar. El líder chavista condenó la operación mediática que intenta presentar a delincuentes comunes, sicarios y narcotraficantes como «presos políticos», y reveló además que la ultraderecha ha creado el registro denominado Constructores Venezuela como fachada para establecer una fundación y recaudar fondos del extranjero.

Según el entorno de la líder golpista, su regreso implica una mayor presión para acelerar el calendario electoral, que, según los planes del secretario de Estado Marco Rubio, debería conducir a las elecciones del próximo año, quizás en julio, inmediatamente después del juicio de Maduro, programado para junio de 2027. En este escenario, se espera que Delcy Rodríguez, quien gobierna de acuerdo con la Constitución como presidenta electa, declare la «ausencia absoluta» del jefe de Estado y convoque nuevas elecciones. Si bien el gobierno bolivariano continúa defendiendo la expiración natural del mandato constitucional de Maduro (elegido para el período de seis años 2025-2031, hasta el 10 de enero de 2031), todos los actores se preparan para este paso crucial.

El panorama interno, sin embargo, es mucho más fragmentado que la simple dicotomía entre gobierno y extremismo de ultraderecha. Junto al núcleo dirigente, encabezado por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el alto mando político-militar —comprometido con salvaguardar la estabilidad macroeconómica e institucional—, emergen diversas voces críticas y disidentes, tanto dentro como fuera del campo bolivariano. Dentro del campo revolucionario, abundan las voces que expresan abiertamente su disidencia respecto a las concesiones económicas y las negociaciones con Washington, como el intelectual Luis Britto García, quien en sus discursos invoca constantemente el principio de soberanía integral, advirtiendo que cualquier discurso político que renuncie a la lucha antiimperialista se vuelve ficticio, o el comunicador Mario Silva, protagonista de duras denuncias de distorsiones internas y de la marginación mediática que ha sufrido en los últimos meses. Estas posturas cuentan con el apoyo de figuras arraigadas en los territorios y en la comunicación popular, como Juan Contreras —director de la histórica emisora ​​de radio Radio Al Son del 23—, quienes mantienen una línea de firme resistencia antiimperialista y defensa de las conquistas sociales desde abajo, afirmando la necesidad de no ceder al chantaje neocolonial y de fortalecer el poder popular en las consultas y comunas.

Por otro lado, están quienes representan una especie de oposición moderada o «democrática» que se ha desarrollado dentro del propio proceso chavista, como el exministro y exvicepresidente Elías Jaua, quien dinamiza los debates académicos y políticos sobre las transformaciones del país, abogando por la recuperación de la dialéctica democrática y constitucional original. Finalmente, el panorama se completa con los aliados de Machado «de la izquierda», con trayectorias decididamente más controvertidas y extrañas: por un lado, la facción minoritaria del Partido Comunista de Venezuela (PCV), enfrascada en una feroz confrontación frontal con el gobierno en funciones; por otro lado, antiguos activistas de izquierda que ahora se han integrado firmemente al campo de la oposición, como Juan Barreto (fundador del partido REDES y exalcalde metropolitano de Caracas), quien cuestiona abiertamente la legitimidad de las elecciones de 2024 y exige una amnistía política aún más amplia que surja de las negociaciones de 2015 entre el gobierno y la antigua Asamblea Nacional para «poner fin a la crisis». Mientras tanto, los líderes del chavismo intentan resistir la espiral descendente en la que se han visto inmersos desde el 3 de enero, apoyándose en su único recurso: la «diplomacia de la paz», que pueden utilizar para ganar tiempo y desbaratar tanto los planes de Washington como los de la oposición fascista.

Tras el secuestro de Maduro, muchos esperaban que Donald Trump, a quien Machado había convencido de contar con el apoyo de la mayoría del país, le diera su visto bueno para asumir el poder. Sin embargo, hasta el momento, la administración estadounidense la ha mantenido al margen de las principales negociaciones entre el gobierno y la oposición (donde, en cambio, se le ha asignado un papel formal a la expresidenta del parlamento de derecha en 2015, Dinorah Figuera). Para la Casa Blanca, Machado parece ser una herramienta que debe usarse con moderación: un instrumento de presión para obtener más concesiones del gobierno, pero no necesariamente la primera opción.

