Visiones sobre Cataluña ante el referéndum

Reconocimiento de las diferencias: necesidad de escucharse; voluntad de comprender las posiciones distintas a las propias; rechazo de las argumentaciones “ad hominem”; de las descalificaciones sumarias y de las visceralidades; cultivo de la empatía –nada que ver con las hipócritas llamadas al “diálogo” desde polos excluyentes–; fraternidad y respeto.

No se trata de despreciar las emociones de unos y otros. Pero sí de entender que el ejercicio de la pasión razonada exige dar prioridad a la reflexión y la propuesta positiva frente a las visceralidades, exabruptos y desprecios a las posiciones distintas a la propia.

Reivindicamos que lo que nos une: radicalidad democrática, republicanismo, vocación internacionalista, defensa de los derechos fundamentales, solidaridad… etc., etc. es mucho más –y para nosotros, de mayor relevancia– que lo que nos distingue.

Este es un espacio abierto al contraste de opiniones y a la formulación de alternativas. Pero no queremos cansar ni aburrir con reiteración de argumentarios de unos y otros. Por eso practicaremos la autocontención e intentaremos, de aquí en adelante, publicar solo textos que aporten elementos nuevos a los ya conocidos y defendidos desde distintos ámbitos.

Los cuatro artículos que presentamos a continuación, junto a otros recientemente publicados de Jaime Pastor, Vicente Serrano y antes muchos otros, muestran ese abanico de visiones sobre Cataluña. Son textos con los que podemos coincidir o discrepar, ofrecen argumentos para debatir, aceptar o criticar. Son, en definitiva, una muestra de las principales posiciones que hoy asoman en la Cataluña real.

El Viejo Topo

Semana de pasión independentista

Por Antonio Santamaría

En los últimos días hemos asistido a un brusco aumento de la velocidad de la hoja de ruta independentista adentrándose en la vía unilateral. Una apuesta de incierto resultado, pero que asegura escenarios de la máxima tensión política e institucional.

La semana pasada se ha imprimido una gran aceleración al proceso soberanista. El martes 6 de junio el Pacte Nacional pel Referèndum anunció su semidisolución. En un comunicado de cinco puntos la plataforma manifestó que se “había culminado el encargo recibido”; es decir, explorar la posibilidad de un referéndum pactado con el Estado que, como era previsible, se ha demostrado imposible, sin pronunciarse ni a favor ni en contra del referéndum unilateral. De manera contradictoria –en la tradición tan catalana del “sí, però no…”– se informó de la disolución de su ejecutiva, pero afirmando que el Pacte “seguía vivo” si las circunstancias lo requerían. Esta decisión debe interpretarse como una concesión a los Comunes que han apostado firmemente por este tipo de plataformas transversales. En efecto, el 29 de mayo se celebró una reunión de los partidos independentistas para legitimar la vía unilateral al referéndum, saltándose al Pacte, a la que no asistieron los representantes de Catalunya en Comú, pero sí el dirigente de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, cuya única resolución fue convocar a la citada plataforma. Una reunión que provocó gran malestar entre los Comunes y evidenció las diferencias entre éstos y la dirección de Podem Catalunya.

El viernes 9 de junio, cubierto el trámite, con el cadáver del Pacte Nacional del Referéndum congelado como el cuerpo de Walt Disney, con la máxima solemnidad de los días históricos a los que nos tiene acostumbrados el proceso soberanista, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, flanqueados por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, anunciaron la fecha y la pregunta del referéndum. Ambos pronunciaron sendos discursos donde, en un ejercicio de victimismo, culparon al Estado español de todos los males que padece el país y justificaron el carácter unilateral de la consulta por la negativa del gobierno central a negociarla.

Presidente y vicepresidente de la Generalitat trazaron una ruta discursiva binaria para el consumo de sus bases sociales, las clases medias atomizadas y despolitizadas. En el orden interno, se trazó una línea divisoria según la cual los partidarios del referéndum y por extensión los independentistas son los demócratas, frente a sus detractores que no lo serían. En el orden externo, se estableció la igualdad entre Partido Popular, gobierno y Estado, en una suerte de pujolismo invertido, donde las instituciones de la Generalitat son plenamente democráticas, frente a un Estado autoritario y sólo aparentemente democrático. No en vano semanas antes Puigdemont había comparado el Estado español con Turquía. Para evitar las incómodas preguntas de los periodistas, la rueda de prensa convocada para después del solemne anuncio fue desconvocada, en una muestra más de la transparencia que jalona el proceso soberanista.

Éste fue el guión discursivo de la concentración del domingo, 11 de junio, en Montjuïc, con la participación estelar de Josep Guardiola. El acto no cumplió con las expectativas, pues sólo reunió a 30.000 personas según la Guardia Urbana, en contraste con las anteriores masivas movilizaciones. Ello indica que la larga duración del proceso, el llamado procesismo, está reduciendo la base del movimiento a su núcleo duro. Quizás este relativo pinchazo impulsó la radicalización discursiva de los portavoces de ANC, Òmnium y AMI, quienes realizaron unas intervenciones más propias de Assemblea de Catalunya en la época de la lucha antifranquista que de la situación actual. Equiparar la lucha por la independencia con la lucha antifranquista es uno de los lugares comunes del movimiento independentista. Con la notable diferencia de que España ya no es una dictadura, sino que entonces las organizaciones de la clase obrera llevaron el peso del combate democrático, mientras ahora la base de estas movilizaciones son las clases medias, formateadas ideológicamente en el pujolismo, con la clamorosa ausencia de la clase obrera. Eso sí, con la también notable diferencia que entonces la clase trabajadora estaba organizada política y sindicalmente y ahora esta desorganizada y desestructurada.

