El retorno de la agenda social catalana

Previamente a la apertura del proceso soberanista, los recortes en servicios públicos impulsados por el gobierno de Artur Mas provocaron una fuerte contestación social como se demostró con el cerco al Parlament del movimiento del 15M y la histriónica entrada del president de la Generalitat en la cámara catalana, dos huelgas generales que tuvieron un masivo seguimiento en Catalunya, así como las grandes movilizaciones de los afectados por los recortes, especialmente en enseñanza y sanidad.

 

El giro soberanista de la antigua Convergència y la puesta en marcha de la hoja de ruta independentista apartó de la agenda pública estas cuestiones sociales y la política catalana se vio monotemáticamente centrada en el eje nacional y en el ascenso del conflicto entre las administraciones central y autonómica, y en el interior de la sociedad catalana entre partidarios y contrarios a la secesión. El movimiento independentista trató de vincular ambas cuestiones, insistiendo machaconamente que se promovía la secesión no por motivos únicamente identitarios, sino como el instrumento para solucionar los graves problemas sociales del país, ante la falta de recursos de la Generalitat y el supuesto drenaje de recursos hacia el resto de España. Un argumentario que se concentró en la famosa consigna de Espanya ens roba.

Este planteamiento obtuvo un notable éxito entre las clases medias, base social del movimiento independentista, a despecho de los escándalos de corrupción que se sucedieron sin solución de continuidad en el ámbito convergente, cuyo emblema fue la confesión de Jordi Pujol pero también los casos Palau, tres por ciento, Innova o Prat, éstos dos últimos que afectaron de lleno al presidente del Institut Catalán de Salut (ICS) que gestiona la sanidad pública catalana. Ello, a pesar de las manifestaciones de Artur Mas, que defendió los recortes, jactándose de ser un discípulo aventajado de las políticas de austeridad dictadas desde la Unión Europea, incluso con más determinación que Mariano Rajoy. Aquí resulta imprescindible evocar las declaraciones del conseller Santi Vila, quien en un alarde de sinceridad reconoció en diciembre de 2014 que uno de los principales objetivos del procés era justamente redirigir, con un proyecto “mínimamente ilusionante”, el malestar social provocado por los recortes: “Si este país no hubiera hecho un relato en clave nacionalista ¿cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?”

Así pues, no resulta extraño que ahora, cuando el proceso soberanista está en vía muerta, reaparezcan las graves cuestiones sociales que estaban, por así decirlo, tapadas por dicho proceso. Prueba de ello son las huelgas masivas del personal sanitario de la asistencia primaria y de los estudiantes y profesores en el conjunto del sistema educativo, a las que se han sumado otros colectivos de trabajadores públicos como los bomberos o servicios sociales con el objetivo de revertir los recortes padecidos por estos servicios públicos que constituyen el fundamento de nuestro raquítico Estado del Bienestar.

Ejes de dominancia

La ausencia de respuesta del ejecutivo catalán, con el clamoroso silencio del president Quim Torra tras cuatro días de huelga de médicos, ante estas movilizaciones, pone de relieve que este gobierno no está concebido para gestionar los conflictos sociales, sino para mantener la tensión e intentar prolongar agónicamente el proceso soberanista, a la espera de que una dura sentencia judicial relance las movilizaciones independentistas.

En este sentido, resultan paradigmáticas las declaraciones de Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya y hombre de la máxima confianza de Carles Puigdemont, quien manifestó que discutir sobre las listas de espera en la sanidad catalana no es esencial –son unas “migajas”– sino que la “resolución real del problema” pasa por la autodeterminación, en la línea del denominado “independentismo mágico”, según el cual la mera existencia de un Estado propio sería la panacea que resolvería por arte de magia todos los graves problemas que afectan al país. Unas declaraciones que han provocado una enorme indignación entre los profesionales y usuarios de la sanidad pública catalana.

En otro orden de cosas, estas movilizaciones complican la negativa de PDECat y sobre todo de ERC a apoyar los Presupuestos del Estado que contemplan una mejora de los recursos económicos destinados la Generalitat. Será difícil argumentar que no se pueden mejorar las dotaciones de los servicios públicos por culpa del gobierno de Madrid y al mismo tiempo rechazar los fondos adicionales que éste quiere destinar al país.

Así pues, el relanzamiento de las movilizaciones sociales indica el agotamiento del discurso independentista y apunta a una redirección en el eje de dominancia de la agenda política catalana que parece retomar la cuestión social allí donde se dejó, en el 2012, con el arranque del proceso soberanista.

 

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