España no es una nación libre y soberana

España no es una nación libre y soberana

Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla

España no es una nación libre y soberana

Ha consumido España, casi entero, el siglo que acaba de expirar en cosa tan sencilla, al parecer, como desarraigar de su suelo el régimen de la monarquía absoluta.

Tentados y favorecidos por un hecho accidental, la abdicación de Bayona y la invasión napoleónica en la Península, pudieron ya en 1812 sus representantes consignar en un Código que la «nación es libre, entendiendo por nación la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; que no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, y que la soberanía reside esencialmente en ella». Por desgracia, semejantes declaraciones no expresaban una convicción nacional tan viva y tan unánime como habría sido menester para que prosperasen y causaran estado; y fueron menester sesenta años de revoluciones y de guerras civiles para que otras Cortes Constituyentes, las de 1869, volviesen a escribir en otra Constitución que «la soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes». Todavía con eso no se había cerrado la serie de acciones y de reacciones que llena la historia de aquella malhadada centuria; y así, la Restauración monárquica de 1874 hizo retroceder una vez más a la nación en el camino de sus reivindicaciones contra el antiguo régimen monárquico. Pero de entonces acá, el matiz doctrinario de aquella Constitución (1876), traducido en la pueril fórmula «por la gracia de Dios rey constitucional», que entendía nada menos que reconocer en la monarquía algo consustancial con la nación, aquel matiz, repito, se ha desvanecido en el hecho, en términos de que el mismo Posada, al comparar la Constitución escrita con la real y consuetudinaria, se inclina a no encontrar ya diferencia alguna apreciable entre la de 1869 y la de 1876.

Podemos afirmar, por tanto, que la cuestión del absolutismo ha dejado de ser cuestión; que así en la teoría como en la práctica, el régimen de la monarquía, en tanto que monarquía legítima, patrimonial y de derecho divino, y aun en tanto que monarquía constitucional, partícipe de la soberanía, ha quedado vencido y soterrado en nuestra patria, lo mismo que en Inglaterra, lo mismo que en Bélgica, lo mismo que en Italia.

Y, sin embargo, el pueblo no es más libre que antes. Enfrente de aquella declaración legal: «la nación es libre y soberana y a ella exclusivamente pertenece el derecho de instaurar sus leyes», levanta un mentís formidable el hecho, expresado en estos crudos términos por el señor Gamazo, acorde con el pensar de todos los demás políticos: «España es una nación que se halla no arriba, donde debe estar, sino debajo; explotada, y no directora; sometida, y no gobernante». Es decir, que no es verdad que la soberanía resida en la nación; que no es verdad que el régimen político de ésta sea el Parlamento, según llamamos al gobierno del país por el país. ¿Cuál es, pues, ese régimen? En Inglaterra y Bélgica, a la antigua soberanía de los reyes ha sustituido de hecho, dicen todos los tratadistas, la soberanía del pueblo: en España, no. ¿Qué es, pues, lo que la ha sustituido aquí, si es que la ha sustituido algo? Monarquía, partidos, Constitución, Administración, Cortes, son puro papel pintado con paisajes de sistema parlamentario, dice Macias Picavea; a un Estado de derecho regular y perfecto, agrega Silvela, se opone en España un Estado de hecho que lo hace de todo en todo ilusorio, resultando que tenemos todas las apariencias y ninguna de las realidades de un pueblo constituido según ley y orden Jurídico: ¿cuál es, pues, la Constitución real de nuestro país? No nos gobierna el rey; no se gobierna a sí propia la nación; o de otro modo, la forma de gobierno no es la monarquía pura, según dicen los historiadores que fue, ni la monarquía constitucional, según dice el Almanaque de Gotha que es: ¿cuál es, pues, dejándonos de ficciones, la forma de gobierno en España?