Entrevista frustrante

El mismo día a las diez de la noche el presidente de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA), Vincent Sanchís, entrevistó a Puigdemont y Junqueras. Una entrevista rodeada de la máxima expectación pues se había anunciado que se despejarían las dudas y las muchas preguntas surgidas en torno al referéndum. Conviene recordar que Sanchís, ex director del diario Avui vinculado a CiU y exvicepresidente de Òmnium Cultural, ha sido impugnado por el Parlament de Catalunya por su manifiesta parcialidad, y por tanto la entrevista resulta expresiva del escaso respeto del ejecutivo catalán a las decisiones de la Cámara catalana cuando no se ajusta a sus objetivos.

La entrevista fue un auténtico fiasco. Puigdemont y Junqueras no respondieron ninguna pregunta respecto al papel de los funcionarios, el censo electoral o la intendencia de la consulta con el argumento de que todo está previsto y que se explicará las próximas semanas. Únicamente quedó claro que no se establecerá ningún quórum y sea cual fuere el nivel de participación, éste será considerado válido. Ello a pesar de las repreguntas de Sanchís en el sentido de que la comunidad internacional no otorgaría credibilidad a la consulta con menos de un 50% de participación y cuando todo parece apuntar a que los contrarios a la secesión, como en el 9N, no irán a votar. La entrevista tuvo algunos momentos grotescos, como cuando se invocó el dictamen de la Comisión de Venecia, que recientemente se ha pronunciado contra un referéndum fuera del marco constitucional español, como hubo de recordar a su pesar el entrevistador. O en el tema de las pensiones, donde primero se acusó al gobierno español de ponerlas en peligro al vaciar la caja, para acto seguido asegurar que, como los catalanes habían cotizado en el Estado español, éste estaba obligado a pagárselas y nadie tenía por qué preocuparse.

Quizás el fiasco de la entrevista en TV3 hizo mella en Puigdemont, quien fue algo más explícito en la entrevista concedida el día siguiente, lunes 12 de junio, a la radio independentista RAC1, donde anunció que, entre finales de junio y principios de julio, se explicará la ley de transitoriedad –el secreto mejor guardado y paraguas legal para el referéndum– que se aprobaría a finales de agosto, para acto seguido convocar en septiembre la consulta. En una diáfana muestra de su estrategia de provocación al Estado, indicó que el decreto de convocatoria podría estar firmado no sólo por el gobierno, sino por numerosos diputados y alcaldes, buscando inhabilitaciones masivas. Sin embargo, no parece que el gobierno del PP esté dispuesto a caer en provocaciones con acciones contraproducentes. Más bien da la impresión que emprenderán medidas jurídicas de carácter quirúrgico, como asumir ciertas competencias estratégicas de la Generalitat que, sin provocar excesivo ruido mediático, supongan un serio impedimento para la realización de la consulta.

Contradicciones Comunes

El mismo lunes por la mañana tuvo lugar la declaración de Joan Josep Nuet, líder de EUiA y diputado de Catalunya Si Que es Pot, imputado como miembro del Parlament, quien con su abstención permitió la votación de varias resoluciones relacionadas con el proceso independentista expresamente prohibidas por el TC y tras la advertencia de los letrados de la cámara catalana. Nuet, en principio fue excluido de las imputaciones de la Fiscalía, aunque ante su insistencia ante la “injusticia” de no ser él también imputado, consiguió finalmente serlo.

Nuet compareció arropado por miembros de su partido y su coalición, como Xavier Domènech y Gerardo Pisarello, pero también por la plana mayor del independentismo: Puigdemont, Junqueras, el expresident Artur Mas o Carme Forcadell y el resto de los miembros de la mesa del Parlament imputados. Las imágenes de los líderes de los Comunes y las formaciones independentistas juntos ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no disipan las ambigüedades del espacio de izquierdas respecto al proceso soberanista, aunque expresan ciertos puntos de confluencia entre ambos vectores. Respecto al referéndum unilateral, los líderes de Catalunya en Comú han manifestado que no se pronunciarán hasta que no se concreten sus condiciones concretas y comprobar si existen las mínimas garantías democráticas para participar en él. Por su parte, Albano Dante Fachín, aunque ha considerado que no se trata de un referéndum, ha adelantado que Podem Catalunya participará en él al considerarlo un acto de movilización popular. Esto a pesar de que no acabado el proceso de consulta a sus bases que plantea tres escenarios: el rechazo al referéndum unilateral, la asunción de que se trata de una consulta vinculante y la postura intermedia de participar en él como un acto de movilización; es decir, la postura defendida por la dirección de Podem Catalunya.

Da la impresión de que, tanto Catalunya en Comú como Podem Catalunya, podrían decantarse por esta última opción para suturar las contradicciones entre los vectores independentista y no independentista de la formación y por el miedo cerval a ser metidos en el mismo saco que PP, C’s y PSC. Un posicionamiento que contrasta con el de Federalistes d’Esquerra, para quienes no concurren las mínimas garantías democráticas para que la consulta anunciada por Puigdemont y Junqueras pueda ser considerada un referéndum. Así, mencionan la falta de tiempo para que pueda desarrollarse un debate a fondo sobre los perjuicios y beneficios de la secesión, la opacidad de la ley de transitoriedad y la reforma del reglamento del Parlament para silenciar a la oposición, la falta de neutralidad de los gobernantes y de los medios de comunicación públicos o la ausencia de una autoridad electoral independiente; circunstancies que “posen en dubte la qualitat democràtica del procés”.

Volviendo a los Comunes, resulta muy significativo el artículo Comuns i independentistes, de Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y conspicuo representante de los independentistas de Catalunya en Comú. En el texto publicado por el digital El Crític, un medio que promueve el entendimiento entre el mundo de los comunes y el independentismo de izquierdas, el autor apuesta por un “bloc històric de ruptura democràtica” formado por comunes e independentistas para iniciar el proceso constituyente de la República catalana en ruptura con el régimen del 78 y en respuesta a la deriva autoritaria del PP. El autor ilustra su razonamiento con la aproximación acaecida durante la dictadura de Primo de Rivera entre republicanos, anarquistas y nacionalistas que sentó las bases de la alianza para derrocar a la monarquía y proclamar la Segunda República.

