LA CIENCIA RESPONDE

Por Luigi Maiello

Cuando la ansiedad social aumenta y el futuro se torna aterrador, el consenso político tiende a inclinarse hacia la derecha. Esto no es un automatismo geométrico ni absoluto, sino una tendencia ampliamente documentada por la ciencia política y la investigación del comportamiento: ante la incertidumbre, amplios sectores del electorado buscan refugio en respuestas identitarias y autoritarias. ¿Por qué? Esta es una pregunta que los círculos progresistas suelen abordar citando el analfabetismo funcional, la ignorancia, la manipulación algorítmica o una burda fascinación por el líder autoritario. Estos diagnósticos probablemente captan los síntomas superficiales, pero no parecen llegar al fondo del problema. ¿Y si una posible explicación reside en algo mucho más radical?

Una primera pieza del rompecabezas proviene directamente de la neurociencia y la psicología evolutiva. Biológicamente, cuando el sistema nervioso percibe una señal de alarma, nuestra corteza prefrontal —sede del pensamiento crítico, la mediación y la complejidad— se desactiva temporalmente. Circuitos cerebrales arcaicos y la amígdala toman el control, reaccionando con una rapidez asombrosa ante estímulos amenazantes.

Como han documentado exhaustivamente investigadores como John Hibbing y Jonathan Haidt mediante análisis empíricos de respuestas fisiológicas, este automatismo no es una falla moral, sino un mecanismo de supervivencia primitivo que desencadena una reacción instintiva orientada hacia el orden jerárquico, la autoridad firme, la claridad geométrica de los límites y la eliminación drástica de cualquier ambigüedad. Si bien este instinto resulta providencial ante un peligro físico inmediato —como el ataque de un animal salvaje—, este mecanismo se vuelve menos eficaz cuando se activa ante problemas complejos, abstractos y estructurales de la modernidad. La neurociencia, por lo tanto, nos ofrece un sólido fundamento para interpretar esta dinámica de consenso en el presente.

Una segunda pieza del rompecabezas concierne a nuestro pasado más atávico. Durante mucho tiempo, la hipótesis subyacente, alimentada por cierto legado positivista y el mito del progreso continuo, fue la del hombre primitivo como cazador (El hombre cazador, de Richard B. Lee e Irven DeVore). La creencia generalizada era que «la unión hace la fuerza» era una estrategia adoptada principalmente para el ataque: cooperar para abatir presas gigantescas y expandirse. Luego, como sucede con muchas especulaciones sugerentes, esta narrativa chocó duramente con el registro fósil, que progresivamente reveló un escenario completamente diferente. Lo que socavó el antiguo paradigma fue, en particular, el trabajo del antropólogo Robert Sussman y Donna Hart en el ensayo El hombre cazado. Al examinar los restos y los inconfundibles agujeros dejados en los cráneos de los homínidos por los caninos de los grandes felinos, la investigación ha demostrado cómo, durante gran parte de nuestra historia evolutiva, nuestra especie fue esencialmente presa. Como le gusta señalar al filósofo de la ciencia Telmo Pievani, los primeros homínidos no se despertaban para ir de caza, sino más bien para intentar, ante todo, no ser devorados.

Ahora bien, al unir estos dos hilos, viene a la mente que si, ante el peligro, tendemos a confiar en los instintos primitivos de nuestros cerebros ancestrales y, desde la perspectiva del comportamiento grupal, tendemos a unirnos en círculos defensivos, la derecha moderna, al cosechar consenso, simplemente está haciendo su trabajo: recopilar este legado y sacar provecho de él. Ante un mundo caótico y peligroso (al menos en la percepción, que es lo que importa), nada es más deseable que respuestas elementales a problemas complejos. Es inútil prometer grandes visiones del mañana: un perímetro cerrado, un círculo alrededor del cual agruparse, un enemigo visible y la sensación de protección efectiva (aunque acompañe de políticas de control decididamente invasivas) son suficientes.

Finalmente, volviendo a Marc Augé, lo que se necesita hoy es una Ilustración verdaderamente nueva para vencer las ansiedades sistémicas de nuestro siglo: un humanismo global basado en la racionalidad científica, el intercambio de conocimiento y la superación de los mitos de las finanzas y las identidades cerradas. La lucha política progresista debería consistir, por tanto, sobre todo en una firme reafirmación de la centralidad de la cultura. La jungla es, de hecho, el hábitat natural de la derecha, un lugar donde el instinto se impone a la complejidad; la tarea de la izquierda, en cambio, es cuidar el jardín. Pero cultivarlo requiere años de sembrar semillas en las escuelas y en las conciencias, requiere el coraje de afrontar numerosas derrotas políticas y el riesgo concreto de que los frutos de este trabajo sean cosechados por otros… Sin embargo, cabe cierto optimismo, dado que los logros que ahora defienden con vehemencia los conservadores son precisamente las innovaciones culturales a las que antes se oponían con una ferocidad sin precedentes.

Fuente: https://www.ilfattoquotidiano.it/

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La victoria de la Lista Estudiantil en las elecciones parlamentarias de Serbia es tremenda. En su primera aparición, obtuvo la mayoría, consiguiendo 140 de los 250 escaños previstos. El control del poder que el presidente autoritario Aleksandar Vučić ejerció durante 14 años, con la esperanza de acceder sin problemas al cargo de primer ministro y hacerse con el poder, ha sido derrocado decisivamente por un movimiento estudiantil de masas. Este movimiento, que surgió hace dos años tras el derrumbe de la marquesina de una estación de tren reconstruida que causó la muerte de 16 personas, obligó a un primer ministro a dimitir en 2025. Ahora ha forzado la dimisión del presidente.

Las movilizaciones desde 2024 han sido decididas e implacables. Aprovechando un profundo descontento popular no solo con Vučić, sino también con la oposición, han demostrado que un sistema político arraigado puede ser derrocado cuando las personas que han perdido la fe en la política convencional se organizan de forma independiente.

Pero, por tremenda que sea la victoria, plantea una cuestión crucial: ¿qué sucede cuando un movimiento construido sobre la base de la acción colectiva y la participación democrática se integra en las instituciones estatales? La respuesta ahora pende de un hilo: entre la posibilidad de una nueva fase progresista en la política serbia y el peligro de perder otra oportunidad. Mucho dependerá de si el movimiento se mantiene arraigado en las movilizaciones de masas que lo llevaron al poder, pero también de si logra vincularse con la revuelta social más amplia contra el neoliberalismo que se extiende actualmente por Europa.

De la tragedia a la revuelta.

El trágico derrumbe de la marquesina en noviembre de 2024 puso al descubierto la corrupción del gobierno de Vučić, su amiguismo y la subordinación de la rendición de cuentas a las conexiones económicas y políticas. La consiguiente ola de indignación fue liderada por estudiantes que exigían la publicación de los documentos relativos a la reconstrucción de la marquesina y el enjuiciamiento de los responsables.

Lo que comenzó como una exigencia de rendición de cuentas se convirtió rápidamente en una revuelta más amplia contra Vučić. Fundamentalmente, el movimiento no solo cuestionó los abusos individuales, sino también la premisa subyacente de que la falta de poder de la gente común sobre las instituciones que rigen sus vidas era inevitable.

Las ocupaciones universitarias, las manifestaciones, los bloqueos de carreteras y las concentraciones se extendieron por toda Serbia. Los estudiantes viajaron entre pueblos y aldeas, mostrando solidaridad con personas abandonadas desde hace tiempo por un sistema político demasiado acostumbrado a servir a los ricos y poderosos. Profesores, personal universitario, trabajadores y otros ciudadanos se unieron a ellos.

Los estudiantes se convirtieron en la fuerza movilizadora de la lucha. Su firme independencia de la oposición oficial y su compromiso con la deliberación y la toma de decisiones colectivas en los plenos universitarios fueron las principales fortalezas del movimiento.

La decisión de presentarse a las elecciones fue el siguiente paso en la lucha. El movimiento elaboró ​​su propia lista electoral con candidatos procedentes de universidades y de la sociedad en general, nominados en asambleas universitarias y de facultades, donde fueron examinados colectivamente por los estudiantes antes de ser seleccionados. Ninguno de los candidatos era estudiante.

De hecho, la lista resultante de académicos, médicos, activistas y ciudadanos hasta entonces no alineados políticamente —entre ellos un exgobernador del Banco Nacional de Serbia y una antigua estrella del baloncesto— era bastante heterogénea. Si bien su fuerza reside en sus orígenes en un movimiento democrático de masas, su orientación política no está clara y, por lo tanto, es vulnerable a poderosas presiones, tanto internas como externas.

La decisión del movimiento de impugnar las elecciones era comprensible, dado que se trataba de un momento crucial para el régimen de Vučić. Sin embargo, las elecciones son un medio para impulsar las reivindicaciones de un movimiento, y no deben confundirse con un fin en sí mismas.

¿Una victoria contra el neoliberalismo?

Si bien la Lista Estudiantil surgió de las protestas contra la corrupción y prioriza el estado de derecho y la rendición de cuentas institucional, su programa también abordó problemas sociales cotidianos: limitar los contratos de trabajo temporales a 12 meses, reducir drásticamente el precio de los medicamentos esenciales, restablecer las clínicas médicas rurales y proporcionar libros de texto escolares gratuitos para todos los alumnos de primaria y secundaria.

Estas demandas llevaron al movimiento más allá de la reforma institucional, centrándose en las necesidades materiales de la gente común, a pesar de su modestia. Por ello, plantean una cuestión más amplia: ¿puede el cambio político desafiar las prioridades económicas que subyacen a las desigualdades e inseguridades que estas demandas pretenden abordar, en lugar de limitarse a cambiar quién gobierna?

Aquí, la lucha se conecta con la revuelta europea más amplia contra el neoliberalismo y su proyecto, que lleva décadas supeditando los servicios públicos y los derechos de los trabajadores a las prioridades del mercado, la competencia y la austeridad fiscal. Los gobiernos de todo el mundo afirman que los recursos son escasos y que el gasto público debe controlarse, pero las consecuencias recaen en todos los ámbitos: sobre los estudiantes que afrontan los elevados costes de la educación superior, los trabajadores que luchan por llegar a fin de mes, las familias que no pueden acceder a una vivienda y los empleados del sector público que deben hacer más por menos.

Un gobierno que destituye a Vučić pero deja estos problemas sin resolver corre el riesgo de decepcionar a quienes hicieron posible la victoria. Por eso, el poder en la sociedad no puede reducirse a quién ocupa un cargo ministerial.

Los acaudalados magnates serbios, sus redes de clientelismo y el papel de figuras influyentes en el aparato estatal no desaparecerán ahora que Vučić ha perdido el poder. Intentarán proteger sus intereses y presionar al nuevo gobierno por todos los medios, lícitos o ilícitos. Algunos se presentarán como indispensables para el buen funcionamiento del gobierno, mientras que otros argumentarán que la estabilidad económica exige concesiones constantes.