Por los efectos, sabemos que esa forma de gobierno, sea la que fuere, no nos sienta bien y que necesitamos mudarla por otra, o dicho de otro modo, que necesitamos redimirnos de ella. Ahora bien: es sabido que, para ponerse en cura, lo primero que hace falta es conocer la enfermedad. De lo contrario, seguirá aplicándose al malestar sentido, pero no definido, específicos incongruentes: reforma de la ley electoral, expulsión de comunidades, cultivo de cuarteles, revisión constitucional, crisis ministeriales o de Gobierno, represión de la reacción, milicia nacional, himno de Riego, etc., sin hacerse cargo de que por algo han resultado ineficaces para el efecto de hacer libre al pueblo en los ochenta años que llevan de ser conocidos y experimentados; o que se dirigirán los tiros contra el poder moderador, en la creencia de ser él quien se halla sobre la nación, mientras el verdadero detentador de la soberanía del pueblo siga desconocido o inocentemente respetado, si tal vez no coadyuvado en su usurpación, sirviéndole de cava y de cultivo lo que se quiso que sirviera para desarraigarlo; ose mirará como uno de tantos accidentes ordinarios lo que es quizá forma total y como molde en que se halle vaciado el organismo entero de la nación, y como tal accidente será tratado, administrando al enfermo, en vez de revulsivos, emolientes, para que cuando por fin se caiga en la cuenta sea tarde y se haya hecho preciso amputar y sajar, con el concurso tal vez del extranjero, etc.

La revolución de 1868 no hizo libre y soberana a España

La primera sorpresa que nos guarda, en este respecto, la historia política de España es la absoluta ineficacia de la revolución de 1868; que hayan resultado defraudadas las esperanzas que hizo concebir; que haya sobrevivido el estado anterior a ella, haciendo preciso reponer el problema de la libertad, de la soberanía nacional y de «España con honra» al estado de sumario, tal como se hallaba en septiembre de 1868. Veamos lo que era y cómo se vivía la vida pública en nuestro país la víspera del alzamiento de Cádiz.

Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particular irresponsable, diputado o no, vulgarmente apodado en esta relación cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía una hoja de papel, no se despachaba un expediente, ni se pronunciaba un fallo, ni se declaraba una exención, ni se nombraba un juez, ni se trasladaba un empleado, ni se acometía una obra; para él no había ley de quintas, ni ley de aguas, ni ley de caza, ni ley municipal, ni ley de contabilidad, ni leyes de enjuiciamiento, ni ley electoral, ni Instrucción de consumos, ni leyes fiscales, ni reglamentos de la Guardia Civil, ni Constitución política del Estado: Juzgados, Audiencias, gobernadores civiles, Diputaciones Provinciales, Administración central, eran un instrumento suyo, ni más ni menos que si hubiesen sido creados sólo para servirle. No había que preguntar si teníais razón, si la ley estaba de vuestra parte, para saber cómo se fallaría el pleito, cómo se resolvería el expediente: había que preguntar si le era indiferente al cacique, y por tanto se mantenía neutral, o si estaba con vosotros o contra vosotros. Era declarado exento del servicio militar quien él quería que lo fuese, por precio o sin él; se extraviaban los expedientes y las cartas que él quería se extraviasen; se hacía justicia cuando él tenía interés en que se hiciera, y se fallaba a sabiendas contra ley cuando no tenía razón aquel a quien él quería favorecer; se encarcelaba a quien él tenía por bien, siquiera fuese el más inocente; a quien quería librar de la cárcel, lo libraba, sacándolo sin fianza, aunque se tratase de un criminal; se imponían multas si era su voluntad que se impusieran, hubiese o no motivo; se repartían los tributos no según regla de proporción y conforme a las instrucciones de Hacienda, sino conforme a su conveniencia y a la de su clientela, o a la fuerza que trataba de hacer a los neutrales, o al castigo que quería imponerles por su desprecio o por su entereza; a quien quería mal o no se sometía, hacía pagar doble; las alzadas no tenían curso o sucumbían en el carpetazo; las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas, sus pueblos o sus caseríos; los montes del Estado que habían de comprar ellos o sus protegidos tenían la cabida que ellos fijaban, y se anulaban las compras de los contrarios; se aprobaban las cuentas que él recomendaba, y por otras iguales se multaba o se encausaba a un Ayuntamiento, porque no era de su parcialidad o de su agrado; era diputado provincial, alcalde o regidor aquel a quien él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades, de sus medros o de sus venganzas, dándoles en cambio carta blanca o cubriéndoles para que hiciesen impunemente de la hacienda comunal y del derecho de sus convecinos lo que les pareciese. Tenía demarcado por los jerarcas supremos su feudo, el cual abarcaba ora una región, ora una provincia, o bien uno o más distritos dentro de ella; y él a su vez teníalo dividido en marcas y subfeudos por valles, serranías o localidades, en cada uno de los cuales imperaba omnímodamente un cacique de categoría inferior, especie de alcaide suyo, el cual además obraba por cuenta propia; formando en su vasto conjunto una red tupida que tenía cogido debajo a todo el país.