Ahora bien, Asens no tiene en cuenta que entonces el objetivo fue la transformación democrática de España y no la separación de Catalunya y que Estat Català de Francesc Macià, una formación separatista (en el lenguaje de la época), aparcó este objetivo tras el Estatut de Núria. Tampoco menciona que el objetivo del otro bloque histórico, que funcionó al final del franquismo en el marco de la Assemblea de Catalunya, fue también la democratización del Estado español y no la secesión de Catalunya. Así pues, ninguno de los “bloques históricos” operativos en el país han funcionado en clave secesionista y no parece que ahora vaya a funcionar ante la indiferencia, cuando no la hostilidad, de la clase obrera con el proyecto independentista.

En descargo de Asens hemos de admitir que tampoco las izquierdas españolas, en particular Podemos, han sabido poner en el primer plano de su acción política la reivindicación estratégica de la República Federal como marco de democratización y resolución de los conflictos territoriales, postulando una reforma del régimen donde el nuevo PSOE de Pedro Sánchez tiene todas las de ganar.

Para aumentar más la confusión en el ámbito de Podemos y los Comunes, el sector anticapitalista de Podemos, en la víspera de la moción de censura, se desmarcó de la ambigua línea oficial del partido para manifestar su apoyo incondicional al referéndum unilateral, en una muestra de infantilismo político y de escaso conocimiento de la realidad catalana.

Generación independentista

En definitiva, no parecen concurrir las mínimas condiciones para que el referéndum pueda celebrarse con las exigibles garantías democráticas. En primer lugar, debido a la cerrada negativa del PP a permitirlo y al previsible empleo de todos los recursos jurídicos para impedirlo. En segundo término, por la estrategia partidista y ventajista del bloque soberanista. Conviene recordar que el referéndum ni siquiera figuraba en el programa de Junts pel Sí al considerarlo una “pantalla pasada” tras los comicios plebiscitarios. En estas condiciones difícilmente gozará de reconocimiento internacional, como ya ha avanzado la Comisión de Venecia. Especialmente si, en el caso de que llegara a celebrarse, sólo acudiesen a votar los independentistas.

Quizás el objetivo del movimiento independentista catalán no sea tanto obtener la independencia de manera inmediata, sino consolidar sus bases sociales a fin que durante al menos una generación se mantenga la movilización en torno a este objetivo. En realidad, el programa autonomista está satisfecho casi en su totalidad, salvo por lo que respecta a la financiación autonómica y porque en su día CiU no quiso aceptar el concierto económico a la vasca ofrecido por Adolfo Suárez.

No obstante, en las próximas semanas asistiremos a acontecimientos de máxima tensión que podrían desembocar en el temido choque de trenes. El bloque soberanista hará todo lo posible para provocar una respuesta agresiva del Estado.

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De trenes que chocan y represiones previsibles

Por Joaquim Sempere

El choque de trenes está cantado a la vista de cómo evoluciona la “cuestión catalana”. En la izquierda radical catalana que no apuesta por la independencia domina la inquietud, pero hay también atisbos de esperanza. La oleada de independentismo parecía, y parece, desproporcionada pero comprensible. Marina Subirats la ha llamado “utopía disponible”. Ha sido una afirmación de orgullo colectivo herido, a la vez que la expresión de un haz de motivos de malestar y descontento. Por eso no se puede equiparar a una maniobra de la derecha catalana para cubrir con la bandera sus vergüenzas, aunque también haya sido esto. Esa extraña mescolanza de motivaciones entrecruzadas es una debilidad evidente del independentismo y dificulta la formación de una amplia unidad popular en Cataluña.

¿Qué nos espera en lo inmediato? El independentismo tendrá que hacer gestos. El estado español tendrá que reprimirlos. No hay otras salidas, dadas las posiciones enrocadas de unos y otros. La izquierda radical catalana ha venido predicando una estrategia sensata de ampliar la base social de la reclamación de soberanía, poniendo en el centro la celebración de un referéndum vinculante con garantías formales. Obtuvo una pequeña victoria cuando los independentistas aceptaron substituir la consigna de independencia por la de referéndum. Pero era una victoria a medias: el referéndum sería unilateral si Madrid no cedía. Por eso mismo, como dicen los Comunes, si es unilateral no podrá ser vinculante; y, aunque los Comunes están dispuestos a participar en un referéndum no reconocido por el estado español, avisan de que no podrá ser más que otro episodio de presión política sin efectos institucionales inmediatos.

Hasta aquí lo previsible. Pero vendrá la represión, más o menos severa, y la esperable reacción. Para los que venimos de una tradición rebelde, no habrá más opción que oponernos a la represión. Por mucho que se discrepe de la estrategia de los independentistas, no se puede aceptar que la respuesta sea reprimir sin el menor gesto de diálogo una revuelta cívica que no hace más —en lo substancial— que impugnar el artículo 2 de la Constitución española de 1978, impuesto, como es bien sabido, a punta de bayoneta. He aquí, como describe J.M. Colomer en su libro El arte de la manipulación política (Barcelona, Anagrama, 1990), la manera en que se adoptó el artículo 2:

La discusión ya fue muy viva a propósito del artículo, en el que se incluyó, por un lado, la “unidad de España” y, por otro, el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”. El término “nacionalidades” resultó particularmente desagradable para AP y para el Ejército y de hecho la redacción final no fue obra de la ponencia, sino que llegó a ella en forma de un papel escrito a mano, procedente del Palacio de la Moncloa, en el que a los términos citados se habían añadido los de “patria común e indivisible” e “indisoluble unidad de la nación española”. El mensajero de UCD que lo llevó hizo observar a los demás ponentes que el texto tenía las “licencias necesarias” y no se podía variar ni una coma del mismo porque respondía a un compromiso literal entre la presidencia del gobierno y los interlocutores fácticos, intensamente interesados en el tema. Ante ello el ponente Pérez Llorca se cuadró y, llevándose la mano extendida a la sien, hizo el saludo militar (pp. 133-134, la negrita es mía).