El peligro que esto conlleva es que la Lista Estudiantil se distancie cada vez más de las fuerzas sociales que hicieron posible su victoria, y que los representantes electorales consideren las negociaciones entre políticos, funcionarios y líderes empresariales como el principal escenario político. Mientras tanto, se alentará a la masa de personas cuya movilización los llevó al poder a quedarse en casa y esperar a que el nuevo gobierno cumpla sus promesas. Eso sería un grave error.

La fuerza democrática del movimiento residía en la acción colectiva de la gente, que examinaba a quienes decían representarlos y se negaba a aceptar que la política estuviera en manos de una élite profesional. Estos principios deben aplicarse tanto antes como después de las elecciones.

Los plenos universitarios no deben convertirse en meros actos ceremoniales y superficiales. El movimiento necesita mecanismos permanentes que permitan a estudiantes, trabajadores y comunidades debatir políticas, exigir responsabilidades a sus representantes y movilizarse cuando sea necesario. Los sindicatos independientes y la organización en el lugar de trabajo son especialmente importantes para garantizar mejoras en el nivel de vida frente a la resistencia de los empresarios y los intereses adinerados.

La democracia no puede significar simplemente cambiar a quienes están en el poder. Debe significar ampliar la capacidad de la gente común para influir en las decisiones que afectan sus vidas.

La Unión Europea no es un aliado.

La presión externa representa otro peligro significativo. La UE acogerá con satisfacción la derrota de Vučić, dadas las tensiones en las relaciones por sus vínculos con Rusia, en particular, a pesar de su afán por unirse al bloque. Si bien algunas instituciones y gobiernos de la UE han criticado los abusos democráticos en Serbia, esto no convierte a la UE en una defensora imparcial de la democracia popular.

Por el contrario, Bruselas tiene sus propios objetivos estratégicos. Desea fortalecer su papel en los Balcanes, asegurar la alineación geopolítica de Serbia y limitar la influencia rusa en la región. Una victoria de la Lista Estudiantil se interpretará como una oportunidad para integrar a Serbia de forma más decisiva en el bando occidental. Algunos miembros de la Lista Estudiantil estarán encantados, si no ansiosos, de contribuir a este cambio, como lo demostró el año pasado con la caravana ciclista estudiantil a Estrasburgo y la carrera de relevos a Bruselas para obtener el apoyo de la UE. Es probable que esto provoque divisiones en sus filas, por no hablar de las divisiones que se generarán en Serbia en general.

De hecho, la postura de la UE hacia Serbia ha puesto de manifiesto repetidamente las tensiones entre su declarado compromiso con los estándares democráticos y su disposición a congraciarse con los líderes políticos cuando estos sirven a los intereses estratégicos europeos. A pesar de las críticas a las controvertidas elecciones serbias de 2023, la UE y Alemania impulsaron una alianza estratégica con el gobierno de Vučić para asegurar los grandes yacimientos de litio de Serbia. En 2024, el canciller alemán Olaf Scholz visitó Belgrado cuando se formalizó el acuerdo, priorizando las necesidades industriales de Europa sobre la democracia serbia, a pesar de las multitudinarias manifestaciones contra el impacto ambiental del proyecto minero.

Por lo tanto, el nuevo gobierno se enfrentará a una presión considerable por parte de la UE para demostrar que la transformación política de Serbia también representa un realineamiento geopolítico. La asistencia financiera, la inversión, las negociaciones de adhesión y el reconocimiento diplomático se convertirán en instrumentos de influencia. Vučić ya ha afirmado que la Lista Estudiantil impondrá sanciones a Rusia por el caso de Ucrania. Algunos lo han negado explícitamente; otros se mantienen reticentes, lo que sugiere posibles divisiones profundas también sobre este tema.

Esto no justifica la defensa de Vučić ni el acercamiento a Moscú. Rusia, al igual que las potencias occidentales, persigue sus propios intereses. Serbia tampoco debería creer que la inversión china le ofrece una vía de escape de las presiones de la economía internacional. La cuestión es que sustituir un patrocinador externo por otro no representa un progreso. En este contexto, la realidad es que imponer sanciones a Rusia no se tratará de sanciones en sí, sino de atraer a Serbia al bando occidental, y esto debe evitarse.

Por lo tanto, la mejor opción para Serbia es el no alineamiento, que le permite mantener la libertad de desarrollar relaciones con diferentes países sin subordinar su política nacional a ninguna gran potencia. Esto implica resistir la presión para convertirse en un instrumento de la estrategia occidental contra Rusia, así como resistir los intentos rusos de ejercer influencia sobre Serbia.

Este no alineamiento no implica aislamiento diplomático. Significa buscar la cooperación internacional basada en relaciones más equitativas y mutuamente beneficiosas, dejando a Serbia en libertad de criticar a la UE, Rusia, China o Estados Unidos cuando sea necesario. Esto es particularmente importante para un futuro gobierno cuya legitimidad se fundamenta en un movimiento que exige que las decisiones se tomen en aras del interés público y no a puerta cerrada.

Francia, Bélgica y una revuelta europea.

Por lo tanto, las presiones internas y externas serán significativas. No se pueden resistir desde dentro de los círculos del poder, razón por la cual el movimiento debe seguir movilizándose y, al hacerlo, sumarse a las protestas que se extienden por toda Europa.

En Francia, las manifestaciones que comenzaron con estudiantes protestando contra el deterioro de las condiciones escolares se han extendido a un movimiento más amplio que abarca el costo de vida, los salarios y los servicios públicos. En Bélgica, los estudiantes se han movilizado contra los recortes en educación, el aumento de las matrículas y el empeoramiento de las condiciones. Un descontento similar por la vivienda, el empleo, la educación y la corrupción ha estallado en Italia, España, Portugal y Albania. Estos movimientos tienen, por supuesto, sus propias reivindicaciones y circunstancias políticas, pero sus quejas coinciden.

No se trata simplemente de protestas generacionales. Los jóvenes están a la vanguardia, como en Serbia, no solo porque se enfrentan a un futuro sombrío, sino también porque sus reivindicaciones forman parte de una crisis social mucho más amplia. El neoliberalismo promete que la competencia de mercado y la disciplina fiscal traerán prosperidad. En cambio, millones de personas sufren el deterioro de los servicios públicos, viviendas caras, empleos precarios y gobiernos que afirman que no hay alternativa a que la gente común pague las consecuencias.

La derrota de Viktor Orbán en Hungría a principios de este año, tras 16 años en el poder, constituye una advertencia. Demuestra que la cuestión decisiva reside en si el cambio político abre espacio para una transformación social más profunda o simplemente produce una nueva administración que opera dentro de las mismas limitaciones económicas. Para evitar un escenario similar en Serbia, el movimiento de masas deberá seguir movilizándose para desafiar las prioridades económicas neoliberales que reproducen la desigualdad y la inseguridad. Esto se logra mejor mediante la colaboración con otros movimientos europeos y balcánicos.

Solidaridad balcánica contra la estrategia de divide y vencerás.

La lucha estudiantil en Albania, donde los estudiantes también han participado en una movilización antigubernamental más amplia contra la corrupción, la educación y los servicios públicos, añade una dimensión balcánica crucial a todo esto. Su lucha refleja el mismo descontento fundamental con la clase política, tanto en el poder como en la oposición, que ha motivado a sus homólogos serbios.

Esto representa una oportunidad para comenzar a desafiar los antagonismos nacionalistas que han dividido a los Balcanes durante generaciones. Porque cuando la gente común de diferentes naciones se moviliza por intereses compartidos en educación, empleo seguro, servicios públicos y libertad frente a la corrupción, aumenta la posibilidad de superar las injusticias históricas y los agravios no resueltos, en particular los del Estado serbio contra los albaneses.

Los diálogos conjuntos, los intercambios y la solidaridad práctica entre estudiantes, trabajadores y movimientos sociales podrían iniciar el proceso de establecer una base diferente para las relaciones entre países vecinos. Las grandes potencias, de la mano de las corporaciones multinacionales, han buscado repetidamente influir en la región explotando las divisiones y rivalidades existentes. Una mayor cooperación regional podría dar a Serbia, Albania y sus vecinos más margen para determinar su propio futuro, en lugar de ser manipulados para formar parte de bloques geopolíticos rivales.

La lucha debe continuar

Derrotar a Vučić es motivo de celebración. Pero la tarea no consiste simplemente en reemplazarlo. Consiste en construir una sociedad en la que la participación democrática, los servicios públicos y los recursos económicos sirvan a la mayoría en lugar de a unos pocos privilegiados, y en la que la cooperación internacional empiece a superar la hostilidad nacionalista y la manipulación de las grandes potencias.

El poder que hace posible tal cambio no reside únicamente en las urnas, sino en la acción colectiva de personas dispuestas a luchar por un futuro diferente.

Por eso, la movilización de masas no puede abandonarse solo porque se haya logrado una victoria electoral. La victoria también representa un momento de peligro que debe afrontarse preservando la organización de masas independiente y reforzando la solidaridad entre estudiantes y trabajadores en Serbia y más allá de las fronteras nacionales con los albaneses, pero también con los estudiantes franceses, belgas y de otros países europeos. La victoria electoral estudiantil debe marcar una nueva fase de la lucha. Como rezaba una pancarta de celebración en Belgrado: «El régimen ha caído. La lucha acaba de comenzar».

Fuente: https://www.counterfire.org/

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No estamos ante una crisis del lenguaje. Estamos ante la crisis de un proyecto histórico que ha organizado la vida pública durante casi dos siglos. La progresiva integración de las grandes organizaciones de la izquierda en el orden neoliberal, con la consiguiente aceptación de sus reglas económicas y políticas y la renuncia a construir una alternativa al capitalismo, ha vaciado de contenido el viejo vocabulario político. En la actualidad, la izquierda y la derecha comparten un consenso férreo sobre las estructuras fundamentales del poder económico y geopolítico: la Unión Europea y el sistema euro, la pertenencia a la OTAN y sus implicaciones en términos de rearme, militarización y confrontación con Rusia. En este contexto, la alternancia política se ha convertido en un mecanismo de gestión de un mismo orden estructural, manteniendo al margen del debate público las decisiones fundamentales que determinan el rumbo de la sociedad. La izquierda ya no se define por su proyecto, sino por su adversario; es decir, por aquello a lo que se opone: la derecha y la extrema derecha. El resultado es una política defensiva que encierra a los sectores populares en una alternancia sin alternativa.

Lo diremos de pasada y sin ánimo de entrar en un debate que ha hecho correr ríos de tinta: es la falta de un proyecto alternativo lo que ha determinado el desplazamiento de la izquierda hacia sectores sociales diferentes de aquellos a los que representó históricamente, en particular hacia las clases medias urbanas, con sus sensibilidades, prioridades culturales y formas de participación política. Al distanciarse de una perspectiva general de transformación de la sociedad, la izquierda fue perdiendo su vinculación orgánica con las clases trabajadoras, convirtiendo su intervención política en una amalgama de reivindicaciones particulares desprovistas de un principio articulador común. No se trata de contraponer, como se ha hecho en ocasiones, reivindicaciones materiales y derechos culturales, y menos aún de menospreciar las luchas sectoriales del feminismo o el ecologismo, por mencionar dos ejemplos. Se trata de que la izquierda ha perdido la capacidad de articular esas reivindicaciones en un horizonte global de transformación de las relaciones sociales.