Para comprender esta aparente contradicción, debemos examinar las distintas facciones que coexisten y chocan dentro del trumpismo respecto al tema venezolano. Por un lado, están los halcones neoconservadores y el lobby cubanoamericano en Miami, representados por el secretario de Estado Marco Rubio y figuras como Mauricio Claver-Carone, quienes impulsan un cambio de régimen ideológico a toda costa, la asfixia total del chavismo y la instalación directa de Machado como representante leal de Caracas. Por otro lado, está el ala pragmática, nacionalista y economista del movimiento MAGA —cercana al propio Trump, a emisarios como Richard Grenell y a las principales corporaciones energéticas estadounidenses— para la cual la ideología importa poco en comparación con los negocios y el control de los recursos. Esta segunda facción cree que un golpe de Estado liderado por Machado pondría en riesgo la estabilidad de Venezuela, imposibilitando la extracción de petróleo y fomentando nuevas oleadas migratorias hacia Estados Unidos. En consecuencia, prefiere negociar pragmáticamente con quienes controlan realmente el Estado y las fuerzas armadas —es decir, el gobierno bolivariano— para asegurar contratos petroleros, licencias y estabilidad operativa. Por lo tanto, el regreso de Machado termina por complicar la propia estrategia de política exterior de la Casa Blanca.

A la complejidad del panorama estadounidense se suman los equilibrios surgidos tras las elecciones de mitad de mandato, que reconfiguraron el equilibrio de poder en el Congreso sin menoscabar, sin embargo, el considerable apoyo bipartidista a la injerencia contra Caracas y a favor de Machado. Un claro ejemplo de esta unidad es la elección a la Cámara de Representantes de Florida de Samuel Vilchez Santiago, un joven y destacado representante del Partido Demócrata (conocido por su postura abiertamente anticomunista y estrechamente vinculado a la oposición antichavista en Miami). Santiago ha apoyado reiteradamente a Machado en los círculos políticos estadounidenses, lo que confirma cómo la hostilidad hacia la revolución bolivariana actúa como un elemento de cohesión entre el establishment liberal y la derecha republicana.

Sin embargo, la gravedad del ataque del 3 de enero ha abierto una brecha inesperada incluso en las instituciones estadounidenses. El representante republicano Thomas Massie de Kentucky ha presentado una resolución formal de juicio político (que comprende ocho cargos) en la Cámara de Representantes contra el secretario de Defensa —apodado «Secretario de Guerra» por el trumpismo— Pete Hegseth. El Artículo VII de la resolución, titulado » Secuestro de un líder extranjero soberano», contiene una reconstrucción detallada y despiadada de la operación militar. La acusación define el ataque a Caracas como un verdadero acto de guerra no autorizado contra un Estado soberano, destacando el uso de más de 200 efectivos de fuerzas especiales apoyados por más de 150 aeronaves y drones, y denunciando un saldo de al menos 83 muertos durante el asalto (una cifra que las autoridades venezolanas estiman en más de cien bajas civiles y militares, tanto cubanas como venezolanas). La acusación también desmiente el encubrimiento fraudulento de la «guerra contra el narcotráfico», calificándolo de mero pretexto para camuflar una operación de cambio de régimen, y revela el verdadero motivo económico, citando las propias admisiones públicas de Donald Trump de que, inmediatamente después de la redada, declaró su intención de tomar el control del país para atraer a compañías petroleras estadounidenses y «empezar a ganar dinero». Según la resolución, Hegseth violó la Constitución, la Resolución sobre Poderes de Guerra y el derecho internacional al poner en riesgo la vida de personal militar estadounidense con el único propósito de facilitar la apropiación ilegal del petróleo nacional de Venezuela. La resolución fue bloqueada en la Cámara por solo siete votos (211 a 204) debido a la decisiva ausencia de once representantes demócratas, a pesar de que figuras progresistas como Maxine Waters e Ilhan Omar habían denunciado la invasión ilegal, lo que demuestra una vez más la complicidad subyacente del establishment bipartidista.