Si a este pecado original se añade la intervención irregular del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de 2006 ya refrendado por las Cortes españolas y en referéndum por el pueblo de Cataluña, como recuerda Javier Pérez Royo, resulta del todo alucinante que se siga invocando este texto como padre de toda legitimidad y como texto sagrado intocable; y que a pesar de esta imposición del que Juan Ramón Capella llama “el partido militar” se pueda legitimar la represión ni más ni menos que con este texto.

A Catalunya en Comú le tocará poner cordura en un proceso carente de dirección sensata para no salir todos escaldados. El neofranquismo de Rajoy y los suyos juega fuerte, con su típica prepotencia y con la convicción de que vencerá y obligará al movimiento catalán a retroceder, cediendo a última hora en algunas cuestiones económicas. Tal vez ocurra así. Pero no hay nada claro. Hace tiempo ya que mucha prensa de Madrid reconoce que el problema catalán no se resuelve con concesiones económicas. Está en juego la dignidad herida de una buena parte del pueblo. Se han invertido los estereotipos: los catalanes, proverbialmente codiciosos y calculadores, se han hartado de humillaciones y ninguneo, y algunos hidalgos castellanos —pocos, pero poderosos—, proverbialmente guardianes del honor aristocrático, chapotean en la mugre de la corrupción y la codicia desmadrada. La rebelión catalana tiene algo de quijotesco por su falta de cálculo racional: la gente se lanza a la calle (y a las urnas) porque está harta, aunque no tenga nada claro qué va a resultar de su movilización.

La rebelión catalana ha carecido y carece de dirección política adecuada. Por un lado, porque parte de su dirección es heredera de la Convergencia del 3 por 100 y de los recortes impuestos por la troika. Por otro, porque muestra tics autoritarios inquietantes. Sobre todo, cabe destacar que no se puede aspirar a la independencia nacional sin un referéndum formalmente correcto, con reglas claras establecidas antes de su celebración (en particular, una participación mínima y una mayoría requeridas como condición de legitimidad, reglas que deben tener un apoyo previo muy amplio). En una sociedad donde el motivo de la consulta está lejos de congregar a una amplia mayoría, la claridad de las reglas es fundamental para legitimar el resultado. La prisa de ERC es pésima consejera y puede romper tontamente la cohesión popular.

En cualquier caso, Catalunya en Comú deberá tener un papel determinante en la lucha contra la represión que pueda desencadenar el estado español. Deberá defender a quienes, siendo representantes legítimos del pueblo de Cataluña, resulten represaliados por rebelarse contra una falsa, o discutible, legitimidad constitucional. Las discrepancias de Catalunya en Comú con las estrategias independentistas no deben en ningún caso impedir la solidaridad con las víctimas.

Más allá del Ebro, la represión de la revuelta catalana interpelará a toda la ciudadanía española. Será una vuelta de tuerca adicional para la erosión de las libertades materializada en la Ley Mordaza y otras medidas del gobierno Rajoy. La calidad de la democracia española se pondrá en juego en Cataluña, creando tal vez una oportunidad para avanzar en el proceso constituyente que haga salir a España de la crisis del régimen de la Transición. Unidos Podemos debe ser consciente de esa oportunidad, más allá de las declaraciones verbales.

Artículo publicado originalmente en mientras tanto

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¿Referéndum en Cataluña?: simplemente democracia

Por Daniel Raventós y Miguel Salas

Fecha y pregunta

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que convocará un referéndum en Cataluña para el 1 de octubre. La pregunta que se hará a la ciudadanía en catalán, castellano y aranés, los tres idiomas oficiales de Cataluña, es: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. La convocatoria de un referéndum es una reivindicación que, como repetidamente muestran distintas encuestas, aprueba el 80% de la población catalana. La exigencia de ejercer el derecho de autodeterminación representa el fracaso de las políticas centralistas de los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, incapaces de ofrecer soluciones políticas.

Movilización

Desde 2010 las movilizaciones más masivas que se han producido en Cataluña tienen que ver con la exigencia del derecho a la autodeterminación. A instancias del PP, el Tribunal Constitucional machacó el Estatut que previamente había aprobado el Parlamento catalán, posteriormente las Cortes españolas y finalmente el pueblo catalán lo ratificó en referéndum. En palabras del constitucionalista Pérez Royo fue un “golpe de Estado” que hizo saltar por los aires el pacto constituyente. De hecho, afirma Royo: “nos hemos quedado sin Constitución”. El desprecio por la voluntad expresada en las urnas fue el desencadenante. Millones de personas han salido desde entonces a la calle de forma pacífica para exigir el derecho a decidir, para exigir independencia y una república catalana. Cada Onze de Setembre (Diada Nacional de Catalunya) se han ocupado las calles, las plazas, los pueblos y ciudades para expresar una exigencia mayoritaria: que Cataluña es una nación y tiene derecho democrático a decidir su futuro. En los últimos meses, se constituyó el “Pacte Nacional pel Referèndum”, que agrupa a partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y todo tipo de entidades sociales partidarias de un referéndum. En pocas semanas reunió más de 500.000 firmas. Intentó que el Estado acordara un referéndum legal. La respuesta siempre ha sido repetidamente negativa. En el 2012 no se aceptó una propuesta de reforma fiscal. Ni siquiera se ha aceptado la posibilidad de abrir una reforma constitucional que permitiera discutir una relación diferente entre Cataluña y el Reino de España. Y en los últimos meses, cualquier decisión del Parlamento catalán ha acabado en los Tribunales del Estado, desde leyes de mejoras sociales hasta el procesamiento de diputados y de la Mesa de este mismo Parlamento.