Llegó septiembre de 1868; ocurrió el alzamiento del día 29, tan sonado; surgieron por todas partes Juntas Revolucionarias; vibraron los himnos patrióticos; proclamóse la soberanía nacional, y en medio del mayor entusiasmo, una Constitución democrática fue promulgada. Pues lo mismo que si no hubieseis promulgado nada. Se habló de obstáculos tradicionales, y el trono del monarca fue derribado; pero el verdadero obstáculo tradicional, el trono del cacique, quedó incólume, y todo aquel aparato teatral: manifiesto de Cádiz, Juntas Revolucionarias, destronamiento de la reina, Constitución democrática, soberanía nacional, no pasó de la categoría de pirotecnia; la graduamos de revolución, y no fue más sino un simulacro de revolución. Todo aquel estado de corrupción y de servidumbre, trasunto de las naciones decadentes de Asia, que acabo borrosamente de bosquejar, subsiste íntegro treinta y dos años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y el sufragio universal, escarnio einri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la nación sigue viviendo sin leyes, sin garantías, sin Tribunales, sujeta al mismo degradante yugo de aquel feudalismo inorgánico que mantiene a España separada de Europa por toda la distancia de una edad histórica. Se decretó una ley municipal que, en la letra, satisface casi todo el programa del más exigente descentralizador, llegando poco menos que a las fronteras de la autonomía; pero enfrente de ella, el Ministerio de la Gobernación ha ido formando una jurisprudencia que pone las municipalidades a los pies del gobernador civil, para que el gobernador civil las entregue atadas de pies y manos al cacique, a cambio de los votos necesarios para fabricar las mayorías parlamentarias en que los pocos centenares de políticos tienen que ampararse para dominar el país. Pues eso que ha sucedido con la ley municipal, ha sucedido con todas las demás: no rige ninguna sino en tanto que el cacique quiere que rija; conque el español vive a merced del acaso, pendiente de la arbitrariedad de una minoría corrompida y corruptora, sin honor, sin cristianismo, sin humanidad, infinitamente peor que en los peores tiempos de la Roma pagana. En Europa desapareció hace ya mucho tiempo: si algún rastro queda aquí o allá, es un mero accidente. En España, no: forma un vasto sistema de gobierno, organizado a modo de una masonería por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Alcaldías, Gobiernos Civiles, Audiencias, Juzgados, Ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegio de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe.