Ahora bien, la existencia de consensos fundamentales sobre el funcionamiento del sistema no impide una intensa polarización política entre la izquierda y la derecha. Las diferencias existen y sería absurdo negarlas: son relevantes para millones de personas y tienen consecuencias concretas. El problema es que esta polarización es profundamente asimétrica y se produce alrededor de los temas que la derecha y la extrema derecha logran situar en el centro del debate público: por un lado, la corrupción, entendida como un problema estrictamente político mientras permanece en la sombra el poder económico, que manda gracias a ella sin presentarse a las elecciones; por otro, la inmigración, presentada no como un fenómeno complejo que impacta especialmente en las condiciones de vida de las clases populares, sino como el chivo expiatorio de todos los males sociales. Al condicionar de este modo los términos de la agenda pública, la derecha y la extrema derecha, con la complicidad del ecosistema mediático, obtienen una ventaja decisiva en la lucha por la hegemonía, determinando las cuestiones alrededor de las que se organiza la vida política.

La realidad, sin embargo, atraviesa la política rompiendo esquemas y trastocándolo todo a su paso. El desahucio de Mari Carmen Abascal y las movilizaciones por el derecho a la vivienda han reintroducido en la discusión pública cuestiones que habían sido desplazadas por la agenda dominante, ampliamente reproducida por los medios de comunicación. Como tantas veces a lo largo de la historia, el conflicto social desborda la agenda pública y la reorganiza alrededor de contradicciones materiales que sitúan en primer plano los intereses de los grandes propietarios, la especulación inmobiliaria, el modelo rentista y, finalmente, la centralidad del poder económico en la vida pública. Enfrente, un nuevo poder social con una agenda contrahegemónica que podría implicar con mucha facilidad una orientación socialista, cuya capacidad de intervención se ha puesto de manifiesto en dos acontecimientos de enorme significación: el adelanto electoral y, sobre todo, la convocatoria de una huelga general que sitúa al poder económico en el centro de la confrontación política. Grandísima novedad. Ni siquiera el 15M lo consiguió.

Decía Michael Hudson en un artículo especialmente lúcido que necesitamos un nuevo vocabulario político para describir las líneas de fractura que atraviesan hoy a los países europeos. Pues bien, la irrupción del conflicto social crea las condiciones para construir ese vocabulario a partir de las contradicciones reales que estructuran nuestras sociedades: la oposición entre democracia y oligarquía; entre capital y trabajo; entre soberanía popular y subordinación a poderes económicos y geopolíticos; y, en última instancia, entre reproducción del orden capitalista y posibilidad de superarlo en la perspectiva del socialismo. El nuevo vocabulario no surgirá de los debates entre las élites intelectuales y parlamentarias, sino de los conflictos sociales que han trastocado la agenda pública y están empezando a transformar nuestra realidad. Solo adquirirá verdadera fuerza cuando sea capaz de expresar un nuevo horizonte emancipatorio y contribuir a la construcción del sujeto político que lo haga posible. El viejo topo sigue excavando, paciente, obstinado, y se encamina hacia la recuperación del socialismo como proyecto histórico.

Continuará.

Fuente: Público

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Por Elena Basile

Creo que desmitificar el llamado orden liberal es esencial para la lucha de los pueblos europeos porque una nueva clase dirigente y un nuevo bloque social y económico puedan retomar una política orientada a los bienes comunes, los derechos humanos, la democracia y la igualdad social. El electorado progresista está siendo manipulado por la propaganda neoliberal. Sin él, es imposible construir una instancia política unitaria a la que pueda sumarse el disenso, que emergió en la movilización de la sociedad civil y quedó oculto tras la abstención. Tratemos, pues, de comprender cómo axiomas contradictorios, que en otro tiempo habrían hecho suspender a un alumno de trece años, se repiten hoy sin provocar mayor sorpresa.

«Es necesario salvar la democracia censurando los medios extranjeros y creando oficinas contra la desinformación». ¿Quién decide qué es desinformación?, preguntaría el profesor al incauto alumno. «Para construir la paz, debemos suministrar armas a los países agredidos». ¿Cuántos países agredidos hay en el mundo? Si suministramos armas a Cuba y Venezuela, a Irán y Líbano, a los palestinos, etc., ¿estamos seguros de que no estamos fomentando la guerra? «Occidente lucha por la democracia ucraniana». ¿Occidente? ¿El mismo Occidente que es cómplice de un genocidio en Gaza se preocupa por la democracia en Ucrania y en Irán? Sería como creer que un padre que viola a su hija en casa es un maestro de escuela excepcional. Seguimos preguntándonos consternados cómo se ha llegado a la aceptación generalizada de semejantes paradojas. Pues bien, la confusión reina a sus anchas.

El universalismo de los derechos humanos, como mencioné en mi intervención con Buttafuoco y Rovelli en la Festa del Fatto, ha sido un factor constitutivo de la modernidad occidental. Nuestro recorrido histórico y cultural nos ha llevado desde el cristianismo (todos los hombres son iguales ante Dios), pasando por el liberalismo de John Locke (la oposición de un individuo ahistórico y abstracto al poder) y la Revolución Francesa, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, a la que se adhirieron muchos países miembros de la ONU cuyas historias diferían de la occidental. Para responder a los anhelos de los pueblos oprimidos por dictaduras (pensemos en los antifascistas italianos y los antinazis alemanes que ansiaban ser liberados por potencias extranjeras), habría sido necesario llegar a una arquitectura supranacional, a la utopía de un poder neutral e imparcial que hiciera respetar, incluso por la fuerza, los derechos humanos en el tablero internacional.

Pues bien, Estados Unidos, fuerte en su excepcionalismo y hegemón benevolente por antonomasia, tras quedar en 1991 como única potencia en el escenario internacional, se autoproclamó gendarme moral, y el orden liberal se convirtió en la ideología de la unipolaridad de Washington, a la que la UE, con su doble rasero y su normativismo, prestó un apoyo fundamental. El poder hegemónico de Washington comenzó a declinar hacia 2006-2008 (nacimiento de los BRICS, discurso de Putin en la Conferencia de Múnich, crisis económica internacional) y hoy, con Trump, ha perdido toda autoridad moral. Se defiende mediante estrategias bélicas y la militarización del dólar. La retórica, sin embargo, sobrevive. En el Corriere della Sera, Antonio Polito nos informa de que las guerras no son contrarias al artículo 11 de la Constitución, puesto que este contempla cesiones de soberanía a organizaciones internacionales que trabajan por la paz. ¿Quién puede dudar de que la OTAN es un instrumento de paz y de difusión de la democracia? Sería para echarse a reír si un pensamiento tan endeble no se reprodujera por millares en todos los medios mainstream, hasta contribuir a la transformación antropológica de una sociedad civil convertida en analfabeta y pasiva.

Después de todo, el mismo periodista se preguntaba en televisión si debíamos creer en el retorno de las esferas de influencia y permitir que Moscú vetara el ingreso de Ucrania en la OTAN. En efecto, si China estableciera bases nucleares en México, ¿quién se atrevería a objetar? Hay una coherencia en este delirio: Occidente y la OTAN son el único mundo posible, encarnan el multilateralismo y se arrogan el título de comunidad internacional. La historia queda borrada; los conflictos se convierten en oposiciones ético-religiosas entre el bien (nosotros) y el mal (ellos). ¿Por qué me interesan los moribundos bardos del orden liberal? ¿Acaso soy la única que sigue leyendo sus editoriales? Se cuidan mucho de someterse al debate. ¡El problema, desde luego, no es Polito! Sin embargo, él contribuye al pensamiento único que se insinúa en los hogares y moldea las mentes, fabricando el consenso que necesitan las élites que nos gobiernan. La trampa consiste en creer que Obama, o Monti y Gentiloni, representan una alternativa a Trump. El orden liberal ha logrado crear esta perniciosa ilusión, funcional a la masacre de las víctimas y al fin de una verdadera cultura democrática.

Fuente: ilfattoquotidiano

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Por Pino Arlacchi

En Washington ha ocurrido algo sin precedentes desde los últimos años de Vietnam. La cúpula militar estadounidense ha dejado constancia por escrito de que la guerra en curso ya no es sostenible, ha seguido cumpliendo órdenes y se ha asegurado de que todo el país lo sepa. No se trata de un motín. Es una operación para cubrirse las espaldas, llevada a cabo con la frialdad de quien ya está redactando su defensa para un juicio que tendrá lugar dentro de dos o tres años.

Estos son los hechos. En el registro confidencial que ofrece una visión general quincenal de la disponibilidad de las fuerzas estadounidenses en todo el mundo, el Libro de Órdenes del Secretario de Defensa, edición del 14 de agosto, los comandos de Europa, Indo-Pacífico y Latinoamérica, junto con el Jefe de Operaciones Navales, respondieron a la orden de extender el despliegue de más de cincuenta mil soldados en Oriente Medio hasta 2027 con la fórmula técnica de no conformidad. No estamos de acuerdo, pero obedeceremos. El almirante Daryl Caudle ha declarado públicamente que solo una cuarta parte de los destructores están listos para zarpar. El general Alexus Grynkewich, comandante de Europa, ha declarado que no dispone de suficientes buques para llevar a cabo sus tareas. Y en conjunto, han informado que las reservas de misiles Patriot, THAAD y Tomahawk están agotadas. La evaluación general, publicada por el Washington Post, que dio a conocer la noticia el 30 de agosto, es inequívoca. Después de seis meses, la operación ha ido demasiado lejos y se ha prolongado demasiado.

Cualquiera que entienda el funcionamiento de las grandes burocracias puede interpretar un documento como este. Un voto en contra no detiene nada. La orden se ejecuta de todos modos, los barcos permanecen donde están y los cincuenta mil hombres no regresan a casa. Precisamente porque no produce efectos operativos inmediatos, su importancia es puramente prospectiva. Es un documento de archivo, destinado a permitirnos determinar en el futuro quién advirtió y quién, a pesar de ello, dio la orden.
Que esta interpretación es correcta quedó confirmado por la reacción de la Casa Blanca. El portavoz del Pentágono lo calificó de traición y, pocos días después, el departamento retiró los documentos en cuestión de su red interna clasificada.

El Pentágono ha dejado de creer que se puede ganar esta guerra y ha empezado a pagar por adelantado la derrota política de quienes la deseaban. Y no se trata solo de la derrota electoral de noviembre. El cálculo es a largo plazo.