Legal

No hay ninguna duda de que esa mayoría que quiere decidir preferiría hacerlo de una manera legal y acordada con el gobierno español, pero éste se ha negado por activa y por pasiva. Se calcula que 18 veces. Rajoy lo dijo con sinceridad “no quiero”. El nuevo PSOE que eligió a Pedro Sánchez Secretario General hace pocas semanas, dejó bien claro que en este tema está incondicionalmente con el PP: no al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Aunque su aceptación de la “plurinacionalidad” parece, dirá algún optimista, un cierto cambio, pero su apoyo al PP ante el “desafío soberanista catalán”, deja poco margen para la interpretación libre. Pedro Sánchez tuvo el apoyo casi unánime del Partido Socialista de Cataluña. Aunque en muchos ayuntamientos, los concejales del PSC se están pronunciando a favor del referéndum. Se utiliza como excusa que la Constitución no lo permite, pero algunos constitucionalistas reconocen que sería posible en el marco de la Constitución, pero quien no quiere es el Partido Popular ni el PSOE, los dos grandes partidos garantes de la monarquía borbónica. De  nuevo, la falta de diálogo y de propuestas del gobierno del Estado no ha dejado otro camino que esta convocatoria que PDeCAT seguro que hubiera preferido no tener que hacer, como evidencia las dudas internas y la voluntad de diálogo que parecía un claudicante “por favor, dadme algo para que pueda justificar algún paso atrás”. Hay todavía muchas incógnitas de cómo podrá realizarse dado que se espera que Rajoy y los suyos utilicen todos los medios del Estado para evitar que decidan las urnas. El derecho de huelga se conquistó haciendo huelga. El derecho al sufragio universal  fue una conquista democrática del movimiento obrero que supuso muchas luchas y enfrentamientos con la legalidad. Las libertades se conquistan y se mantienen ejerciéndolas. Los actuales poderes cambian la legalidad cuando les interesa, ¿por qué el pueblo no podría hacer efectivo su deseo republicano? La movilización seguro que será de nuevo decisiva para que el 1 de octubre pueda votarse.

Democracia

Lo que está en juego es el ejercicio de un derecho democrático. El problema no es si una persona es independentista y otra no, el problema es que el derecho a la autodeterminación no cabe en la Constitución actual, fruto del régimen de la restauración monárquica del 78 y al que la inmensa mayoría de partidos dieron conformidad: PSOE, PCE, UCD… y CDC. CDC, hoy PDeCAT, cuyo independentismo, bueno es recordarlo, es de hace cuatro días. Pocos partidos han ayudado y apuntalado  tanto a un régimen que ahora es un muro contra el derecho a la autodeterminación. Y el PP es hoy el principal defensor de este régimen simbolizado por la Constitución monárquica cuyo artículo 2 dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.” Y el artículo 8: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” “Por encima de la ley está la democracia; la ley debe estar al servicio de la democracia y no al revés”, declaró Jaume Asens, destacado abogado defensor de derechos humanos y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Concejal miembro de un partido que ha tenido que demostrar alguna vez que precisamente la ley no debe ser cumplida para defender la democracia. Es de risa, que el gobierno del PP utilice el argumento de que la convocatoria no es democrática. El partido de la Ley Mordaza, el partido (con el PSOE de nuevo) que cambió el artículo 135 de la Constitución para complacer a la troika, el partido de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores. La democracia es siempre dar la voz al pueblo. Por eso, ejercer el derecho de autodeterminación es dar la libertad para que una nación decida su porvenir.

Solidaridad

La exigencia del derecho a decidir no va contra nadie ni es insolidaria, como a veces se intenta presentar. No es contra las clases trabajadoras del resto del territorio del Reino de España. Al contrario, el ejercicio de un derecho democrático es y será siempre un acto de solidaridad, para quien lo ejerce y también para quien lo defiende. Enfrentar a unos pueblos contra otros es la peor de las políticas y la más insolidaria. Por supuesto que tiene réditos electorales en los partidos del régimen monárquico, por eso hace más execrable el enfrentamiento que buscan, alientan y mantienen el PP y el PSOE. En el movimiento soberanista catalán hay distintas opciones, quienes apuestan por una república catalana independiente y quienes apuestan por una república catalana que pueda federarse o establecer una relación determinada con el resto de los pueblos del Estado español. Pero, lo más importante es que para que continúe esa relación de amistad debe poder ejercerse el derecho a decidir. Al mismo tiempo, si el pueblo catalán puede decidir y decide constituirse en una república, ¿no sería eso positivo para el resto de pueblos del Estado?, ¿no permitiría mejorar las condiciones democráticas y de condiciones de vida que las políticas del PP impiden?  ¿No sería una posibilidad más para la autodeterminación de estos pueblos, romper con la monarquía?

Participación

Se prohíba (lo más seguro) o no se prohíba, el referéndum se jugará en el porcentaje de participación que acuda a las urnas. Ese será el verdadero baremo para establecer su validez. La población debe sentirse llamada a participar; las condiciones y transparencia deben ser claras y reconocibles, así como el censo y todos los demás instrumentos que regulan una votación. Para quien se llena la boca sobre que será un referéndum sin garantías, éstas dependerán sobre todo de la participación. Quién especula con el fracaso y se aparta del proceso quedará al margen del deseo de cambio y soberanía. Garantías democráticas tuvo el referéndum por el Estatut de 2006; lo votó el Parlament y lo refrendó el pueblo, pero el PP y el Tribunal Constitucional se lo cargaron. ¡Y esos hablan de garantías!  Se dice que la hoja de ruta del gobierno no es creíble, que los dirigentes dicen en privado lo que no se atreven a decir en público. Hay que tener en cuenta el factor de la movilización social para entender que en este proceso se han hecho muchas cosas que nadie creía posibles. El derecho a la autodeterminación una determinada izquierda lo abandonó muy rápidamente, otra lo defendió en sus programas para los domingos y fiestas de guardar… hasta que la movilización popular puso este derecho como algo más material que una simple declaración programática. Y quienes, con razón, critican la hoja de ruta, por estar en manos del presidente Puigdemont, por una ex-Convergencia en franca decadencia, no llegan a poner sobre el escenario político otro plan, otra hoja de ruta que represente la fuerza del 80% del pueblo que quiere votar y decidir.