Mientras tanto, en el ámbito judicial de Nueva York, el proceso contra el presidente Maduro y la congresista Cilia Flores —detenidos en el Centro Federal de Detención de Brooklyn desde su comparecencia inicial el 5 de enero— entra en una fase decisiva de cara a la próxima audiencia preliminar, prevista para el 17 de diciembre, dedicada a las solicitudes de inmunidad soberana de la defensa. El juicio está programado para comenzar el 14 de junio de 2027. En la audiencia final del 15 de octubre, ante el endurecimiento de los cargos por parte de la Fiscalía (que añadió «conspiración para cometer tortura» a los cargos de «narcoterrorismo», importación de cocaína y posesión de armas), ambos reiteraron firmemente su total desvinculación de los hechos.

Justo antes de la fecha límite del 17 de diciembre, el juicio sufrió un giro dramático: el fallecimiento, a los 92 años, del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien había estado preparando y gestionando el caso desde marzo de 2020 y que apenas el 8 de octubre había rechazado la solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario presentada por los abogados de Cilia Flores por graves problemas de salud. El caso del Distrito Sur de Nueva York fue reasignado a la jueza federal Analisa Torres (nacida en Nueva York en 1959 en el seno de una familia de abogados puertorriqueños, graduada de Harvard y nombrada en 2013 por Barack Obama). Este nombramiento no ha pasado desapercibido en los círculos políticos y diplomáticos: Torres tiene experiencia directa en Venezuela como observadora electoral internacional y está casada con un ciudadano venezolano, factores que hacen que su papel sea aún más delicado ante las objeciones planteadas por el equipo de la defensa.

Los abogados de Maduro y Flores pretenden aprovechar los mismos argumentos que han surgido en los registros parlamentarios y declaraciones políticas de Estados Unidos para exigir la nulidad absoluta del juicio —vicia desde su origen por un secuestro cometido en violación de la inmunidad de un jefe de Estado en funciones y del derecho internacional—, desacreditar las grotescas acusaciones de tortura y reiterar urgentemente la solicitud de liberación de Cilia Flores, cuya condición cardíaca y lesiones físicas sufridas durante el ataque militar del 3 de enero son motivo de profunda preocupación. Para evidenciar aún más el doble rasero de la justicia estadounidense, cabe mencionar la declaración de Donald Trump en apoyo al indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico: según la lógica de la Casa Blanca, si un líder trafica en su propio país, «no es un problema» para Washington. Una admisión cínica que confirma una vez más que las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela son simplemente un arma de guerra híbrida para justificar el saqueo de los recursos de un pueblo soberano.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez intenta romper el ciclo de aislamiento internacional y la influencia estadounidense mediante la movilización en múltiples frentes diplomáticos, comenzando con su participación en la COP31 en Turquía. Allí, compartió una foto de un apretón de manos con Lula da Silva, recientemente reelegido en Brasil: el mismo Lula que había bloqueado la entrada de Venezuela a los BRICS y que no dudó en calificar al gobierno de Maduro de antidemocrático incluso después de su secuestro. Pero esta compleja y espinosa línea diplomática se topa con frialdad y contradicciones incluso dentro de países amigos. Además, las tensiones continentales siguen reflejándose en las coaliciones de los partidos progresistas, alimentando conflictos abiertos. Durante una reciente reunión internacional de partidos progresistas en México, la delegación chavista —integrada por líderes como Tania Díaz y Jesús Faría— se enfrentó duramente al expresidente colombiano Gustavo Petro. Ante las críticas de Petro, quien calificó a Venezuela de país extractivo, los delegados venezolanos lo acusaron rotundamente de comportarse como un santanderista y de haber allanado el camino para la invasión. Al ser presionado, Petro se defendió con una confesión que lo dejó sin aliento: «Pero me habrían disparado un misil». Los hechos reales detrás de esta admisión se remontan a aquellos dramáticos días previos al secuestro del 3 de enero. En aquel entonces, se esperaba una invasión terrestre, pero no un ataque aéreo: ante la advertencia de Vladimir Padrino López —un peligro que parecía desmentido por la cortina de humo de las peticiones de negociación de Trump, cuyas mentiras reflejaban el mismo patrón del primer ataque a Irán—, Maduro había convocado una reunión secreta con Petro para pedirle que desplegara drones colombianos en caso de un ataque estadounidense. Pero la CIA se enteró de esa reunión secreta y amenazó directamente a Petro, quien, por temor, tuvo cuidado de no advertir a Maduro, negándole así ese valioso tiempo esencial para organizar una defensa y resistencia mínimas.

Fuente: https://pagineesteri.it/

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