Las payasadas de la Casa Blanca durante los últimos seis meses solo pueden explicarse de esta manera. En abril, el presidente prometió destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán, es decir, la civilización material de un país de noventa millones de habitantes. En junio, firmó el Memorándum de Islamabad en Versalles. Este incluía el levantamiento de las sanciones, la liberación de fondos congelados y un plan de reconstrucción por valor de al menos trescientos mil millones de dólares que se destinarían… al enemigo. En la historia de la guerra, es el vencedor quien impone reparaciones al vencido. En este caso, el supuesto vencedor prometió pagar daños al supuesto perdedor para poder retirarse, proclamando la victoria.

Dos días después de la firma, Trump calificó el acuerdo de trescientos mil millones de dólares como una noticia falsa de los demócratas. Hoy, sesenta días después, y sin que el estrecho de Ormuz se haya reabierto, el mismo presidente ha aceptado de facto el cierre de los dos estrechos de la península arábiga. El 10 de septiembre, Arabia Saudita solicitó la intervención estadounidense contra los hutíes, pero le fue denegada.

El memorándum de Islamabad fue la primera señal visible de la presión del Pentágono, dos meses antes de que el libro de órdenes llegara a los periódicos. Sin embargo, existía una diferencia sustancial, ya que en aquel entonces los militares se lo comunicaron en privado y él obedeció, mientras que ahora lo han dejado constancia oficial y lo han hecho público.

Esta no es la primera vez, y es un punto que debería hacer reflexionar a los ingenuos admiradores del poderío militar estadounidense. El desastre de Vietnam dio origen a la Doctrina Weinberger-Powell, que establece que no se debe librar una guerra sin objetivos claros y apoyo popular. Fue la elegante fórmula con la que los militares descargaron sobre la población civil una guerra que ellos mismos habían solicitado, planeado y perdido.

Irak desencadenó la revuelta de generales retirados contra Rumsfeld, con el mismo resultado. En cada ocasión, el aparato político emerge intacto de la crisis, con un presupuesto aumentado, mientras que la factura política la paga el inquilino interino de la Casa Blanca. Esta vez, el inquilino es Trump, una circunstancia que facilita la operación, ya que destituir a un presidente ineficaz es una hazaña al alcance de todos.

Fuente: L’Antidiplomatico

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Sin embargo, quiero pensar que me sorprende ese regreso a la crueldad, a la negación del más elemental de los derechos humanos, al horror que en muchos casos —ahí está la historia para demostrarlo y recordárnoslo— supuso el exterminio de lo diferente. Porque es difícil aceptar sin torcer el morro que la cosa no tiene remedio, que lo de Italia, lo de Alemania, lo que se avecina si no se pone remedio en Francia o España es lo que tenemos en casi todo el mundo a la vuelta de la esquina. No quiero decir que el miedo al fascismo sea el motor principal de cara a no perder las elecciones el año que viene. Pero independientemente de las elecciones aquí, en Francia, en Alemania, donde sea, el fascismo asusta.

Un remedio fundamental para evitarlo es que las democracias —y más aún las que tienen gobiernos progresistas y de izquierdas— hagan sus deberes, que demasiadas veces no los hacen. Miren España: la vivienda, la Ley Mordaza, Ceuta y el Sáhara con el abrazo de fondo con Marruecos, las erráticas políticas de inmigración, la humillación bajo el imperio del dinero, la increíble impunidad de la justicia… O sea: el abandono sin complejos de una verdadera política de izquierdas. Lo demás, marear la perdiz para que al final sean los fascistas quienes se froten las manos predicando el final de las democracias. No me olvido de Trump y Aznar, los padres modernos de la patria fascista. O neofascista. O como ustedes quieran.

A la hoguera, a la hoguera

Y en esa mirada sobre lo que nos está pasando, me llega en infoLibre la noticia: José Saramago lleva camino de ser prohibido en Portugal. No exagero. El gobierno de derechas y extrema derecha (siempre van juntos, sea cual sea la fórmula que hayan adoptado) ha dicho que los libros de Saramago que son de lectura obligada en la enseñanza secundaria en ese país se conviertan en optativos. Es una manera ¿sutil? de anunciar lo que vendrá después de esa decisión. Poco a poco la obra de Saramago y él mismo irán formando parte de ese Fahrenheit 451 que nos adelantó Ray Bradbury a comienzos de los años cincuenta del pasado siglo.

Ya sé que el mundo no va bien. Que anda patas arriba. Que, como escribió Horace Walpole en El castillo de Otranto hace más de dos siglos, «todo tiende directamente a la catástrofe». Pero precisamente por eso, porque vemos cómo el fascismo está ocupando incluso ese lugar incógnito por donde antes anduvieron nuestros sueños, leer a José Saramago es algo tan hermoso como imprescindible. Una de sus obras que está en la lista de lecturas en los institutos portugueses es El año de la muerte de Ricardo Reis. Nada menos. Si tuviera que elegir —por poner un número— las cinco mejores novelas del mundo mundial, una sería ésa, sin ninguna duda. Vuelvo a ella más que de vez en cuando. Y me sigue acercando esa belleza que como escribió Rilke —y Rimbaud, de otra manera— esconde también —para ser completa— lo terrible. La ironía en ese duelo dialéctico entre Reis y Pessoa. Los fantasmas que cobran humanidad porque los fantasmas sólo existen cuando les quitamos las sábanas de encima y charlamos con ellos como si tal cosa. Ese regreso al pasado para saber quiénes somos de verdad y no unos impostores como alguna gente que yo y ustedes (bueno, que ustedes y yo) nos sabemos.

Una de las excusas que ha puesto el gobierno portugués para cuestionar a Saramago es que su escritura es compleja, demasiado difícil para que el alumnado de esa edad pueda entenderla. No tienen ni idea. Que lean el libro Lo que una ama. Pensar la palabra, vivir la lectura, de Miren Billelabeitia, y sabrán lo que es bueno. Esta profesora —vasca de Mungia— creó unas tertulias con sus estudiantes de secundaria en las que leían obras literarias que los inquisidores portugueses mandarían directamente a la hoguera, como cantaba mi añorado Javier Krahe. Hablo de La metamorfosis, de Hamlet, de La Odisea, de Las Troyanas… Y los resultados fueron para el Guinness de la comprensión lectora. Lo que hay que leer —dicen voces que a lo mejor sin darse cuenta ponen a calentar el huevo de la serpiente— es lo que se entiende a la primera, lo que no nos provoca ningún desasosiego, lo que nos aleja del conflicto. O sea: la basura que hoy ocupa las listas de éxitos llamados como una burla macabra literarios. Por eso el informe PISA nos saca los colores, porque aquí se lee muy poco y rematadamente mal. Y no hablo sólo del alumnado en las distintas etapas de la enseñanza.

El fascismo, a lo suyo

En realidad lo que hay detrás —y delante— de lo acordado en Portugal con los libros de Saramago —por cierto, el único Nobel portugués en toda su historia— es la persecución fascista a lo que respire aires de libertad, de pensamiento crítico, de buscarle al gato los cuatro pies cuando sabemos a ciencia cierta que con tres se apaña de maravilla para ejercer su oficio de cazar ratones, como nos dejó dicho ese prodigio de imposturas que fue y sigue siendo Felipe González. Leer a un escritor comunista. Hasta ahí podíamos llegar. Porque de eso se trata. A las llamas todo lo que no sea su ideario patriótico de pacotilla, la cultura de la contestación, esa feliz posibilidad de entenderte con quien piensa de manera diferente. Dice el portavoz o yo qué sé de la extrema derecha portuguesa que Saramago «no representa la cultura portuguesa». Burro que es el tío. Aquí nadie habla de representar nada. Sólo de leer o no leer a un escritor que es de lo mejor que ha dado la literatura universal. Y si encima es de tu propio país… Burro que es el tío.

Pero no hay manera. El fascismo sólo entiende de lo suyo. Y aquí mismo, sin ir más lejos, eso tendremos con el dúo PP y Vox si ganan las elecciones el año que viene. Puedo hablar en primera persona: el gobierno valenciano de PP y Vox (se llame como se llame su fórmula de entendimiento) ya están haciendo de las suyas. Las amenazas han regresado para asustar a las voces y escrituras críticas con la derecha y la extrema derecha (desgraciadamente, cada vez más una misma cosa). Quienes antes sufrimos esas amenazas las estamos sintiendo de nuevo delante de nuestras narices. Y no pasa nada. La impunidad del fascismo —en sus distintas formas— en este país es para echarse a llorar. O al monte.

En los tiempos difíciles

Por todo eso —y mucho más que no cabe en esta columna de infoLibre, escrita a bote pronto nada más leer la noticia— hay que leer a José Saramago. Porque, como ya escribí en una de mis columnas en el diario Levante-EMV de València hace unos años: «En los tiempos difíciles nos seguirá haciendo falta gente como José Saramago para que no se nos coman, como los gusanos a los muertos, la indecencia planetaria y la falta de esperanza». Pues eso mismo digo ahora. Eso mismo.

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/fascismo-leer-saramago_129_2236576.html

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Cuando un país de soberanía limitada, como Italia, empieza a flaquear, la gente protesta.

En ese momento surgen, como es natural, movimientos políticos que reivindican la dignidad y la autodeterminación como medios para salir del impasse.

Estos movimientos soberanistas pueden presentar perfiles muy distintos, que se corresponden, a grandes rasgos, con dos formas de reivindicar la soberanía, vinculadas respectivamente al Estado neoliberal y al Estado social.

El soberanista neoliberal suele presentar rasgos euroescépticos y mostrarse hostil a algunos de los efectos de la globalización, como las migraciones y el multiculturalismo, al tiempo que formula estridentes reivindicaciones conservadoras y tradicionalistas —apelando a la religión nacional y a las costumbres de los antepasados—. Sin embargo, resulta curiosamente evasivo en materia económica, donde se limita a reafirmar un modelo liberal idealizado —el de los pequeños propietarios— y guarda absoluto silencio sobre cómo afrontar —o incluso sobre si debe afrontarse— el Moloch de las asimetrías de poder derivadas de la renta. Confía en las virtudes de la competencia —aunque, naturalmente, de una competencia «buena» y «leal»—. También suele mostrarse taciturno en lo relativo a las relaciones con el bloque de poder transatlántico (EE. UU. + Israel). Reivindica un «Estado fuerte» en el sentido específicamente neoliberal: fuerte militarmente, fuerte en materia de seguridad, fuerte en sus gestos de orgullo nacional, pero ausente y desaparecido en el terreno social.

El soberanista social también mantiene posiciones euroescépticas, pero las extiende a las relaciones internacionales, a la OTAN y a Estados Unidos. Es crítico con el conjunto de las «libertades de circulación» —de capitales, mercancías y fuerza de trabajo—, pero prefiere una lectura social de los procesos migratorios —el «ejército industrial de reserva»— a una lectura étnica. No utiliza la palanca simbólica del conservadurismo y el tradicionalismo, sino que prefiere formulaciones que ponen el acento en lo comunitario. En materia económica, defiende decididamente la existencia de un Estado social robusto, con una importante función redistributiva, así como un papel activo del Estado en la industria. Rehuye los tonos nacionalistas.