Hegemonía

En la lucha política en Cataluña existe además una clara lucha por la hegemonía política. Desde que empezó el proceso de movilización por el derecho a decidir quien ha ido retrocediendo ha sido Convergencia i Unió. Unió Democràtica de Catalunya ha desaparecido. Convergencia, el partido de Pujol, ha tenido que cambiarse el nombre y está acorralada por numerosos casos de corrupción. Ha pasado de tener 62 diputados en el Parlament a 30 en la coalición Junts pel Si. Las encuestas le auguran un declive importante en caso de elecciones. Mientras, desde las plazas del 15-M y el movimiento municipalista de BarcelonaenComú se ha ido generando políticas alternativas que amenazan la hegemonía de la derecha. En las dos últimas elecciones españolas la candidatura más votada fue la de En Comú Podem. Las encuestas indican que unas eventuales elecciones en Catalunya darían la mayoría a ERC, Catalunya en Comú y las CUP. Esa batalla por una hegemonía de las izquierdas se juega también en el referéndum, en que todas ellas apuesten por la participación, por la legitimidad del referéndum y sus resultados y por abrir una posición rupturista respecto a las políticas del PP y la derecha catalana y de la relación entre Cataluña y el Reino de España. Lo expresaba así uno de los más veteranos dirigentes nacionalistas de izquierda vascos, Arnaldo Otegi: “no hay posibilidad de regeneración de la izquierda en España si esa izquierda no acepta el problema nacional y si no defiende el derecho de autodeterminación, porque ese es el pilar de la oligarquía en el Estado.” Cuanto más vacile la izquierda al respecto, más fácil lo tendrá el PDeCAT para seguir hegemonizando la movilización popular por el derecho a la autodeterminación. Quien piense que la lucha por la autodeterminación nacional en un régimen como el actual es algo fácil, sin enfrentamientos graves, sin importantes conflictos, sin movilizaciones… en el mejor de los casos es un ingenuo. Lo explicaba de una forma muy clara Josep Fontana no hace muchos meses refiriéndose a la lucha por la autodeterminación nacional en Cataluña: “Esto no se resuelve en pocos meses: es una batalla muy larga y difícil en la que se creyó que se ganaban muchas cosas en 1979, cuando se logró un Estatuto que venía con trampa, porque no ha sido respetado nunca. Hoy vivimos una batalla más de una guerra muy larga en la que hay que repensar si vale la pena seguir luchando por lo que estamos luchando. Yo creo que sí.”

Represión

Juan Luís Cebrián, en una entrevista a El Mundo publicada el 20 de febrero, declaraba: “El derecho a decidir no existe. El problema es que los políticos no se atreven a decirlo. No son capaces de decir: «Ustedes no tienen ese derecho. Y sólo hay dos maneras de que lo tengan. O el actual sujeto de soberanía renuncia legalmente a él o ustedes lo arrebatan de forma ilegal». Aquí aparece algo de lo que nadie habla: el poder político. El poder es esencial en la política. Y Cataluña no tiene poder político para separarse de España.” Esto era el preámbulo para añadir: “La clave, insisto, es si los independentistas tienen o no poder. Y no lo tienen. El Estado, sí. Se habla de enviar a la Guardia Civil e inmediatamente se dice: «No, hombre; la Guardia Civil, no». ¿Pues por qué no? La Guardia Civil está para lo que tenga que estar.” Es una forma no excesivamente sutil de preparar a una gran parte de la opinión pública para la represión. Algún autor, como Joaquim Sempere, que difícilmente puede ser tildado de seguidismo del nacionalismo del PDeCAT, escribía recientemente refiriéndose al papel de la izquierda y más concretamente de Catalunya en Comú ante la más que probable represión que se avecina: “En cualquier caso, Catalunya en Comú deberá tener un papel determinante en la lucha contra la represión que pueda desencadenar el estado español. Deberá defender a quienes, siendo representantes legítimos del pueblo de Cataluña, resulten represaliados por rebelarse contra una falsa, o discutible, legitimidad constitucional. Las discrepancias de Catalunya en Comú con las estrategias independentistas no deben en ningún caso impedir la solidaridad con las víctimas.”

Decidirlo todo

El movimiento nacional catalán es también un movimiento social, de cambio. Los derechos sociales y nacionales son dos caras de la misma moneda. Un cambio político en un sentido republicano será también un cambio social. Lo vivido este fin de semana en Barcelona es un ejemplo. El viernes 16, Puigdemont anunciaba que convocará el referéndum. El mismo día, BcnenComú y el Ayuntamiento de Barcelona organizaba un fin de semana con el lema “Ciudades sin miedo”, donde se han reunido más de 180 representantes de ciudades del mundo reivindicando no tener miedo para enfrentarse a la xenofobia y el racismo, para acoger a los refugiados y, sobre todo, para levantar políticas alternativas a favor de los más desfavorecidos. El sábado 17, las calles se han llenado de gente exigiendo medidas enérgicas a favor de una vivienda asequible para la ciudadanía. El domingo 18, la explanada de Montjuich se ha llenado para expresar su apoyo a la celebración del referéndum. En el conjunto de esas movilizaciones, y otras que hay en curso, está la posibilidad de cambiar las cosas, y el referéndum del 1 de octubre es una cita que no se puede desaprovechar. Efectivamente, “decidirlo todo” significa también decidir qué relaciones quiere tener Cataluña con los otros pueblos.