Fue la «libertad» bandera de la España nueva por espacio de más de medio siglo: ni ciencia, ni agricultura, ni escuelas, ni canales, ni legislación social, ni autonomía antillana, ni expansión colonial por África; en nada de esto se pensó: no alentó en ella otro ideal que la libertad; dos generaciones se pasaron la vida gritando ¡viva la libertad!y tarareando el himno de Riego, en la calle cuando la dejaban, en el cenáculo cuando la reprimían, y a ese grito sacrificó sangre, caudales y vida en guerras civiles, revoluciones y pronunciamientos. Luego que la vieron, después del 29 de septiembre, asaltar tumultuosamente la Gaceta, vestida con traje de ley, de decreto, de Constitución, de sufragio, de Parlamento, nos dimos por pagados y satisfechos, y el grito aquel fue mandado recoger, persuadidos de que había quedado sin objeto, de que España había entrado por fin en el concierto de los pueblos libres y propiamente europeos. De esa convicción hemos estado viviendo treinta y dos años. Difícilmente la psicología de las muchedumbres podría señalar en la historia un caso de autosugestión más asombroso que éste. Sentíamos la opresión, tocábamos sus frutos en las oficinas, en los Tribunales, en las Corporaciones, en los colegios electorales, en las cárceles, pero no atinábamos con la causa, limitándonos a extrañarnos de que las cosas siguieran lo mismo después que la libertad se había hecho carne por los constituyentes en los grandes días, como decíamos, de la revolución. Ahí estaba cabalmente el error: las cosas seguían como antes porque la libertad se había hecho papel, sí, pero no se había hecho carne. No vimos, no vieron aquellos revolucionarios de aprensión, que no bastaba crear un estado legal si no se aseguraba su cumplimiento, y que para asegurar ese cumplimiento, tratándose de un pueblo menor de edad, hacía falta, mientras tal incapacidad durase, un estado de represión paralelo de aquél y constitutivo de una verdadera tutela. La libertad era cosa nueva, pero el cacique no, preexistía al grito de Cádiz, y cacique y libertad eran incompatibles; para que ésta viviese, tenía que morir aquél. Por consiguiente, no bastaba gritar ¡viva la libertad!, había que añadir ¡abajo el cacique!; como no le bastaría al pastor afirmar abstractamente la vida de su rebaño si no hacía cuenta con el lobo y no se cuidaba de ahuyentarlo o de destruirlo con algo más que con ensalmos de vieja u oraciones a San Antonio, que vienen a ser a la ganadería lo que las leyes de papel a la política y a la administración. Pero esto no se vio entonces; estábamos aún en el período mítico y edénico del progresismo, y se tenía una fe ciega en la virtud del papel impreso, en la eficacia de la Gaceta; no veíamos en la libertad una cosa dinámica: la libertad era un mecanismo, el de una mayoría parlamentaria, un artículo de la Constitución. De ahí la facilidad con que el caciquismo la escamoteó no bien hubo salido al aire libre con su vestidito blanco, hecho de papel timbrado, y sus ruedecitas dentro, que la hacían andar como si fuese una cosa viva. Los viejos progresistas colgaron el morrión de los días heroicos, sin percatarse de que en él se quedaba todo el espíritu, de que no había salido, de que allí dentro se quedaba su ídolo, su dios, la libertad, de la cual sólo la cáscara, sólo la camisa, sólo la apariencia externa, había pasado a la Gaceta; semejante a lo que sucede en los cuentos de hadas a aquella princesa encantada a quien un Merlín vengativo transformó en paloma, la cual vuela incesantemente en torno del castillo, dejándose coger y acariciar todas las tardes de los señores de él, bien ajenos de sospechar que en aquella avecilla doliente que lanza sus tristes arrullos por almenas y fosos está su hija, tan llorada, y que todo el secreto consiste en un alfiler que le clavó en la cabeza el cruel encantador por cuenta de un príncipe desdeñado; hasta que al cabo de años el secreto se descubre, y le arrancan a la paloma el alfiler, y al punto, disipado el hechizo, la paloma se transfigura, reapareciendo la princesa más hermosa que nunca, y el castillo arde en fiestas y en torneos y en luminarias… como arderá en fiestas España el día que se arranque al morrión de Sagasta el alfiler, que es el cacique, y aparezca, batiendo sus alas de cielo, derramando alegría, vida y abundancia, la santa, la verdadera libertad que quedó allí encantada y que no hemos conocido todavía.

Primeras páginas del texto de Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, escrito en 1901

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