Estos dos retratos se corresponden, a grandes rasgos y respectivamente, con los dos partidos alemanes de los que tanto se habla estos días: AfD y BSW.

Lo interesante es observar la diferencia de apoyo entre AfD y BSW y, de manera más general, entre los soberanismos neoliberales y los soberanismos sociales en Europa. En Alemania, la proporción es de casi diez a uno. Es un dato que invita a reflexionar. ¿Cómo es posible que posiciones afines, pero diferenciadas sobre todo en lo relativo a las desigualdades sociales y al cuestionamiento de los intereses del gran capital, tengan un seguimiento tan dispar?

Señalo de paso que esta dicotomía política entre soberanismos neoliberales y soberanismos sociales está presente en todos los países europeos, pero que, salvo contadas excepciones, solo los primeros han conseguido atraer la atención del gran público y cosechar cierto éxito electoral.

¿Por qué?

Creo que la razón es tan desagradable de escuchar como fácil de comprender.

Muchos se afanan en buscar las razones en este o aquel error de comunicación, en esta o aquella incongruencia, en este o aquel paso en falso. Pero si observamos, por ejemplo, las respectivas trayectorias de AfD y BSW, veremos que ha habido errores de comunicación, incongruencias y pasos en falso por ambas partes. Sin embargo, los primeros han sufrido sus consecuencias mucho menos que los segundos.

De nuevo: ¿por qué?

La respuesta, creo, es elemental.

Los soberanismos neoliberales se prestan —que lo hagan intencionadamente o no es irrelevante— a ejercer como perfectos gatekeepers: recogen el descontento y el malestar reales de la población y los convierten en programas completamente inocuos en el terreno de las relaciones reales de fuerza. No alteran ni una coma de la distribución del poder, de las desigualdades económicas ni de las relaciones de subordinación respecto de las élites internacionales. De vez en cuando, ponen cara feroz ante las cámaras frente a algún ratero de poca monta, algún islamista descerebrado o algún suceso de actualidad. Este posicionamiento resulta sumamente conveniente para quienes realmente manejan las palancas del poder, que por ello conceden abundante espacio mediático —y a menudo cuantiosos fondos— a los soberanistas neoliberales. La historia italiana de la Liga de Salvini, de los Fratelli d’Italia de Meloni y, hoy, de Vannacci responde exactamente a este esquema. Son fuerzas cuyo papel fundamental en la política italiana ha consistido, y sigue consistiendo, en encauzar las demandas de autodeterminación y soberanía popular hacia direcciones que no incomoden a quienes manejan los hilos

Los soberanismos sociales, en cambio, al no prestarse a este uso, no pueden convertirse en el «plan B» de las élites financieras —el «plan A» son los partidos liberales clásicos, desde la CDU hasta el PD—. Por ello reciben un tratamiento mediático —y financiero— muy distinto, empezando por la pura y simple ausencia de cobertura mediática y de fondos con los que construir algo.

Quisiera concluir con una breve reflexión de largo alcance.

Quien piense que este mecanismo es una invención reciente debería prestar atención a algunos grandes y ejemplares precedentes históricos.

La historia del movimiento fascista se caracteriza, como es sabido, por partir de unos planteamientos socializantes, populares y redistributivos —el Manifesto dei Fasci di Combattimento de 1919— para virar posteriormente hacia un modelo económico favorable a los grandes terratenientes y a la Confindustria. Esta «conversión en el camino de Damasco», que llevó a un pequeño partido de apenas 300 personas a gobernar el país en el plazo de tres años, se produjo gracias a un pacto fundamental que garantizaba los intereses de los grandes propietarios agrarios y de la gran industria.

La historia del movimiento nacionalsocialista se caracteriza igualmente por el giro que condujo al apoyo del gran capital alemán a cambio de la liquidación del ala «social» del NSDAP, representada por Ernst Röhm y los hermanos Strasser —la «Noche de los cuchillos largos», de 1934—.

Que aquellos gatekeepers del Ventennio acabaran demostrando ser poco fiables y, en parte, contraproducentes para la misma mano que inicialmente los había alimentado no constituye necesariamente una lección consoladora.

Fuente: Facebook.

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El ambiente en la gala de la noche electoral del partido ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) el domingo fue sombrío. Horas antes, los fieles del partido se habían mecido al ritmo de «Dancing Queen» bajo luces moradas y rosas, e imitaban el característico gesto de Trump de levantar el puño al son de «YMCA». Pero a medida que empezaron a llegar los resultados de las encuestas a pie de urna, la atmósfera cambió. La noticia fue decepcionante, aunque no del todo inesperada: con el 17,5% de los votos, el SD había perdido terreno por primera vez en unas elecciones al Riksdag. Hace cuatro años, cuando los simpatizantes se reunieron en un hotel frente al mar en Nacka para celebrar el histórico avance del partido con el 20,5% —convirtiéndolo en el segundo partido más grande de Suecia después de los socialdemócratas— reinaba la euforia. Liderado por Jimmie Åkesson, cuya presentación moderna y relajada se considera clave para sacarlo de la extrema derecha y llevarlo a la corriente principal, el SD parecía imparable. Pero el domingo, la triste imagen de las luces de discoteca en una pista de baile vacía parecía estar a años luz de esa energía rebelde.

En 2022, el sólido resultado del partido le otorgó un considerable poder de negociación con los partidos burgueses tradicionales: los Moderados, los Liberales y los Demócratas Cristianos. El acuerdo resultante se formalizó en el Acuerdo de Tidö: los partidos de centroderecha formaron un gobierno, liderado por Ulf Kristersson del Partido Moderado, mientras que el SD permanecería fuera del gabinete, pero lo apoyaría en el parlamento a cambio de una influencia sustancial en las políticas. Posteriormente, Åkesson dejó claro que no esperaba permanecer fuera indefinidamente, y durante la campaña de este año, Kristersson prometió que si la coalición Tidö se imponía, el SD finalmente obtendría carteras ministeriales.

Tras un recuento de votos de infarto, las aspiraciones ministeriales de la SD se vieron frustradas. El bloque gobernante de derecha perdió ante la oposición de centroizquierda encabezada por los socialdemócratas de la ex primera ministra Magdalena Andersson —junto con el Partido de la Izquierda, los Verdes y el Partido del Centro— por menos de un punto porcentual, 48,9% frente a 49,6%. La distribución de escaños fue idéntica a la de 2022, con 173 para los partidos de Tidö y 176 para sus oponentes. Sin embargo, dado el estrecho margen de victoria, el ganador fue también, en cierto modo, un perdedor. Los socialdemócratas obtuvieron la mayor cantidad de votos, pero aun así registraron su peor resultado electoral en casi un siglo. Tan solo esta primavera, el partido tradicional del gobierno sueco rondaba el 34% en las encuestas; el domingo terminó con un 28%, un descenso del 2,3% respecto a 2022 y ocho escaños menos, para un total de noventa y nueve.

Según las encuestas de Novus, la sanidad, la educación y el orden público eran las tres principales preocupaciones de los votantes. En este contexto, los socialdemócratas también basaron su campaña en el temor de los votantes a que el SD entrara en el gobierno. Un mensaje recurrente en la campaña fue: «Si no quieres doce ministros del SD después de las elecciones, vota por los socialdemócratas». (La cifra proviene de Åkesson, quien declaró a Aftonbladet que, si la alianza Tidö ganaba las elecciones, los cargos ministeriales se repartirían en proporción al apoyo popular). Los socialdemócratas buscaron aliarse con sectores de la derecha burguesa. El partido cortejó agresivamente a los llamados «Magdamoderater», simpatizantes del Partido Moderado dispuestos a votar por Andersson. Este grupo de votantes urbanos, con un alto nivel educativo y de ingresos elevados, se sitúa firmemente en la derecha en cuestiones económicas, pero rechaza el racismo grosero de los Demócratas de Suecia. Tal repulsión se basa en parte en el desprecio de clase hacia el electorado del SD, con su predilección por los tatuajes vikingos, la estética rural estadounidense y el kitsch motero. Como rezaba un editorial del periódico liberal Dagens Nyheter : «¿Quieren política burguesa? Entonces no deberían votar por los partidos de Tidö».

Durante toda la campaña, Andersson hizo hincapié en las «coaliciones amplias» y afirmó estar dispuesta a cooperar con cualquier partido, excepto el SD. Para atraer a los centristas y conservadores tradicionales, su partido adoptó una postura más firme en materia de «ley y orden» —un tema que ha resultado beneficioso para la derecha— y adoptó posiciones tradicionalmente derechistas a favor de la energía nuclear . Esta fue una apuesta que les costó caro en las urnas: al virar a la derecha, lograron alienar a parte de su base electoral, perdiendo votantes frente al Partido de la Izquierda y el Partido Verde, que experimentaron un modesto aumento en su porcentaje de votos. La Izquierda socialista obtuvo el 8,4% (frente al 6,8% en 2022) —y seis escaños adicionales, la mayor ganancia de cualquier formación— con una plataforma que aboga por la reconstrucción del estado del bienestar, el fin de la búsqueda de beneficios en la sanidad y la educación, y una política de empleo respetuosa con el medio ambiente. No muy lejos, los Verdes, de centroizquierda y corte socialmente liberal, obtuvieron el 6,1% (frente al 5,1%) y sumaron cuatro escaños a su total.

Mientras tanto, muchos de los ‘Magdamoderater’ terminaron votando por el Partido de Centro neoliberal, que obtuvo alrededor del 7 por ciento. Al final, el 17,5 por ciento del SD fue superado por los Moderados, la formación más grande del bloque de derecha, que obtuvo el 19,8 por ciento, revirtiendo el resultado de cuatro años antes. Los Liberales promercado consiguieron un ajustado 5,3 por ciento, superando el umbral del 4 por ciento para la representación en el Riksdag, probablemente impulsados ​​por «votos tácticos» captados de los Moderados y el SD, mientras que los Demócratas Cristianos obtuvieron poco más del 6 por ciento. Kristersson luchó por la reelección argumentando que su Partido Moderado había «saneado las cosas»; citó con frecuencia el número de solicitantes de asilo, que ha caído a su nivel más bajo en cuarenta años, y afirmó que los tiroteos mortales se han reducido en tres cuartas partes desde que la coalición llegó al poder. El SD, no del todo inverosímilmente, intentó atribuirse el mérito de estos mismos logros, posicionando al partido como el «garante» de las restrictivas políticas de inmigración del gobierno de Tidö.