Artículo publicado originalmente en Sin Permiso
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Retos y potencias del referéndum catalán

Por Oscar Blanco y Laia Facet

 

“Catalanes, ja el tenim aquí”. El Govern catalán ha anunciado fecha y pregunta. El 1 de octubre debería preguntarse a la sociedad catalana si quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república o no. Un paso más para materializar una demanda que recorre Catalunya de forma masiva desde hace más de cinco años. Un paso recubierto de los habituales excesos retóricos del Procés y sus innumerables “días históricos” y que no es su convocatoria, pero que plantea un horizonte concreto sobre el que trabajar, apelar, exigir. Un paso que va a encontrarse con no pocos obstáculos en los próximos meses.La tozudez del régimen, la tibieza del cambio

¿El obstáculo central? Nada nuevo: la tozudez del régimen en pleno en negarse a celebrar un referéndum en Catalunya. Una tozudez que sólo es explicable porque lo ve fundamentalmente como una amenaza desestabilizadora. Un hipotético referéndum obligaría a repensar más allá de Catalunya todo el modelo de organización territorial y las relaciones entre las distintas realidades del Estado. Por lo tanto, forzaría a abrir ese famoso “candado del 78” visto por el bloque en el poder como una caja de Pandora. Dinamitaría los ya debilitados y a la defensiva consensos constitucionales. Además, marcaría un precedente democrático. Una herramienta como el referéndum aparecería como apelable y legitima para decidir sobre otras esferas, sea la monarquía, sean las políticas de la Troika o el artículo 135 que las blinda, etc. Unos “problemas” para los de arriba que apuntan la potencia transformadora del propio referéndum para las fuerzas populares. Por eso, la defensa del referéndum por parte de las fuerzas del cambio en el conjunto del estado tiene un componente estratégico, además del (también necesario) reconocimiento de la soberanía del pueblo catalán.

Una defensa estratégica también en este escenario que se ha denominado “unilateral” y que quizás sería mejor llamar desobediente. Las posiciones tibias de buena parte de los actores del cambio ante la posible convocatoria de un referéndum sin acuerdo con el Estado quizás se expliquen por la estrategia de polarización del poder que nos gana la partida y por la desconfianza (completamente compartida) que genera el papel de Convergència. Sin embargo, ante un panorama internacional de merma generalizada de las soberanías, un acto de desobediencia y conquista de una soberanía como es el derecho a la autodeterminación no puede frivolizarse ni se puede afrontar poniéndose de perfil y esperando a ver que propone el Govern para sacarle punta. Ante el búnquer del 78, la judicialización sistemática del conflicto y una arquitectura institucional represiva en múltiples facetas, ¿cómo no iba a darse de forma unilateral? El aletargamiento a un pacto es, de facto, la puesta en cuestión del papel de sujeto político del pueblo catalán. No se puede obviar que el procés, con sus múltiples contradicciones y las críticas que correspondan (que las hay), ha sostenido un ciclo de movilizaciones masivas durante los últimos cinco años que se puede comparar a pocos en Europa.

Por su parte, estas semanas Podem Catalunya ha dado un paso adelante abriendo un debate interno sobre la cuestión. Un paso importante para una fuerza política cuya base militante y social ha sido históricamente denostada por el nacionalismo de derechas que hoy maneja los hilos del procés aunque no sea mayoritaria. El resultado de sus debates puede ser un termómetro (parcial) de ese famoso antiguo “Cinturón rojo”. Por otra parte están los Comuns, que defendieron como eje de campaña el referéndum pactado y se mantuvieron firmes en introducirlo como un elemento inapelable para cualquier pacto de gobierno en el Estado Español. Sin duda un hecho histórico; pero ahora la unilateralidad les incomoda visiblemente. La dirección de los Comuns ya ha avanzado que apostarían por el referéndum, pero que no lo consideraban vinculante con las actuales garantías (o falta de ellas).

Un aspecto clave es que el carácter unilateral no es algo que en el actual contexto pueda invalidar su carácter vinculante. Por un lado, existe una relación dialéctica entre fuerza unilateral y reconocimiento fraternal para la construcción de alianzas, la una sin la otra no son explicables, ni realizables. Este razonamiento lo desarrollan Marc Casanovas y David Caño en un articulo reciente artículo Llamada a las izquierdas: unilateralidad y fraternidad van juntas. Por otro lado, la alternativa a desobedecer es esperar cuál Penélope tejiendo y destejiendo a la espera de un pacto que no aparece en el horizonte, o aun más allá de Ítaca una promesa de Estado plurinacional que ni se concreta ni tampoco podría realizarse sin procesos de ruptura como el que se vive en Catalunya.

Unas elecciones no podían sustituir un referéndum

Este referéndum enmienda el carácter de plebiscito de las elecciones del 27S de 2015. ¿Dónde queda el “voto de tu vida”? ¿Dónde el plazo de 18 meses para la independencia que ya ha quedado atrás sin pena ni gloria? Una estrategia plebiscitaria protagonizada por el artefacto Junts pel Sí que fue orquestada entonces bajo la batuta de Artur Mas y Convergència (ahora PdeCat) con todos sus resortes políticos, sociales y mediáticos. Tras poner el freno de mano al 9N, CDC encontró la forma de salvar los muebles de su crisis histórica a costa de ERC (sometida al chantaje de “la lista única del independitismo”) y las entidades civiles del soberanismo. Una estrategia que ha mantenido a Convergència en el poder y con mayoría en el gobierno a pesar del reguero de corruptelas. El supuesto giro a la izquierda del Procés se ha quedado en la retórica. Mientras, JxS continua con presupuestos austeritarios y se ve obligado a aprobar leyes que luego no despliega o lo hace con importantes deficiencias: la ley integral contra la violencia machista o la LGTBIfobia, la ILP contra la pobreza energética o la ley de transparencia.

