Ecuador y África del Sur llevarán a la ONU la propuesta de crear un tratado vinculante
En el actual sistema internacional de protección a los derechos humanos es imposible que las empresas trasnacionales sean procesadas y juzgadas. Reivindicación histórica de los movimientos populares, la idea de crear una regulación que obligue a las corporaciones a respetar los derechos humanos fue llevada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por África del Sur y por Ecuador.
Ambos países llevaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una propuesta de resolución para la creación de un tratado vinculante entre los Estados-miembros de la entidad. La proposición fue aprobada en 2014, por mayoría simple.
“La idea del tratado es establecer un mecanismo que pueda castigar penal y civilmente a las empresas que generen situaciones de violación de los derechos humanos – sean civiles, políticas o económicas y culturales”, explicó Flavio Valente, director de la Red de Información y Acción por el Derecho a Alimentarse (Fian), organización no-gubernamental que acompaña a la discusión.
Según Valente, la responsabilidad internacional de las compañías podría darse a través de la vinculación de una condena a escala nacional en otros países o con la propia creación de un órgano jurisdiccional para procesar a las empresas.
Contaminación causado por la explotación petrolera de TEXACO (hoy Chevron) en Lago Agrio, Ecuador.
Contexto
“En los últimos 30 años, desde la institucionalización del Consenso de Washington, comenzó un ajuste estructural, que promovió una reducción del tamaño de los Estados nacionales. El hecho es que, en este período, surgieron más de tres mil acuerdos bilaterales, con una cláusula que establece el lugar en el cual se resuelve a las disputas jurídicas [relacionadas al acuerdo]”, apuntó Valente.
“Las divergencias entre inversores privados y el Estado no se resuelven en jurisdicciones públicas, sino por una consultoría jurídica privada, una empresa de arbitraje. Esa empresa toma decisiones irrevocables y sin posibilidades de apelar. Los gobiernos no tienen ni siquiera el derecho de divulgar su contenido”, explicó.
O sea, a partir de acuerdos comerciales entre dos países, cuando uno de estos resuelve procesar una empresa – por ejemplo, por contaminación – del otro, la empresa es juzgada en última instancia por un “tribunal” privado.
El propio Ecuador, por ejemplo, enfrenta una disputa histórica con la petrolera Chevron, compañía acusada de haber contaminado parte de su territorio con la explotación petrolera. En situaciones como esas, a causa de los acuerdos, aunque los países condenan a las empresas, estas recurren al arbitraje, que, de forma general, condena a los Estados al pago de multas, por haber violado la imagen de la compañía.
“Hoy, esto está sucediendo con casi todos los países. Indonesia, por ejemplo, tiene más de 60 tratados bilaterales y ya fue castigada varias veces. México gastó más de US$ 250 millones en situaciones como esas”, criticó Flavio.
El Estado no puede proteger los derechos humanos de su población, porque si los protege puede ser procesado y multado. Las empresas de arbitraje les gusta eso, ya que ganan mucho dinero con cada caso: “Es una reducción de la soberanía nacional. No hay regulación de los actos de las empresas, porque el gobierno, aunque quiera, tiene miedo. Al mismo tiempo, no hay posibilidades ni en el Congreso ni en el Poder Judicial. Sin tomar en cuenta la presencia e influencia de las trasnacionales en esos espacios”, dijo.
Histórico
“Los movimientos sociales siempre plantearon la existencia de algún tipo de espacio o norma que obligase a las empresas a respetar los derechos humanos. Tanto en el sentido de respetar las legislaciones nacionales, como también impidiendo el lobby que realizan en los (poderes) legislativos”, afirmó Tchenna Maso, militante del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, sigla en portugués).
A pesar de que la propuesta es de 2014, la idea nació en la década de 1970, de acuerdo con Maso: “Esa es una discusión histórica. Ella aparece por primera vez en un discurso de [ex presidente chileno Salvador] Allende en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Él dijo que era necesario regular el poder corporativo que estaba creciendo. Eso fue en 1972, al año siguiente ocurrió el golpe en Chile”.
En este sentido, la ONU creó un órgano para tratar la cuestión, pero tal experiencia fue interrumpida. “A partir de esa propuesta [realizada por Allende en 1972], otros países – como la Unión Soviética haciendo contra hegemonía [en las Naciones Unidas] – comenzaron a construir un centro. Dentro de las Naciones Unidas, hasta los años 80, había un observatorio de transnacionales que producía documentación de la ONU sobre el tema. Por una serie de presiones de la propias empresas, ese centro llegó a su fin”, agrega.
Razones
La protección de los derechos humanos en casos relacionados a empresas busca un modelo que, consciente de los actuales límites de las autoridades públicas, no evada sus responsabilidades.
“No todos los sistemas nacionales abarcan las violaciones de derechos humanos. Los mecanismos nacionales, particularmente el Poder Judicial, son también grandes violadores. En la práctica, hay una colusión entre las empresas y la Justicia. Crear ese instrumento es ir mas allá del Estado, que, hoy, no tiene más capacidad de proteger derechos”, dijo Tchenna.
Por otro lado, “se debe pensar qué tipo de Estado nosotros tenemos hoy. Hay Estados que violan derechos en articulación con las empresas. Es eso que se quiere combatir concretamente. El desafío es pensar cómo imputar esas empresas sin vaciar el papel político estatal. Una de las formas, por ejemplo, sería pensar que, en esa corte [a ser creada], la trasnacional y el Estado deben ir juntos al banquillo de los acusados”, explicó.
Tchenna Maso también defendió la creación de un nuevo observatorio con participación de las entidades de la sociedad civil y libre de influencias de las compañías: “Una gran discusión es que las empresas no pueden participar de un proceso que debatirá su reglamentación”.
Articulación
Más de mil entidades de la sociedad civil de todo el mundo vienen articulándose en torno a la Alianza por el Tratado. Además, una campaña internacional – Desmantelar el Poder Corporativo – fue lanzada con el objetivo de debatir y construir una propuesta para el contenido del posible tratado.
“Como sólo Ecuador y África del Sur pueden retirar la resolución, hay una enorme presión sobre ellos”, explica Fabio. De acuerdo con él, tales intereses se manifestaron durante la votación de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “Quedó claro: votaron favorablemente países de Asia, África y América Latina. Contrarios, los Estados Unidos y la Unión Europea”.
“Existe una disputa entre lo que es más importante: garantizar la seguridad del lucro o los derechos humanos de los ciudadanos”, concluyó.
Artículo publicado originalmente en alainet.org
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