De hecho, la caída en el porcentaje de votos de los Demócratas de Suecia puede reflejar, en parte, su éxito al impulsar su tema estrella. En 2022, la inmigración ocupó el primer lugar entre las principales preocupaciones de los votantes. Durante años, Estocolmo tuvo algunas de las políticas de asilo más generosas de la UE. En el punto álgido de la crisis de refugiados en 2015, Suecia acogió a 163.000 solicitantes de asilo en un país de menos de diez millones de habitantes, el 12% de todos los que buscaron protección en Europa. Los SD capitalizaron la reacción negativa que siguió, exigiendo ayudas sociales para los suecos en un momento de importantes recortes presupuestarios. En 2010, el año en que el partido entró por primera vez en el Riksdag, las prestaciones por desempleo de Suecia cayeron por debajo del promedio de la OCDE; doce años después, los votantes acudieron a las urnas en medio de una crisis del coste de la vida, causada en parte por la guerra en Ucrania. Los cuatro años posteriores de gobierno de derecha transformaron a Suecia de uno de los países más acogedores para los refugiados a uno de los más restrictivos. Desde su máximo en 2015 durante la crisis de refugiados, las solicitudes de asilo se han desplomado un 96 por ciento y el número de refugiados aceptados para reasentamiento se redujo de 5.000 a 900. En 2024, el gobierno de Tidö anunció que, por primera vez en más de medio siglo, el número de personas que abandonaban Suecia superaba al de las que llegaban al país. 

Se han introducido varias políticas controvertidas como parte del nuevo régimen de inmigración. A los refugiados se les ofrece ahora 27.000 libras esterlinas para que abandonen el país. Más polémicas aún han sido las llamadas «deportaciones de adolescentes». La Agencia Sueca de Migración ahora afirma que la residencia basada en los lazos parentales se concede solo en casos excepcionales que impliquen una «dependencia especial» después de los dieciocho años. En la práctica, esto significa que los adolescentes que no hayan obtenido permisos de residencia permanente antes de cumplir los dieciocho años pueden enfrentarse a la deportación a su país de origen. El gobierno también ha puesto en el punto de mira a los adolescentes de familias inmigrantes como parte de su promesa de ser «duro con el crimen», en particular con la violencia de las bandas relacionada con las drogas. El 1 de julio, las cárceles de alta seguridad para adultos comenzaron a albergar a presos de tan solo quince años; el mes pasado, el parlamento votó a favor de reducir aún más la edad de responsabilidad penal, a catorce años. En junio, el Riksdag aprobó la controvertida «ley del soplón», que obliga a los empleados de la seguridad social, el servicio de empleo y otros organismos públicos a denunciar a la policía a los presuntos inmigrantes indocumentados. Según expertos en derecho , la legislación representa la «internalización de la gobernanza fronteriza en las infraestructuras de bienestar».

Al igual que su homólogo en la vecina Dinamarca, los socialdemócratas han seguido a la derecha al adoptar un enfoque más restrictivo hacia la inmigración . «Teníamos uno de los sistemas de asilo más generosos de Europa», ha dicho el líder del partido, Andersson , «y eso fue un error». Si bien el SD no logró obtener los votos que esperaba el domingo, ha conseguido modificar de forma duradera la política migratoria sueca; con el centro en general de acuerdo, solo el Partido de la Izquierda y los Verdes siguen defendiendo el enfoque tradicional de Suecia para acoger a los refugiados. Junto con este desarrollo, los criminólogos suecos han identificado un «cambio de paradigma» en las percepciones de peligro y riesgo social. La noción clásica socialdemócrata de seguridad —trygghet en sueco— se basa en el acceso al trabajo, el bienestar, las pensiones y la atención médica. En los últimos años, los partidos Tidö han intentado reconceptualizar trygghet en términos de seguridad frente al crimen. Los socialdemócratas han accedido efectivamente a la interpretación de la derecha; Ahora, «seguridad» significa proteger a la nación de amenazas extranjeras y nacionales, mediante penas más severas y vigilancia policial.

Aunque los Moderados experimentaron un ligero aumento en su porcentaje de votos con respecto a 2022 —principalmente al captar votantes del SD—, el mandato del primer ministro saliente, Kristersson, se ha visto empañado por una serie de escándalos decididamente atípicos para Suecia, lo que no ayudó a la coalición Tidö el domingo. Suecia suele figurar entre los países menos corruptos del mundo; en su apogeo, los socialdemócratas eran famosos por devolver sus lápices al parlamento al jubilarse. Esto hizo que los errores de Kristersson fueran aún más chocantes. A finales de 2022, el recién elegido primer ministro nombró a un amigo íntimo de la infancia, Henrik Landerholm, como asesor de seguridad nacional. Landerholm demostró una negligencia casi cómica: dejó su teléfono durante la noche en la embajada húngara durante las tensas negociaciones sobre la adhesión de Suecia a la OTAN; extravió una libreta en Radio Suecia e hizo que un taxi la llevara a una cafetería de Estocolmo; y, más grave aún, dejó documentos clasificados en una taquilla de hotel, donde posteriormente fueron descubiertos por el personal de limpieza. Mientras tanto, Kristersson defendió a su amigo de la infancia, quien finalmente renunció el año pasado. La esposa de Kristersson, Birgitta Ed, sacerdotisa luterana ordenada, también ha sido objeto de controversia. En junio, la Iglesia de Suecia inició una investigación sobre su conducta tras informes de que su fundación espiritual reclutaba voluntarios para realizar trabajos no remunerados de recaudación de fondos y renovación en una propiedad de la que es copropietaria, con el fin de establecer contactos. La fundación promueve la «salud existencial», que postula que el significado y el propósito son tan esenciales para el bienestar como la salud física; Aftonbladet informó que el director de la Agencia de Salud Pública de Suecia fue destituido tras cuestionar una directiva gubernamental para incorporar este concepto a su trabajo.

Llamó la atención la ausencia de cualquier desacuerdo importante sobre la dirección de la política exterior sueca durante la campaña. Mientras que los diputados de Izquierda y Verdes votaron en bloque contra la adhesión a la OTAN en 2023, hoy prevalece un consenso belicista. El exlíder del Partido de Izquierda, Jonas Sjöstedt, actualmente eurodiputado, ha sido descrito en los medios suecos como un «militarista reticente»: aunque su programa oficial declara estar en contra de la «militarización y la carrera armamentística», Izquierda ahora apoya el rearme sueco y el apoyo máximo a Ucrania, sumándose a los Verdes en un consenso en todo el Riksdag. Aún se escuchan voces disidentes —diputados de Izquierda y Verdes se opusieron al Acuerdo de Cooperación en Defensa con Estados Unidos, que permite al ejército estadounidense el acceso a más de una docena de bases en todo el país—, pero el cumplimiento se puede demostrar de otras maneras. Cuando el tabloide de centroderecha Expressen lanzó una caza de brujas por «antisemitismo» contra miembros del Partido de Izquierda durante la campaña, la dirección actuó con rapidez para eliminar a los acusados ​​de sus listas. 

Durante la campaña electoral, el Partido de Izquierda anunció que buscaría obtener ministerios por primera vez en su historia. A diferencia de la vecina Finlandia, donde el Partido Comunista formó parte de gobiernos de coalición durante la Guerra Fría, y donde su sucesor, la Alianza de Izquierda, ha integrado varios gabinetes desde la década de 1990, en Suecia la izquierda nunca ha gobernado. Tras haber logrado el mayor aumento en el porcentaje de votos de todos los partidos en estas elecciones, la izquierda seguramente se sentirá fortalecida en las negociaciones. Sin embargo, también existen poderosas fuerzas contrarias en juego. El Partido del Centro, que detesta tanto a los Demócratas de Suecia como a la izquierda, hizo campaña por un gobierno centrista para excluir a los dos partidos minoritarios. Antes de las elecciones, su fórmula preferida era un gobierno compuesto por los socialdemócratas, los verdes y los democristianos, aunque esa combinación ahora no alcanza la mayoría. La propia Andersson ha mostrado poco entusiasmo por incorporar a la izquierda al gabinete. Las relaciones se han tensado desde 2021, cuando el partido contribuyó a la caída de su predecesor socialdemócrata, Stefan Löfven, por sus planes de liberalizar la fijación de precios de los alquileres en las viviendas de nueva construcción. Sin embargo, excluir a la izquierda plantea sus propias dificultades, y un gobierno de centroderecha sería muy impopular entre la base socialdemócrata.

Las próximas semanas probablemente serán agotadoras para Andersson. A pesar del aparente éxito de la oposición de centroizquierda que lidera, la votación del domingo fue en realidad una victoria para la derecha. En Suecia, al igual que en Finlandia y Dinamarca, la popularidad de los partidos de extrema derecha ha llevado a amplios sectores de la política tradicional a adoptar su programa. Y con escasa diversidad de pensamiento sobre militarismo y defensa, es poco probable que los próximos cuatro años sean radicalmente diferentes de los últimos cuatro.

Fuente: https://newleftreview.org/sidecar/posts/victory-in-defeat

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Por C.O.M.I.D.A.D. (Comitato d’Iniziativa Demistificazione Azione Diretta).

Una de las técnicas más utilizadas y abusadas por los medios de comunicación para suprimir información que pueda alterar la narrativa oficial es enfatizar hechos ya conocidos para desviar la atención de lo desconocido. Que el gobierno israelí había sido informado por múltiples fuentes de un inminente ataque de Hamás quedó claro inmediatamente después del 7 de octubre de 2023. Otros aspectos de la narrativa oficial en torno al 7 de octubre se desmoronaron de inmediato, como la historia de las matanzas y violaciones de niños. Además, se reveló que muchos de los asesinatos atribuidos a Hamás fueron causados ​​en realidad por la infame «Directiva Aníbal», aplicada por las Fuerzas de Defensa de Israel tanto a civiles como a soldados israelíes. El verdadero avance en la investigación del periódico israelí Haaretz hace unos días radica en que ha desmantelado una de las principales coartadas utilizadas para justificar el genocidio en Gaza. En los días inmediatamente posteriores, Qatar ya había planteado al gobierno israelí la posibilidad de la liberación incondicional por parte de Hamás de todos los rehenes civiles (que, al fin y al cabo, eran solo rehenes, ya que los militares eran considerados prisioneros de guerra). Por lo tanto, el ataque israelí contra Gaza no tuvo nada que ver con la liberación de los rehenes. La forma en que se llevó a cabo el ataque israelí contra Gaza ya evidenciaba un total desprecio por la vida de los supuestos rehenes; hoy, sin embargo, nuestros medios de comunicación tienen una prueba más que ignorar.

Hay que decir que es completamente inútil preguntarse qué efecto político podría tener esta noticia, ya que la respuesta sería demasiado obvia: ninguno.