Por su parte, Convergència por mucho que se cambie de nombre, mona se queda: no genera nuevas simpatías y suscita grandes desconfianzas entre las clases trabajadoras castigadas por la crisis. Hace meses que la crisis de nuestro particular partido del régimen aumenta, los sondeos y la opinión pública sitúan como hipotética primera fuerza a ERC. Veremos si los republicanos llegan a la mayoría de edad y dejan de esconderse detrás de la derecha catalana. Si ERC asume el liderazgo no serán pocos los retos que tendrá por delante y el primero es efectuar el referéndum. Un reto que se dará en una confrontación importante con el régimen y veremos si con una parte del PdeCat echando el freno de mano (el precedente del 9N les avala y las declaraciones sobre planes B han ido sobrevolando el entorno de la vieja y nueva guardia del partido). No hay que olvidar que ERC está encantada de enfrentarse en el púlpito del Congreso de los diputados, pero tiene poca experiencia en gestionar conflictos de este calado y tener un papel tan central. El papel de la CUP para tensionarles será aún más clave que hasta el momento. Además, será una yincana de primera para preparar el post-referéndum.

Porque sí, el referéndum es en si mismo un gran reto, pero sólo es la antesala. Los escenarios aun están completamente abiertos, pero lo seguro es que los desafíos del día después serán notable. Si el referéndum no se materializa, ¿se opondrá por la fuerza el Estado Español hasta el punto que no pudiera efectuarse requisando urnas?, ¿no le hará falta llegar a esa situación y con la amenaza de inhabilitaciones será suficiente para que el Govern entre en crisis y recule?, ¿será una simple decisión del Tribunal Constitucional como con el 9N? Si llega a celebrarse… ¿será suficiente la participación?, ¿cuál será su resultado?, ¿cómo gestionarlo?

Una serie de preguntas y retos para los que el Govern no ha preparado a la población catalana con su fábula de la “desconexión legal” o cómo decía esta misma semana Puigdemont “la salida ordenada del Estado”. Una de las grandes críticas que recibe es la opacidad con la que se están llevando los preparativos, si es que se están llevando a cabo. Más allá de las garantías jurídicas (¿de qué justicia? cabría preguntarse) y el reconocimiento internacional que han venido exigiendo Comuns y Podem… uno de los elementos clave para que granjee la legitimidad deseada es el grado de participación.

La participación más allá de porcentajes

Es patente que el soberanismo llega a esta fase con menos fuelle que en 2014. Una perdida de músculo y fuerza fruto de elementos externos e internos. Externamente, en los meses previos al 9N la sacudida de la fuerte crisis política abierta por el 15M, las Mareas, la prima de riesgo disparada y el rescate bancario mantenía al régimen tambaleándose y se cocinaba el “asalto institucional”. Era sin duda un escenario más propicio y con más energías sociales para la ruptura que ahora cuando todo parece haber vuelto (por lo menos frágilmente) a su cauce.

Sin embargo, pesa más lo interno: la estrategia de Convergència (y compartida por todo el “independentismo transversal”, partidos y entidades) por institucionalizar el conflicto, cooptar los elementos de la sociedad civil en el Parlamento y marginar a los elementos soberanistas basculantes entre el “sí” y el “no” o que no se fían de la derecha catalana y no van a darle un cheque en blanco. Una cooptación simbolizada, por ejemplo, en que la presidenta del Parlament sea la ex-portavoz de la Assemblea Nacional Catalana y que se ha manifestado en la preparación de la última diada, en las respuestas a los procesos judiciales, en apuntalar a JxS en cualquiera de sus decisiones y sobre todo en fiar todo el procés al Govern.

“La ciudadania ha hecho su parte y ahora le toca a los políticos” ha sido uno de los mantras. Una estrategia que ha colocado a la CUP en una situación de arrinconamiento dentro del bloque independentista cuando ha querido presionar al Govern durante la legislatura y que ahora debilita claramente la participación. Paradojicamente, la legislatura en que el independentismo se conjuró para “ensanchar la base social del procés” la ha estrechado y desactivado. ¿Cómo invertir la tendencia y tejer alianzas con los movimientos sociales desconfiantes y mermados?

Pero otra parte, plantear a priori que el referéndum no va a tener ningún tipo de carácter vinculante desincentiva claramente la participación, sobre todo la del “No”, y a la vez desactiva el carácter de ruptura. Plantear que no va a ser vinculante nos sitúa en la reedición del 9N y en el hartazgo social que ello conllevaría. Para escapar de la espectacularidad del independentismo mágico pero sin caer en la frivolidad de parte de la izquierda catalana que sólo ve obstáculos y no potencias hay que ser un poco claras y honestas: el carácter vinculante puede declamarse en público si se quiere o solicitarse a comisiones internacionales poco interesadas en mojarse, pero depende fundamentalmente de la correlación de fuerzas y el capital acumulado para implementar su resultado. Y en eso no ayuda ni ponerse de perfil, ni instrumentalizar el movimiento.

Por último, es evidente que en todo este asunto hay de fondo tensiones para unas próximas elecciones catalanas que se verán cruzadas nuevamente por esta cuestión. Una cuestión que no es meramente territorial o incluso nacional, sino también social y económica. Cualquiera de los actores que quiera llevar a cabo un cambio de modelo social y económico en Catalunya deberá ir más allá de la soga del autonomismo, del FLA y de la deuda. Por ello, si la confluencia catalana aspira a ser una fuerza de mayorías en Catalunya y a un cambio palpable sólo le queda pegar un volantazo. Ya sabemos como opera el chantajismo “processista”… Si la participación no es suficiente, se les reprochará no haber hecho más. Si la participación es masiva, no serán quien lo han hecho posible. Si hay tal grado de represión que impide su celebración, se les recriminara que no estuvieron allí.

Sea como sea, está claro que esta será la canción del verano. Unos meses en que el gobierno del PP y sus socios se enrocarán y además de hablar de Venezuela podrán invocar el gran problema catalán. Verano en el que sonarán las alarmas, amenazas del gobierno, redobles judiciales, editoriales de El País, portadas de La Razón,… Sin embargo, verano también en que deberían irse concretando los mecanismos y, si realmente quiere celebrarse, ir desvelando lo que ahora son misterios.

Artículo publicado originalmente en Viento Sur

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