No existe posibilidad de que pruebas contrarias puedan alterar la versión oficial, como se vio en el caso del ataque al gasoducto North Stream. De nuevo, en contra de las pruebas, los medios alemanes presentan a la AfD como un partido antisistema. El hecho de que la AfD haya adoptado repetidamente posturas explícitamente proisraelíes y prosionistas es completamente irrelevante; de ​​hecho, incluso demostraría que la AfD es antisemita . La realidad, sin embargo, queda demostrada por la forma en que la AfD cuestionó la decisión del gobierno de Merkel de permitir la entrada a Alemania de casi un millón de refugiados sirios. Tal como se plantea el asunto, parecería que Merkel vio pasar a un millón de sirios y los invitó por iniciativa propia. Uno podría imaginar la conversación, con Merkel invitando a los sirios a Alemania, instándolos a no ser tímidos ni a andarse con formalidades, mientras los sirios responden que no quieren molestarla; pero como Merkel insiste, aceptan la invitación. La realidad es que en 2015, la agresión occidental contra Siria estaba en marcha para eliminar al régimen de Assad, por lo que acoger al millón de sirios era necesario para evitar desacreditar la propaganda sobre los objetivos humanitarios de dicha agresión. Que la eliminación de Assad sirvió a los intereses del Gran Israel es evidente hoy, ya que el ejército israelí ocupa el sur de Siria. Gracias a las posiciones que ha adquirido en Siria, el ejército israelí también ocupa el sur del Líbano y lleva a cabo una limpieza étnica; esto conlleva la perspectiva de millones de refugiados más presionando a las puertas de Europa. No hay rastro de esto en las comunicaciones de la AfD, lo que evidencia la falsedad de su polémica sobre inmigración y demuestra que, incluso si hubiera antisemitas dentro de la AfD, ciertamente no hay antisionistas. Después de todo, es un sistema de pseudocracia, donde se ofrecen al electorado alternativas ficticias para que el flujo automático de dinero continúe sin interrupciones. Si Israel y Ucrania ponen fin a su guerra, el ciclo financiero del que son protagonistas y que los mantiene a flote también llegará a su fin .

La narrativa oficial puede prescindir de la verificación de hechos porque es una epopeya basada en roles; por lo tanto, un juego de rol indiferente a los acontecimientos, ya que cualquier evento se reinterpreta únicamente en función del rol. Una vez que se establece que alguien asume el rol del enemigo, lo que haga o diga importa poco, ya que todo se interpretará como un desafío y una amenaza por su parte. Esta visión épica termina infectando incluso a círculos disidentes, que se han apegado a la representación de un supuesto «desafío BRICS» o las aspiraciones de China de suplantar el dominio del dólar. Esta narrativa basada en enemigos, desafíos y amenazas avanza por sí sola, indiferente a los acontecimientos y su cronología. La realidad es que Estados Unidos está haciendo todo solo, y el dominio del dólar se ha visto socavado por sus propias sanciones. Después del aluvión de sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos y la UE en 2014, China y otros países corrían el riesgo de quedarse sin materias primas de Rusia, por lo que se vieron obligados a idear métodos de pago alternativos a la red SWIFT controlada por Estados Unidos . Además, existe la paradoja de que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han bloqueado muchos de los negocios de los oligarcas rusos y han debilitado sus vínculos con Estados Unidos y Europa, aumentando así la influencia militar sobre el Kremlin.

Dentro de estas representaciones épicas artificiales yacen contradicciones éticas igualmente artificiales, como la que existe entre intervencionismo y negocios. Los medios de comunicación presentaron el regreso de Trump a la presidencia como una victoria de los negocios sobre el intervencionismo de los neoconservadores . En cambio, se percibió que la presidencia de Trump fue la más sumisa a los deseos de los neoconservadores, hasta tal punto que, en cierto momento, el verdadero presidente de Estados Unidos era Lindsey Graham, quien, entre otras cosas, era un agitador más eficaz que el propio Trump. La muerte de Graham no cambió nada, ya que los neoconservadores no son «idealistas», sino un lobby empresarial que actúa automáticamente, siguiendo el rastro del dinero. Preguntarse si Israel controla a Estados Unidos o viceversa es inútil, puesto que los Estados no son entidades políticas y los verdaderos actores son los lobbies. El lobby neoconservador y el lobby sionista son una sola banda empresarial. El «enemigo» no es una categoría épica ni ética; es una categoría empresarial, una forma de organizar el negocio armamentístico y el movimiento de capital en torno a la defensa contra amenazas imaginarias. La «amenaza» crea el clima de emergencia necesario para saquear los fondos públicos, eludiendo los procedimientos y pasando por alto los conflictos de intereses de la cleptocracia. En un sistema adicto a la «amenaza», esta, junto con la emergencia que genera, se convierte en regulador y soberano. Cualquiera que objete que las actividades de cabildeo desestabilizan la economía se convierte en enemigo y en una amenaza para la seguridad nacional; por lo tanto, cualquier crítica en sentido contrario se utiliza para reforzar el mecanismo de emergencia.

Fuente: https://www.comidad.org/dblog/default.asp

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Por Luciana Bertoia

El arrebato nacionalista que sufrió Javier Milei, que hizo que pasara de declararse un admirador de Margaret Thatcher a encarnar la defensa de la causa Malvinas, escondía algo detrás. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” que la Casa Rosada envió al Congreso funciona, para opositores, especialistas y referentes de derechos humanos, como un caballo de Troya que encubre nuevas funciones para las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, así como la posibilidad de perseguir a quienes sean sindicados por tener supuestos vínculos con Estados u organizaciones extranjeras o por realizar “campañas coordinadas de desinformación”.

Dos semanas después de que Milei hiciera una cadena nacional para hablar de la cuestión Malvinas –subiéndose a la ola que generó ver a un grupo de jugadores de la Selección flamear una bandera que decía que las Malvinas son argentinas y en medio de las rispideces entre Donald Trump y el Reino Unido–, apareció el proyecto de ley que el Gobierno había prometido enviar al Congreso.

La iniciativa tiene dos partes: una vinculada a sancionar operaciones en la zona de las islas –que es bastante escueta– y otra, mucho más frondosa, alrededor de la cuestión de la seguridad nacional, que es un tema que la administración de La Libertad Avanza (LLA) ya había anunciado en marzo del año pasado que iba a abordar. O sea, una vieja obsesión que el Gobierno encontró el momento para colar.

“El proyecto hace uso de una causa de enorme consenso social y político, como es Malvinas, como marco para introducir una agenda mucho más amplia de seguridad nacional, sin que haya una situación de riesgo que lo amerite”, explica Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Bajo ese paraguas, amplía las nociones de amenaza y agresión y, con ellas, el marco de intervención de las Fuerzas Armadas e incorpora nuevas herramientas de intervención estatal para restringir el espacio cívico, ampliar la agenda de seguridad nacional para aumentar el financiamiento y el descontrol de los servicios de inteligencia”, añade.

El diagnóstico es compartido por el diputado nacional Agustín Rossi, que preside la comisión de Defensa del Partido Justicialista (PJ). “Está claro que metieron un caballo de Troya. Es una ley ómnibus. Si el Presidente quiere modificar el sistema de seguridad nacional, que envíe una ley específica y la discutimos. No puede incluirla en un proyecto sobre las sanciones en Malvinas”, sostiene el exministro de Defensa.

Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata también denunciaron que el Gobierno está usando la cuestión Malvinas para reeditar la doctrina de seguridad nacional y barrer los límites democráticos y constitucionales que separan la seguridad interior de la defensa.

El eje de la reforma tiene que ver con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Si bien comparte el mismo nombre del que se conformó en los Estados Unidos en la posguerra, sus funciones no serían estrictamente las mismas. El de Washington funciona como un cuerpo que asesora al Presidente. Este, en cambio, será dirigido por el propio Presidente y funcionará como una especie de jefatura de gabinete ampliada, explica un conocedor de la política estadounidense.

En la cadena nacional, Milei había dicho que el CSN estaría integrado por el Presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el canciller y el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En el proyecto se agregaron dos dependencias más: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica. Llama la atención la ausencia del Ministerio de Seguridad. Algunos lo atribuyen a que Alejandra Monteoliva quedó en offside por sus declaraciones sobre Malvinas en la previa del partido con Inglaterra.

“El CSN no debería existir. Argentina no es un país que esté permanentemente en guerra como Estados Unidos. Allá tiene esa lógica. Acá existe, por ley, un Consejo de Defensa Nacional”, sostiene Rossi.

Desde el CELS destacan, por ejemplo, que a diferencia de lo que sí sucede con la composición del Consejo de Defensa, el CSN no prevé la participación de representantes del Congreso o de las provincias, lo que contribuye a dotar al Poder Ejecutivo Nacional de mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Según el proyecto, el CSN puede iniciar investigaciones administrativas contra infractores o contra quienes supuestamente atenten contra la seguridad nacional. La norma faculta al CSN a diferir la comunicación de que esa investigación está en marcha para facilitar la pesquisa. O sea, el Poder Ejecutivo puede investigar a una persona sin que ésta sepa o pueda ejercer su derecho a defensa.

¿Qué es una afectación o amenaza a la seguridad nacional? En el proyecto es definida como acto, actividad, decisión u operación que provenga de un Estado extranjero, una organización extranjera o que sea realizada por una persona humana o jurídica que actúe por cuenta, orden, bajo control o financiamiento de ellos. Con esa definición, una organización de derechos humanos que reciba financiamiento externo y critique medidas implementadas por el Gobierno podría quedar bajo el radar del CSN.

“En el CSN participa la SIDE. Esto quiere decir que la SIDE puede conducir una investigación sin control judicial, lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades”, advierte Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

En materia penal, se establecen también penas de hasta doce años de cárcel para quien sea considerado parte de campañas coordinadas de desinformación masiva. También dice que quien no cuente con residencia permanente en el país no podrá hacer campaña ni propaganda electoral.

El proyecto también habilita el derribo de aeronaves por autorización del Presidente, que puede ser delegada en el ministerio de Defensa, explica también Pandolfi.

La exministra de Seguridad Sabina Frederic resalta que el proyecto busca que el Congreso apruebe cambios que el Gobierno había dispuesto por decreto y que habilitan una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que rompe con el consenso que se generó después de la experiencia criminal de la última dictadura.

“Lo que hace el Gobierno, por ejemplo, es introducir en este proyecto de ley el cambio conceptual que existe en la reglamentación de la ley de Defensa Nacional. La reglamentación que hizo este Gobierno como el de Mauricio Macri, por decreto, introduce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen ante amenazas no estatales”, señala Frederic.

En el texto, de hecho, figura que los militares están facultados para ejercer operaciones convencionales y no convencionales. Las Fuerzas Armadas, además, estarán facultadas a intervenir en la protección de infraestructuras críticas, las que son definidas como “estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”. Pandolfi entiende que un hospital podría ser considerado una infraestructura crítica. Queda una pregunta abierta: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los trabajadores hicieran una huelga?

Fuente: Página 12

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Por Maike Gosch

El pasado domingo, el eurodiputado Raphaël Glucksmann anunció su candidatura a la presidencia de Francia. Las reacciones fueron dispares. Mientras los medios de comunicación tradicionales de Francia y Alemania lo aplaudieron en su mayoría, los representantes de los medios independientes y alternativos expresaron, en su mayoría, críticas y burlas sobre la candidatura de «Glu-glu», como algunos lo llaman.

«El hombre que quiere salvar a Francia de los radicales», titulaba el semanario “Die Zeit”, – antes una publicación de calidad y de tendencia liberal de izquierdas – su artículo sobre la candidatura de Glucksmann. Más abajo se añade: «Glucksmann es de izquierdas, (…) y además, de izquierda moderada».

Es hora de poner las cosas en su sitio: vivimos, al fin y al cabo, en una época en la que la tergiversación del lenguaje alcanza cotas cada vez más descabelladas. Aquí volvemos a encontrar ejemplos maravillosos. A Jean-Luc Mélenchon, un político de izquierdas clásico, se le califica de «radical» (es, junto a Marine Le Pen, uno de los radicales de los que Glucksmann debe salvar a Francia), mientras que la postura de Glucksmann se describe como «moderada». Estas palabras no son neutras: «radical» tiene una connotación claramente negativa, mientras que «moderado» sugiere algo positivo.

Al igual que en su día, en el partido de los Verdes, a una de las alas se la denominaba «Fundis» (es decir, «los fundamentalistas») y a la otra «Realos» (es decir, «los realistas»). En ese contexto, se calificaba de «fundamentalista» el hecho de defender posturas pacifistas y críticas con el capitalismo y el sistema, así como luchar por una mayor democracia de base. Solo en el caso de las posturas ecológicas, que en parte apuntaban a una desindustrialización, este enfoque podría calificarse quizá de «fundamentalista». Por el contrario, aquellos que estaban dispuestos a trabajar dentro del sistema existente y que no abordaban las derivas económicas y políticas del mismo ni combatían las guerras de agresión y las intervenciones estadounidenses eran presentados como «realistas» y, por tanto, «maduros», «sensatos» y «razonables». Podemos observar la misma manipulación en la cobertura mediática de la candidatura de Glucksmann.

Pero, ¿quién es Raphaël Glucksmann y por qué se le puede calificar de «estafa imperial”? Glucksmann es un político, periodista y documentalista francés. Entre 2008 y 2012 fue asesor del presidente georgiano Mijaíl Saakashvili. En 2018 fundó el partido proeuropeo y ecologista Place publique, del que hoy es copresidente.

Además, es hijo de André Glucksmann, un «filósofo estrella» francés y uno de los defensores más acérrimos de las intervenciones militares estadounidenses, quien, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue uno de los cofundadores del think tank proestadounidense «Cercle de l’Oratoire», cuyo objetivo declarado era defender la política exterior estadounidense ante la opinión pública francesa.

Su hijo tampoco ha encontrado hasta ahora ninguna operación estadounidense de cambio de régimen ni revolución de colores que no haya apoyado con entusiasmo. Ya fuera como asesor de Saakashvili en Georgia (el presidente georgiano neoliberal y autoritario, que recibió un apoyo masivo de EE. UU. y de ONG como la Open Society Foundation o USAID), como partidario del movimiento Euromaidán o como redactor de discursos de Vitali Klitschko: Glucksmann se ha situado una y otra vez del lado de las actividades de cambio de régimen respaldadas por Occidente.

También como eurodiputado apoyó con fervor todas las campañas de propaganda estadounidenses a favor del cambio de régimen. Así, en un discurso pronunciado en el Parlamento Europeo difundió rumores sin fundamento según los cuales el Partido Comunista de China extraería «órganos halal» de uigures musulmanes ejecutados para venderlos a clientes adinerados de las regiones del Golfo ; este rumor ya había sido calificado de infundado un año antes (2021) incluso por el «Tribunal Uigur» de Londres, financiado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) a través del Congreso Mundial Uigur. ( EUROPEAN PARLIAMENT 2022-2023 SESSION Verbatim report of proceedings of 2 May 2022)

Pero aún más interesante es el papel de Glucksmann como diputado en el Parlamento Europeo: de 2020 a 2022 presidió la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre «la influencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación» (INGE) y, posteriormente, hasta 2023, su comisión sucesora, la ING2. Bajo su presidencia, la comisión se convirtió en uno de los motores parlamentarios de la exigencia de no solo combatir públicamente la denominada «desinformación extranjera», sino también de imponer sanciones a sus autores y difusores. Ya en enero de 2022, el Parlamento Europeo tituló de forma inequívoca su comunicación sobre las recomendaciones finales de la comisión: «La UE debería establecer un régimen de sanciones contra la desinformación» (la UE debería establecer un régimen de sanciones contra la desinformación). (EU should build a sanctions regime against disinformation | Aktuelles | Europäisches Parlament)

Dos meses más tarde, el Parlamento aprobó el informe. En él se exigían sanciones contra los responsables de la injerencia extranjera y las campañas de desinformación; en el caso de las organizaciones consideradas difusoras de propaganda estatal extranjera, se debería considerar incluso la retirada de las licencias de emisión.

Glucksmann también dirigió delegaciones tanto al Centro de Excelencia de Comunicación Estratégica de la OTAN en Riga como al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas en Helsinki, un punto de enlace entre la UE y la OTAN. En Riga, su comisión colaboró, entre otros, con representantes del Grupo de Trabajo «East StratCom» del SEAE y de la Alianza para la Seguridad de la Democracia del German Marshall Fund.

Quien desee hacerse una idea de sus opiniones y convicciones al respecto puede ver esta informativa entrevista con Glucksmann para el podcast de StratCom de octubre de 2022, en la que afirma que los ucranianos son los verdaderos demócratas y los verdaderos europeos, que enseñan a los europeos (de la UE) el significado de la libertad, y que el corazón y el alma de Europa se encuentran ahora en Kiev. (#StratComPodcast / S3E2: The collapse of illusions: democracy and war (with Raphael Glucksmann)

Así pues, si a veces uno se pregunta cómo se ha llegado a adoptar medidas tan extremas para restringir la libertad de expresión y de prensa en la UE, como las sanciones draconianas contra el periodista berlinés Hüseyin Doğru o el analista político suizo Jacques Baud: Raphaël Glucksmann fue uno de los protagonistas que impulsó esta evolución a nivel de la UE —una evolución que desembocó en aquellos reglamentos y decisiones del Consejo de la UE sobre cuya base pueden imponerse tales sanciones.

Glucksmann no es, por tanto, ni un «izquierdista» (en el sentido clásico) ni un moderado. Tampoco representa la salida moderada al dilema de los franceses, que se ven obligados a elegir entre los dos «radicales», Le Pen y Mélenchon. Es un servidor neoliberal, cercano al mundo empresarial, intervencionista y autoritario del imperio occidental. Exactamente igual que Emmanuel Macron antes que él, con quien comparte muchas similitudes y también una red de contactos. Por eso no sorprende que muchos compañeros de lucha y colaboradores de Macron ya se hayan pasado al bando de Glucksmann, como Sacha Houlié y Aurélien Rousseau (antiguo ministro de Sanidad con Macron y posteriormente director de campaña de Glucksmann) o Marguerite Cazeneuve.

Si los colegas de los medios de comunicación tradicionales indagaran un poco más, lo habrían descubierto fácilmente. Pero probablemente eso ni siquiera es lo que se pretende. Se trata del viejo vino neoliberal e imperialista en odres nuevos, en los que se lee «izquierda» o «derecha», sin que estas palabras signifiquen ya nada en absoluto. Y cualquiera que critique abiertamente los excesos del sistema que defienden y lo cuestione de raíz es tachado de «radical».

Glucksmann no es más que —al igual que Macron y muchos otros antes que él— otra cara bonita destinada a vender una agenda de los poderosos que cada vez goza de menos aceptación entre la población. Su candidatura sirve, evidentemente, para dividir los votos de la izquierda francesa y restárselos al candidato antiimperialista y socialista Mélenchon. A ver cuántas repeticiones más de este mismo juego tendremos que soportar hasta que la mayoría de la población se dé cuenta de lo que está pasando. En cualquier caso, Glucksmann debe ganar primero en octubre las primarias conjuntas de los socialdemócratas para poder presentarse como candidato único de este bloque

Por cierto, quien quiera echarse unas risas en estos tiempos sombríos, puede ver esta divertida y reveladora conversación (en francés) de los periodistas independientes franceses Alexis Poulin, Yohan Pavec y Félix Marquardt sobre la etapa de Glucksmann en Georgia. En ella, un antiguo compañero y conocido de Glucksmann relata su poco honorable comportamiento como asesor del presidente Saakashvili y ofrece interesantes detalles sobre su carácter y su trayectoria. (GLUCKSMANN : SAAKACHVILI, JET-SKI, SOIRÉES, LOBBYING… FELIX MARQUARDT RACONTE TOUT)

Fuente: https://www.nachdenkseiten.de/?p=155436

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Primero una consideración sobre los resultados: el aumento de participación ha significado 250.000 votantes más; ese aumento se ha distribuido entre todos, no ha sido en una sola dirección: AFD + 354.000 votos, pero el SPD tambien ha ganado algo, 33.000 votos, y dado que ha surgido BSW, que no estaba presente en las elecciones anteriores, es plausible que sus casi 70.000 votos sean en parte nuevos votantes, algún voto de Die Linke (no muchos, con 112,5 mil votos solo ha perdido 4,5) y también algún voto conservador. La gran perdedora es la CDU, con casi 170.000 votos menos que en su gran mayoría habran ido a para a AFD, seguido de el FDP con 34.000 votos. En otras palabras la extrema derecha se ha alimentado a partes más o menos iguales de la abstención y la captura de votos de la derecha.

El problema político grave está situado en la derecha -como en los años treinta-. En el centro izquierda y la izquierda (USPD, DL, BSW) se han ganado 100.000 votos con respecto a 2021 cuando sumó 206.000. No retrocede, progresa de manera importante, pero su progreso no compensa el hundimiento de la CDU.

Los verdes tambien crecen; con 117.000 votos doblan sus resultados. Sería el único partido de centro equívoco que se mantiene. Por último, la polarización ha movilizado por las dos partes.

Ahora la continuación. ¿Quién gobernará? Con toda lógica, AFD, por el volumen de su voto y porque es absolutamente imposible una coalición del resto, y quimérica la propuesta de BSW de pactar un presidente de gobierno suprapartidos. Lo será en la tercera votación por dos vías: por la “fuga” de tres diputados de la CDU, pactada o espontánea, o por la abstención que ya ha anunciado BSW en la última votación, con lo que AFD se haría con el gobierno por mayoría simple.

Creo que BSW se ha precipitado en su anuncio. Podría haber esperado a hacerlo en el útimo momento para forzar la “ fuga” conservadora. Lo que no condenaré por principio es que se abstenga. Puede tener argumentos, como el que desarrolla el director de La Vanguardia hoy: que gobiernen, a ver qué hacen y cuánto cumplen de sus promesas. Es un argumento problemático, pero es cierto que desde una oposición forzada en contra del sentido del voto AFD presentándose como víctima puede crecer más en muchas partes.

Para mí lo fundamental ya no es quien forme gobierno, el resultado es el que es, sino en qué se le apoyará o se le rechazará cuando gobierne; cuál será la política propositiva de la oposición y en particular del SPD, DL y BSW.

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